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Las ocurrencias legislativas ponen en riesgo a periodistas y personas defensoras de derechos humanos
La propuesta de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pretende desaparecer todas aquellas medidas y candados que permiten que el manejo de recursos a través del fideicomiso sean transparentes.
Por Jorge Israel Hernández, Pablo Romo Cedano y Edgar Cortez
22 de mayo, 2020
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No todas las violencias en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos son físicas. El condicionamiento y la vulnerabilidad al ejercer el periodismo y la defensa y promoción de los derechos humanos en México son resultado del abandono, la omisión estatal, e incluso, la apatía social. Ante la orfandad de defensores y periodistas, la corresponsabilidad debe ser colectiva.

En las horas recientes esta violencia se manifestó a través de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Las modificaciones planteadas en la iniciativa pretenden desaparecer todas aquellas medidas y candados que permiten que el manejo de recursos para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a través del fideicomiso, sean transparentes, con la supervisión de un órgano colegiado y con la participación activa de un representante de la sociedad civil o de la academia. En resumen, lo que plantea la iniciativa, en relación a este fondo que por Ley debe dedicarse única y exclusivamente a generar medidas de protección para defensores, defensoras y periodistas en riesgo, es la opacidad y discrecionalidad.

No exageramos al señalar que, de aprobarse, esta iniciativa es una expresión de violencia en contra de defensoras, defensores y periodistas que el propio Estado mexicano está obligado a erradicar. El Mecanismo de protección (medida extraordinaria que responde a una situación extraordinaria) debe ser fortalecido no debilitado. El Fideicomiso es una herramienta indispensable para garantizar las medidas de proyección, abierta al escrutinio público y de la Junta de Gobierno del propio mecanismo.

El trabajo libre de violencia de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es condición irrenunciable de cualquier sociedad que se precie de gozar de dinámicas democráticas. La sociedad en su conjunto estamos obligados a dar seguimiento puntual a lo que sucede en el Mecanismo, que surge como exigencia de la sociedad civil y organismos internacionales ante la indolencia del andamiaje ordinario Estatal (PGR, CNDH, gobiernos y fiscalías estatales, etc), defender su funcionamiento y exigir que las autoridades en el andamiaje ordinario cumplan con su mandato.

Las medidas legislativas para modificar el marco normativo que regula al Mecanismo no son necesarias, lo que es urgente es la generación de una política pública integral de protección que coordine al andamiaje estatal ordinario, hasta hoy omiso, que debería garantizar que periodistas y defensores cumplan en seguridad su trabajo cotidiano.

Quienes suscribimos esta reflexión, hemos trabajado en la defensa y protección de la vida de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, vemos con gran preocupación esta Iniciativa. El fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y. periodistas fue creado el 25 de junio de 2012 con el objetivo de “destinar recursos económicos exclusivamente para la implementación operación de las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección (…) que garanticen la vida, la integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la Ley” (DOF 05/11/13).

Si bien la operación del Mecanismo ha tenido grandes vicisitudes, el fideicomiso ha garantizado que se proteja la vida de cientos de personas defensoras y periodistas en los últimos 7 años. Hasta abril de este año, los fondos del fideicomiso permitían garantizar las medidas de protección para más de mil 169 personas beneficiarias, a través de 8 mil 785 medidas de protección a personas, organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas.

En México matan periodistas porque se puede. La protección de las personas defensoras y periodistas es continua y no puede depender de ejercicios fiscales.

* Jorge Israel Hernández (@jorgeisraelh), Pablo Romo Cedano (@PabloRomoC) y Edgar Cortez (@EdgarCortezm) son exintegrantes de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo del Mecanismo.

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