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Lo que la pandemia nos dejó en temas alimentarios
El problema de la disponibilidad de los alimentos durante esta pandemia, e incluso anterior a ella, nos lleva a reflexionar sobre si se trata de un problema de abastecimiento o de precios. En cualquiera de estas situaciones claramente se vulnera el derecho a la alimentación de las personas.
Por Marisol Galicia
16 de octubre, 2021
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Al inicio de la pandemia se especulaba acerca de su impacto en la economía del país y en la población. En los primeros meses del año pasado comenzó a ser evidente el desempleo y la disminución en los salarios. Sin embargo, había poca información que permitiera conocer con mayor certeza la situación de los hogares mexicanos, dado los lineamientos de prevención emitidos por el gobierno que dificultó la realización de encuestas y/o entrevistas de forma presencial; aún hoy en día los datos recolectados en el último año siguen siendo escasos, por lo que es difícil conocer el grado de afectación en diferentes ámbitos dentro de los hogares, entre ellos los relacionados con la alimentación.

En México el tema de salud nutricional ha sido complejo incluso antes de la pandemia. En los últimos años han aumentado las cifras de personas con obesidad, al igual que los porcentajes de desnutrición. Estas tendencias muestran los problemas en la dieta de los mexicanos, que se preveían podían empeorar con la situación actual. Por ello, y en el marco del proyecto Siembra Desarrollo. Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) realizó una encuesta a la población de Puebla y Tabasco con el objetivo de conocer los impactos de la pandemia en la alimentación de los hogares; la cual se implementó durante los meses de diciembre 2020 y enero del 2021, justo en la segunda ola de contagios por COVID-19.

A partir de los datos obtenidos se encontró que la alimentación de la población se deterioró. El 49 % de los habitantes de Tabasco y el 48.9% de Puebla presentan inseguridad alimentaria de moderada a grave, es decir, que no han podido conseguir alimentos adecuados, se han saltado comidas e incluso han dejado de comer todo un día. La gravedad de esta situación se observa cuando comparamos estas cifras con las presentadas por el CONEVAL en el 2018, en donde los porcentajes eran de 45% y 20% para Tabasco y Puebla, respectivamente. Los territorios rurales fueron más afectados que los urbanos. Además, se observó que las mujeres presentaban un porcentaje de inseguridad alimentaria mayor que los hombres. La situación en los demás estados del país no parece alejada a lo reflejado en estas dos entidades, de acuerdo con los resultados presentados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – Continua Covid-19.

Entre las causas de este aumento en la inseguridad alimentaria se encuentra la pérdida de ingresos de los hogares, 7 de cada 10 hogares mencionó que uno de sus miembros se quedó sin empleo. Este dato coincide con lo informado por INEGI en su boletín de enero sobre el empleo de diciembre. Para enfrentar está carencia de ingresos el 64% de los hogares usó sus ahorros y 25 % vendió algunos de los bienes de sus hogares. El no contar ya con estos recursos, coloca a las familias en una situación de vulnerabilidad, ya que ante una emergencia no tendrá la posibilidad de solventarla económicamente.

A pesar de la venta de bienes y uso de sus ahorros, los ingresos mensuales de los  hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza, como también lo ha reportado CONEVAL referente a que cerca del 50% de la población nacional tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza. Para adquirir una canasta básica de alimentos actualmente se necesita aproximadamente un ingreso mínimo mensual de $ 7,120 en zonas urbanas y $ 5,136 en zonas rurales solo para satisfacer las necesidades básicas de alimentación de una familia de 4 integrantes, si bien este es el promedio de integrantes de un hogar mexicano, no podemos pasar por alto que existen familias conformadas por un número mayor de integrantes.

Lo anterior condujo a una modificación en los patrones de compra de los hogares, quienes optaron por disminuir el consumo de ciertos grupos de alimentos, principalmente de carne, seguido de frutas y verduras. Cuantificar la reducción en las raciones de los alimentos, así como los cambios en las dietas son incógnitas que merecen ser analizadas con el fin de estimar el impacto de la pandemia en la salud nutricional. Otras preguntas que surgen ante las respuestas de familias que no disminuyeron sus compras en alimentos son relacionadas a la calidad y preparación de los alimentos que consumieron, ya que también influyen en la satisfacción de las necesidades de cada miembro del hogar.

El problema de la disponibilidad de los alimentos durante esta pandemia, e incluso anterior a ella, nos lleva a reflexionar sobre si se trata de un problema de abastecimiento o de precios. En cualquiera de estas situaciones claramente se vulnera el derecho a la alimentación de las personas. De acuerdo con los datos de la encuesta no se percibió desabasto de alimentos en ninguna de las entidades, por lo que la disminución en el consumo de alimentos se debe en gran medida a cuestiones económicas que limitan su acceso; además de la falta de ingresos suficientes, los alimentos como el huevo, frijol, azúcar y leche presentaron un aumento de precios, solo por mencionar algunos ejemplos que conforman la canasta básica de las familias.

