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Las reformas regresivas
Si efectivamente el poder Ejecutivo federal presenta una propuesta de reforma constitucional que debilite los órganos constitucionales autónomos como el INAI y el IFAI, al subsumirlos en otros poderes, será una reforma cuyo contenido violente el texto y el espíritu de la Constitución.
Por Sergio López Menéndez
3 de mayo, 2021
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En la vasta tradición del derecho constitucional hay una longeva discusión -nacida con la aparición del Estado liberal y de la idea de que los derechos fundamentales son uno de los dos pilares esenciales para acotar al poder. El otro es la división de poderes- sobre la permanencia e inmovilidad de los preceptos constitucionales. ¿Cuándo y hasta dónde pueden reformarse las constituciones, esos textos fundamentales que establecen la forma de gobierno, las autoridades encargadas de la gestión del Estado y del inicio de las leyes, los principios y valores supremos de la sociedad, así como los derechos y libertades que las personas pueden oponer y exigir frente a las autoridades?

Las reformas de los órganos constitucionales autónomos que ha anunciado el presidente López Obrador -si bien ha dicho que estos cambios serán de carácter administrativo, no imagino que puedan tener ningún impacto o viabilidad sin afectar el texto o el espíritu de lo que establece la Constitución-, vale la pena aquilatarlas en su impacto antidemocrático y regresivo.

Los órganos constitucionales autónomos que más perturban las intenciones autoritarias del presidente y de los grupos parlamentarios de Morena y partidos afines en el Congreso de la Unión son el INE y el INAI -agregue si quiere a la Auditoría Superior de la Federación-.

Ambos órganos tienen un asidero en la Constitución y un devenir parecido. Es importante recordarlo para comprender que el argumento lopezobradorista de que ambos responden a intereses ajenos al interés general y de que privan de funciones esenciales al Estado es enteramente falaz.

Hagamos cuentas: tanto el IFE-INE como el IFAI-INAI surgieron de la constatación de que el gobierno federal no lograba realizar esas funciones: ni conseguía organizar procesos electorales creíbles ni buscaba o lograba transparentar su gestión o proteger datos personales. La evidencia de esa incapacidad institucional se obtuvo a lo largo de muchos años, de varias administraciones presidencialistas que concentraban las funciones y decisiones como hoy pretende volver a hacerlo el lopezobradorismo. Fue justo por eso y gracias a los reclamos de la oposición (en la que se encontraban muchos de los hoy lopezobradoristas) que México optó por reconocer que algunas funciones esenciales del Estado deben otorgarse a órganos autónomos, separados del Poder Ejecutivo -o del Judicial, fácilmente capturable en un régimen presidencialista-, pero obviamente partes integrantes del Estado mexicano.

Hay que ver el antes y el después de esas reformas legales y constitucionales que llevaron a la creación del IFE-INE e IFAI-INAI para garantizar adecuadamente derechos humanos específicos.

Después de varias décadas de procesos electorales que sólo servían para legitimar jurídicamente el triunfo del candidato del partido hegemónico, y a través de sucesivas reformas exigidas por la oposición, logramos tener un padrón electoral escrutado por todos los partidos políticos, funcionarios de casilla doblemente insaculados encargados de contar los votos, tuvimos credenciales para votar que impiden que una persona vote más de una vez, tuvimos transparencia en los conteos pues cada casilla hace su recuento de votos y pega a la vista de todos sus resultados, por citar sólo algunas de las enormes e importantes funciones del INE. Nada de esto lo teníamos cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones.

En el caso del IFAI-INAI y del derecho de acceso a la información, la cosa no era mejor: cuando en 1996 Alianza Cívica le preguntó a Ernesto Zedillo cuánto ganaba y cómo estaba organizada la Oficina de la Presidencia, ésta respondió que la sola pregunta sobre el sueldo del presidente era “infamante” para la investidura presidencial. Alianza Cívica se fue al amparo y al cabo de dos años el Poder Judicial le dio la razón: la Presidencia de la República le tenía que contestar algo que hoy todos sabemos y podemos consultar en Internet, gracias a que existe una ley de acceso a la información y a que hay un órgano (el INAI) que la hace cumplir. Más aún: la experiencia mexicana fue de enorme importancia para que la Organización de Estados Americanos (OEA) elaborara una ley modelo de acceso a la información que recomienda a todos los Estados de la región contar con un órgano garante con personalidad jurídica propia, autónomo, independiente, especializado, imparcial y dotado de capacidad sancionatoria en el marco de sus competencias. Antes de la creación del IFAI en 2002, la protección de datos personales ni siquiera pintaba.

El artículo 1º. de la Constitución establece que los derechos humanos deben protegerse y garantizarse de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir: en materia de derechos humanos no podemos ir en reversa. Los recursos que invierte el Estado mexicano para su protección y garantía siempre deben robustecerlos y nunca debilitarlos. Ese mismo artículo constitucional le advierte a todas las autoridades mexicanas que las normas relacionadas con derechos humanos (como lo son votar y ser votados, acceder a información pública y gozar de protección para los datos personales), deben interpretarse de conformidad con los “tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Tenemos, pues, que el recorrido histórico de nuestras instituciones para realizar la ardua tarea de garantizar derechos humanos demuestra que en México la autonomía es una condición necesaria para su progreso y normalización. La autonomía ha sido resultado de un esfuerzo colectivo para salvar las deficiencias de nuestros poderes clásicos (el ejecutivo y el judicial, en este caso) para realizar con eficacia, especialización e imparcialidad las funciones que hoy tienen los órganos autónomos.

También es cierto que nuestra Constitución es clara respecto de la trascendencia que otorga a ambas instituciones (el INE y el INAI) y a su impacto para nuestra vida democrática. Desbaratarlas, diluirlas, abaratarlas o cooptarlas irá en contra de los derechos de cada uno de nosotros que esas instituciones hoy protegen y garantizan. Y no sólo eso: también irá en contra de la convencionalidad interamericana y de las mejores prácticas internacionales, que en ningún lado dicen que la austeridad sea un camino para proteger derechos y libertades.

Si efectivamente el poder Ejecutivo federal presenta una propuesta de reforma constitucional que debilite estos órganos al subsumirlos en otros poderes, será una reforma cuyo contenido violente el texto y el espíritu de la Constitución, pues en un régimen democrático son los derechos humanos y su efectiva garantía la primera finalidad del Estado.

* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).

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