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Las renuncias obligadas de mujeres a sus cargos y al poder
Es difícil creer que una persona que gana una postulación interna por algún partido político, invierte tiempo y recursos económicos en un proyecto, hace campaña,  y finalmente consigue el apoyo del electorado, decida posteriormente renunciar a todo ese trabajo. Detrás de estas decisiones —sin duda alguna— operan reglas informales que se explican por las desigualdades de género.
Por Marisol Vázquez Piñón
12 de enero, 2022
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En México una de las prácticas más evidentes y constantes de violencia política en razón de género (VPMG) es la renuncia forzada de mujeres que resultan electas a un cargo de elección popular. Un intento de los hombres para ocupar el cargo vacante. Los casos más vergonzosos y burdos de estas prácticas fueron los de diputaciones a nivel federal en 2009, así como las renuncias de mujeres en Chiapas en 2018 y Oaxaca en 2019, esto cuando ya se había aprobado la paridad. Presidentas municipales, síndicas y diputadas locales han presentado sus renuncias al cargo que ganaron en las urnas, todas en circunstancias por decirlo menos, sospechosas.

A nivel federal, una vez que se instaló la LXI Legislatura del Congreso de la Unión en San Lázaro (2009), nueve mujeres solicitaron licencia para ausentarse del cargo y dejaron su lugar a los suplentes hombres. Llama la atención que los suplentes eran familiares de las mujeres que renunciaron, u hombres cercanos a líderes políticos, lo que hace suponer que se trató de acuerdos previos y no de eventos fortuitos. Distintos grupos sociales, instituciones y sociedad civil manifestaron su rechazo, pues se trataba de una evidente violación a la ley electoral que en ese entonces exigía cuotas, producto de una larga lucha de las mujeres por tener mayor representación. Las diputadas nunca explicaron las razones para la renuncia, sólo dejaron de asistir a las sesiones del congreso y acumularon las faltas necesarias para ser cesadas del cargo.

Derivado de este caso, se implementaron mecanismos diseñados para evitar esta práctica: si la candidata propietaria es mujer, su suplente tiene que ser del mismo sexo. Sin embargo, el fenómeno se repitió en Chiapas en 2018, cuando más de 60 mujeres abandonaron los cargos de regidurías, presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones de representación proporcional. Llama la atención que en estos casos las renuncias eran de la fórmula completa, tanto de la propietaria como la suplente. Es más, para que no hubiera mujeres a las cuales se pudiera asignar los cargos, se presentó la renuncia de todas en la lista para diputaciones de representación proporcional. Es importante hacer notar la sofisticación en la simulación. Dos consejeras del Instituto Electoral Local de Chiapas, Blanca Parra Chávez y Laura León Carballo, alertaron sobre las renuncias, lo que inmediatamente tuvo eco en el INE, organizaciones defensoras de los derechos políticos de las mujeres y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Derivado de la movilización y rechazo, hubo mujeres que desistieron de las renuncias y en el caso de las diputaciones de representación proporcional, estas fueron asignadas a otro partido político que sí contaba con mujeres en su lista.

En tanto, el primero de enero de 2019 en Oaxaca, diversos medios de comunicación reportaron la renuncia de cinco presidentas municipales a su cargo, algunas a pocos minutos de haber tomado protesta. Los propios miembros de los ayuntamientos alertaron al Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca y a las Asociaciones Civiles sobre estas renuncias. En tres municipios renunciaron tanto la propietaria como la suplente, en los otros dos presentó la renuncia sólo la propietaria y en uno más el bastón de mando (símbolo de autoridad en las comunidades indígenas) le fue dado al Síndico (quien era esposo) y no a la presidenta municipal. Llama la atención que en todos los casos sería el Síndico Municipal quien ocuparía el cargo de la presidencia.

Es difícil creer que una persona que gana una postulación interna por algún partido político, invierte tiempo y recursos económicos en un proyecto, hace campaña,  y finalmente consigue el apoyo del electorado, decida posteriormente renunciar a todo ese trabajo. Detrás de estas decisiones —sin duda alguna— operan reglas informales que se explican por las desigualdades de género.