En la información recabada se puede observar una reducción de la compra en supermercados y en la producción para consumo propio, en contraste con un aumento en la adquisición de alimentos en tiendas locales. Además de mostrar un incremento en las compras a domicilio de los alimentos. Entre los criterios para elegir el lugar de compra se mencionaron como muy importantes la implementación de las medidas sanitarias, que los alimentos sean frescos y la producción agroecológica o sin químicos. Los cambios presentados nos remiten a pensar en las cadenas cortas de comercio como estrategia para disminuir los costos de los alimentos y apoyar a los pequeños productores de la región.

La inclusión de las tecnologías de la información frecuentemente aparece como una solución a los problemas de comercio de los pequeños productores. Si bien, se conocen casos de éxito al incorporar el comercio en línea a través de aplicaciones especializadas o incluso por medio de las redes sociales como medio de acortamiento de cadenas, brindando un intercambio directo entre consumidor y productor, habrá que evaluar el beneficio de esta modalidad. Lamentablemente, no todos los pequeños productores o consumidores pueden acceder a esta tecnología, ya sea por cuestiones de infraestructura o desconocimiento de su uso. Para que sea accesible a los productores y consumidores, el fortalecimiento de capacidades es importante para evitar incrementar la desigualdad entre los pequeños productores.

Aunque todavía no es posible saber cuándo se superarán los efectos negativos que trajo consigo la pandemia, como es el aumento de inseguridad alimentaria y los problemas de salud que derivan de ella, la generación de datos ayuda a identificar los elementos que permitieron a la población enfrentar situaciones de incertidumbre y crisis. Por ejemplo, la ayuda de familiares y amigos constituyó una red de apoyo para las familias, tanto en términos económicos como alimentarios, la cual fue mayor que las acciones del gobierno, local y federal, de acuerdo con la percepción de la población. De esta manera, es posible impulsar y fortalecer aquellos elementos benéficos, como son las relaciones comunitarias, en donde hay una oportunidad de trabajar en el fortalecimiento del tejido social, dada la coyuntura actual. Mientras se buscan minimizar aquellos que los vuelven más vulnerables, como es la falta de acceso a la información en temas de alimentación o en el desconocimiento de las tecnologías de la información.

De ahí la importancia de continuar con el monitoreo de los cambios que se presentan a nivel territorial de los hogares y que sean retomados para evaluar y/o proponer acciones gubernamentales y desde la sociedad civil de manera conjunta, porque el problema de la alimentación en nuestro país es multidimensional y no se enfoca solo a un tema de salud, si no que incluye aspectos económicos y culturales. Además de la difusión de estos análisis a la población en general, para que la información sirva en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las sociedades ante situaciones adversas.

Finalmente, el COVID-19 nos ha dejado en medio de una situación económica crítica que hace aún más difícil cubrir las necesidades alimentarias de las familias, especialmente aquellas que son más vulnerables, limitando su derecho a una alimentación digna. Pero también nos ha dejado aprendizajes que nos permitirá enfrentar de mejor manera situaciones similares en un futuro. Superar los problemas actuales requerirá de mayores esfuerzos destinados a la accesibilidad de alimentos de calidad para toda la población y con precios justos para los productores. No sólo se trata de crear nuevas fuentes de empleo, sino que vaya acompañada de salarios que proporcionen bienestar a las familias, además de crear políticas públicas que alienten las circuitos cortos de comercialización y otras formas alternativas implementadas desde la sociedad civil.

* Marisol Galicia es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró en la investigación en campo para el proyecto “Políticas multinivel para el retorno y la (re) inserción de migrantes mexicanos y sus familias” coordinado por el Colegio de la Frontera Norte, cuyos resultados dieron origen al capítulo “Un acercamiento a la migración de retorno en dos comunidades del noreste de Guanajuato ¿Volver, para qué? escrito en coautoría como parte del libro La migración de retorno: Hacia una política de retorno de los migrantes mexicanos, en proceso de publicación.  Su publicación más reciente es el capítulo “Movilidades en torno a la vitivinicultura en Querétaro”, que forma parte del libro Persistencia y cambio en las dinámicas sociales y productivas (2021).  Actualmente es parte del equipo de investigación de RIMISP México en el proyecto Siembra Desarrollo Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19. El RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural es una red de articulación y generación de conocimiento, que trabaja para comprender las transformaciones del mundo rural y contribuir a la formulación de mejores estrategias y políticas para un desarrollo sostenible e inclusivo. Impulsando estrategias de transformación para la equidad territorial, basadas en una mejor comprensión de los desafíos que enfrentan los territorios rurales de la región. Redes sociales: Twitter: @Rimisp, Facebook: Rimisp, Instagram: Rimisp_latinoamerica.

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