close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Las guerrillas y las graves violaciones a los derechos humanos
¿Fueron los grupos insurgentes en México responsables de la perpetración de graves violaciones de derechos humanos durante la citada Guerra Sucia? ¿Es posible que personas particulares vulneren derechos humanos?
Por Paula Cuellar Cuellar
11 de octubre, 2019
Comparte

Tras las declaraciones del exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, Pedro Salmerón, considerando “valientes jóvenes” a quienes dieron muerte al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, es viable preguntarse si deberían ser analizados los actos perpetrados por las guerrillas mexicanas por una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica para México. A diferencia de otros países latinoamericanos en los que hubo conflictos armados o dictaduras militares, en el territorio nacional -bajo un manto de aparente democracia- se desató un período de represión gubernamental a partir del cual se perpetraron graves violaciones de derechos humanos cuyos efectos continúan vigentes, y de las que los grupos subversivos no se encuentran para nada ajenos. Por ello, acá se plantean dos escenarios para el análisis: las guerrillas como víctimas, por un lado, y como victimarias, por el otro.

Respecto a las guerrillas como víctimas, es imposible negar que entre sus integrantes hubo quienes sufrieron múltiples atrocidades durante la llamada Guerra Sucia. Una de estas recientemente conocida: Martha Alicia Camacho Loaiza, exmilitante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue torturada por militares en 1977 y a quien la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le ofreció una disculpa pública. También se encuentra el caso de Aurora de la Paz Navarro del Campo, desaparecida por agentes del Estado en 1976, cuyo caso está pendiente ante los tribunales de justicia. Finalmente, se encuentran los numerosos crímenes cometidos durante ese período contra cualquier forma de organización popular, estudiantil, religiosa, indígena u otros grupos con ideas progresistas que buscaban el cambio de las estructuras políticas y sociales. Como consecuencia se produjeron múltiples actos contrarios al derecho tales como la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, la matanza de Chilpancingo en 1960, la masacre de Tlatelolco en 1968 y la masacre de Corpus Christi en 1971, por nombrar algunos hechos.

Al analizar a las guerrillas como victimarias, la situación se vuelve más compleja. ¿Fueron los grupos insurgentes en México responsables de la perpetración de graves violaciones de derechos humanos durante la citada Guerra Sucia? ¿Es posible que personas particulares vulneren derechos humanos? ¿Por qué es importante conocer la verdad en estos casos?

A las agrupaciones subversivas mexicanas se les atribuye, por mencionar algunos hechos, los asesinatos de Fernando Aranguren y Eugenio Garza Sada cometidos por la Liga Comunista 23 de Septiembre, el secuestro de Rubén Figueroa a manos del Partido de los Pobres, así como la ejecución de Florentino Ibarra realizada por el Grupo Popular Guerrillero. Por lo tanto, indudablemente, las guerrillas mexicanas sí llevaron a cabo actos contrarios al orden jurídico.

Tal como lo han afirmado las comisiones de la verdad en América Latina desde sus inicios, los actos criminales atribuidos a determinados particulares ‒en este caso, integrantes de grupos insurgentes‒ sí constituyen graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile señaló que ello obedecía a que existen una serie de valores de la humanidad que deben ser respetados por todos los actores políticos y no únicamente por el las autoridades estatales, ya sea en contextos de guerra o de paz.

Por lo anterior, sí es importante conocer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las guerrillas. Sin embargo, no se deben igualar a los cometidos por el Estado, pues hay que subrayar que la responsabilidad primordial de velar por los derechos humanos recae sobre este último. Y es que, además, en México sería inconcebible argumentar que es aplicable la “teoría de los dos demonios”. Según la misma, los actos de violencia y terrorismo perpetrados por las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar en Argentina instaurada entre 1976 y 1983, fue la respuesta a los actos cometidos por las organizaciones guerrilleras de ese país tales como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esta teoría ‒bastante cuestionada en dicho país‒ no justifica, en ningún momento el terrorismo planeado, ejercido y sistematizado desde los sectores de poder.

Hay que recordar las palabras de Ernesto Sábato en el prólogo del informe de la entidad argentina encargada de esclarecer la verdad, denominada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Con relación al uso ilegal e ilegítimo de la fuerza estatal, este autor manifestó que “en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: ‘Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura’”. Y es que, para estos efectos, la idea que no hay que olvidar es que es el Estado quien está obligado a respetar y a garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan su territorio, y a no vulnerarlos bajo ningún supuesto.

Las comisiones de la verdad han jugado un rol muy importante en la develación del papel de los grupos guerrilleros dentro de períodos de violencia desbordada. Por ejemplo, están las de Guatemala, El Salvador y Chile, las cuales, en sus respectivos informes, atribuyeron a los grupos armados insurgentes alrededor de un 3 % de las infracciones al orden jurídico cometidas en el marco de sus conflictos armados y regímenes dictatoriales. No obstante, en cuanto a las responsabilidades del Estado en materia de vulneración de derechos humanos y perpetración de crímenes internacionales, estos entes han establecido ‒en la generalidad de los casos‒ mayor culpabilidad por parte de las autoridades estatales en su perpetración.

La verdad que debe establecer una comisión de la verdad tiene un fin preciso y determinado: honrar la memoria de las víctimas y dignificarlas, independientemente de su estatus o militancia. Sin embargo, también tiene otra función: la de contribuir al esclarecimiento global de lo ocurrido durante un determinado período de tiempo, a efecto de impedir que exista una memoria social contradictoria o dividida sobre aquellos hechos que significaron la transgresión de normas éticas y legales de carácter absoluto. En otras palabras, una comisión de la verdad tiene como finalidad esencial y principal la de ayudar a que una sociedad comprenda, reconozca y asuma una historia negada o puesta en tela de juicio por quienes ‒de una manera u otra‒ fueron responsables de las atrocidades.

No es admisible, de ninguna forma, exaltar las acciones ejecutadas por parte de las guerrillas. Pero tampoco es válido, en ningún momento, referirse a los agentes estatales que cometieron terribles crímenes como “héroes defensores de la democracia”. Se deben señalar y condenar dichas responsabilidades en los cuales hubo excesivo y desproporcionado uso de la fuerza ilegal para reprimir movimientos guerrilleros. Si bien estos también vulneraron derechos humanos, ese actuar ‒también condenable‒ nunca podrá ser equiparado al desplegado por el Estado.

Todo lo anterior debe ser conocido y esclarecido por un ente independiente, imparcial y autónomo como una comisión de la verdad, pues la reconciliación individual y colectiva son los primeros pasos para la reconciliación social. Como dice un poema maya recogido en el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, “Todo esto pasó entre nosotros”. Por ello, entre nosotros debe resolverse.

* Paula Cuellar Cuellar (@pauscuellar) es investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (@imdhyd).

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.