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Lo único diferente es la popularidad, la estrategia es la misma
El presidente López Obrador dio por terminada la guerra en contra del crimen organizado, pero su administración inició otra que requirió el despliegue adicional de más de 10 mil elementos de las fuerzas armadas para proteger ductos, pipas e instalaciones estratégicas.
Por Blog Invitado
4 de marzo, 2019
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Por: Guillermo Vázquez del Mercado Almada (@gmovma)

Luego de casi tres meses de iniciar formalmente su administración, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador supera el 70 por ciento que, en cierta medida, ha llevado a continuar malas prácticas, como la militarización de la seguridad pública a través de su propuesta de Guardia Nacional, así como a realizar diversas afirmaciones en materia de seguridad que no son sustentadas por alguna evidencia o datos.

Una de las que me parece más compleja fue la que realizó durante la conferencia matutina del 30 de enero cuando, a la pregunta de un reportero sobre el término de la guerra contra el narco, el presidente de la República respondió: “No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos paz”. Esta declaración acompañó la explicación de su estrategia de seguridad que, de acuerdo con él, está centrada en reducir la violencia y homicidios y no en capturar grandes capos.

La declaración llama la atención por al menos cinco razones:

  1. El 2018 cerró con más de 31 mil homicidios, con incrementos en homicidios en 27 de 32 estados. Fue el año más violento de los últimos doce. La nueva administración va iniciando, pero justo por los niveles de violencia con los que arranca pareciera, por lo menos, apresurado decir que la guerra concluyó.
  2. A solo unos días de arrancar el nuevo sexenio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró que 50 mil elementos de las policías militar, naval y federal fueron desplegados en 150 regiones. En buena medida, siguiendo los pasos de las dos administraciones federal previas que emplearon un número similar de militares para combatir a las organizaciones criminales, tratar de contener la violencia y suplir las debilidades de las policías locales.
  3. Qué tendrían que interpretar los miembros de la sociedad y las organizaciones criminales en pugna como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa o bandas criminales como los Rojos o los Ardillos, ¿sus actividades criminales y violentas quedarán impunes?
  4. Pocos días después de la declaración, el gobierno federal envió 1,800 soldados, marinos y policías federales a Tijuana; 600 más a Ciudad Juárez, y 156 infantes de marina más desembarcaron, como en una versión pequeña de Normandía, desde uno de los buques de la Armada de México en las playas de Acapulco. Justo estas tres ciudades son las que mostraron desde el año pasado un repunte en homicidios resultado de enfrentamientos entre bandas criminales por el control del narcomenudeo y rutas de trasiego de droga. Si la guerra terminó, ¿cuál sería la razón de desplegar ese importante número de elementos y cuál sería su objetivo principal?
  5. Las acciones contra el robo de hidrocarburos iniciadas el pasado 27 de diciembre, en palabras del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, constituyen una declaración de guerra adicional “de no haberse iniciado al robo de combustible se corría el riesgo de perder PEMEX en los próximos cuatro años, por eso se mantiene esta lucha que se puede llamar guerra”.

Así pues, el presidente López Obrador dio por terminada la guerra en contra del crimen organizado, pero su administración inició otra que requirió el despliegue adicional de más de 10 mil elementos de las fuerzas armadas para proteger ductos, pipas e instalaciones estratégicas.

Bloqueos carreteros e incluso amenazas en contra del presidente de la República de las bandas criminales dedicadas a este delito en el Bajío, son solo algunos ejemplos de la segunda guerra que inició en diciembre pasado. Como la primera, parece no tener temporalidad, objetivo y un elemento claro que determine la victoria del Estado mexicano.

Es cierto que las policías de los tres órdenes de gobierno, las instituciones de procuración de justicia del país, son débiles y han sido incapaces de enfrentar el fenómeno creciente de violencia e inseguridad del país. También lo es que , de acuerdo con la ENVIPE-2018, las Fuerzas Armadas tienen un porcentaje de confianza de parte de la ciudadanía de más del 80 por ciento. No es cierto que las instituciones militares, por sí mismas, por la confianza ciudadana y por su disciplina, puedan proveer una respuesta diferente a la crisis de violencia y seguridad el país.

El presidente López Obrador, respaldado en su popularidad y aprobación, desea continuar e incluso profundizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al incluir en la Carta Magna la militarización de la seguridad pública. No obstante, no hay evidencia alguna que permita afirmar que la participación de las Fuerzas Armadas ha generado resultados positivos en tareas de seguridad pública y de reducción de violencia.

Por el contrario, como lo establece el colectivo #SeguridadSinGuerra, “tras 12 años de transitar esa ruta hoy sabemos que ha exacerbado la violencia y, además, nos ha llevado a la más grave crisis de derechos humanos que México haya conocido. Hoy, la tortura y otras violaciones de derechos humanos son herramientas de rutina de las autoridades de seguridad”.

Un alto porcentaje de aprobación deberían ser un incentivo para impulsar políticas públicas de seguridad que privilegien y fortalezcan instituciones civiles, no para hacer más de lo mismo. La confianza que la sociedad tiene en las Fuerzas Armadas debe cuidarse y valorarse, no usarse como palanca para asignarle tareas para las que no está preparada. La seguridad pública, construcción y administración de instalaciones estratégicas (aeropuerto de Santa Lucía) o incluso distribución de gasolina, no son tareas propias de los militares ni pueden ser usadas para complementar su presupuesto y compensar la sobre carga de tareas ajenas a su función principal. Velar por la soberanía y seguridad nacional.

La asignación de mando y carácter civil para la Guardia Nacional tras el acuerdo alcanzado en el Senado, así como la temporalidad de 5 años para que las Fuerzas Armadas dejen de participar en tareas de seguridad pública, son buenas noticias.

No obstante, aún es necesario exigir una estrategia clara que explique de qué manera la Guardia Nacional, en coordinación con otras acciones e instancias de gobierno, atenderá la percepción de inseguridad de los ciudadanos que, de acuerdo con la ENVIPE-2018, en los últimos seis años promedia 74.1 por ciento; o cómo reducirán los 25.4 millones de víctimas de los más de 33 millones de delitos que se estima tuvieron lugar durante el año 2017. También será importante conocer de qué manera serán atendidos delitos como el robo en la calle y en transporte público o la extorsión, que son los que más padece la ciudadanía con una tasa por cada 100 mil habitantes de 11,081 y 9,599, respectivamente.

El problema de inseguridad en México es muy complejo. Su respuesta va más allá de porcentajes de aprobación y requiere políticas públicas serias y bien pensadas, no solo declaraciones dogmáticas que sirven para dictar la agenda mediática diaria, pero que están alejadas de la realidad de inseguridad que enfrentan los ciudadanos.

 

* Guillermo Vázquez del Mercado Almada es consultor en Seguridad Ciudadana.

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