En una investigación que realicé el año pasado sobre la VPMG en los municipios de Oaxaca que eligen autoridades por partidos políticos, entrevisté a mujeres que habían enfrentado este tipo de violencia, y gracias a ello fue posible constatar que las renuncias operan por dos vías: una de ellas es con su conocimiento, las mujeres saben que tendrán que renunciar al cargo en la primera sesión del cabildo o primeras sesiones del Congreso, porque ese es el acuerdo que realizaron de manera previa cuando les “ofrecieron” la candidatura. La segunda es por obligación, a través de actos violentos y amenazas les exigen dejar esas posiciones. En ambos escenarios permean las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres en la política, es decir en ambos hay violencia política en razón de género.

A pesar de la aprobación de la paridad en 2014 y de su transversalización en 2019, es evidente que los partidos políticos siguen siendo instituciones atravesadas por los mandatos de género que reproducen la desigualdad y obstaculizan a las mujeres el ejercicio  de poder a través de los cargos públicos, violando así su derecho humano al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

El fenómeno de las renuncias de mujeres ha estado presente sobre todo en los cabildos municipales, donde también existe el mayor número de casos registrados de VPMG, esto de acuerdo con el  Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 134 casos de los 169 totales corresponden a los municipios. Las presidencias municipales también son los espacios donde persisten los sesgos en la representación más importantes, en 2022 sólo el 26.2 de los municipios tendrán una presidenta mujer (INE diagnóstico de paridad 2021), por lo que sin lugar a dudas, este es un espacio territorial donde se deben implementar acciones puntuales para identificar las trabas que tienen las mujeres para llegar a dichos espacios.

En las postulaciones, los partidos políticos aparentemente cumplen con la paridad en las dimensiones horizontal, vertical y alternancia, y respetan la igualdad de jure; sin embargo, una vez en el cargo, se llevan a cabo “arreglos” para modificar los cargos que cada persona de la planilla ejercerá, con el fin de garantizar sus intereses en detrimento de los derechos políticos de las mujeres.

Hay que mencionar que este fenómeno de las renuncias es avalado muchas veces por las propias instituciones del estado mexicano, secretarías de gobierno que saben de las renuncias de mujeres, las aceptan sin investigar y expiden nuevos nombramientos; funcionariado que se sienta a negociar con las personas que ocupan el cargo en lugar de las mujeres electas; instancias que otorgan los recursos económicos a las personas que asumen estos espacios en lugar de las mujeres. También es una práctica que es tolerada por las propias comunidades, quienes ya saben que ocurrirán estos cambios, que en realidad quien ejercerá el cargo es otra persona, esto también nos habla de lo normalizado que está socialmente el hacer trampa en detrimento de los derechos humanos de las mujeres.

El pasado 4 de enero de 2022, la historia se repitió, a la alcaldesa de Amanalco de Becerra, en el Estado de México, se le impidió ingresar a Palacio Municipal, de acuerdo con la denuncia el síndico fue el encargado de organizar un grupo de personas que violentó su derecho a ejercer el cargo que ganó en las urnas, demostrando así que aún estamos lejos de tener una democracia paritaria donde las mujeres puedan ejercer el cargo libres de violencia.

A pesar del panorama, existen algunas acciones que se pueden realizar para erradicar estas prácticas, menciono por lo menos tres. La primera tiene que ver con campañas de comunicación donde se promueva la denuncia de estos casos, se identifique como una acción que constituye violencia política contra las mujeres y le den a las mujeres electas herramientas para poder denunciar en caso de encontrarse en esta situación. La segunda tiene que ver con el trabajo de instancias como los Observatorios de Participación Política de las Mujeres, tanto los locales como el nacional, que deben ser vigilantes de corroborar que las 498 mujeres electas como presidentas municipales, las 1,409 síndicas y las 7,079 regidoras  asuman el cargo a plenitud y lo hagan en espacios libres de violencia. Finalmente, debe existir también un seguimiento de la ciudadanía, si tú en las pasadas elecciones votaste por una mujer y está ganó el cargo asegúrate de que lo está ejerciendo, de no ser así denuncia. En este compromiso los medios de comunicación también son piezas clave para identificar nuevos casos y estudiar cómo operan. El objetivo es uno: que la paridad no sea una simulación, que las mujeres puedan participar en la política y tengan voz y agenda pública, en pocas palabras, tener una democracia real y funcional donde todas las personas puedan participar.

* Marisol Vázquez Piñón (@solivazquez) es Politóloga por la UNAM, Maestra en Políticas Públicas y Género en FLACSO, feminista, Subdirectora en la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Instituto Nacional Electoral.

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