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El costo de la impunidad: el impacto de los desplazados
¿Por qué un indicador de impunidad sustentado en homicidios nos puede hablar sobre personas desplazadas? Más allá de la impunidad, lo que la tasa nos permite observar es un ambiente institucional donde permea la lógica de la impunidad en un delito que se sigue de oficio y que puede ser considerado de los más graves. Es por ello que los impactos de este ambiente institucional se pueden proyectar en el desplazamiento forzado de personas.
Por Blog Invitado
8 de enero, 2019
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Por: Horacio Ortiz y Daniel Vázquez (@costosimpunidad)

 

En un artículo anterior, abordamos el tema de los costos de la impunidad a través de su impacto en las desapariciones en México. En estas líneas, miramos dichos costos, centrándonos en la situación del desplazamiento forzado. Al igual que en nuestro artículo anterior, construimos un modelo estadístico de regresiones jerárquico lineales que permiten aislar el impacto específico de la impunidad en la totalidad de las personas desplazadas. De esta forma, se mira lo que la impunidad nos cuesta, independientemente de otros factores que forman parte de la explicación de un fenómeno tan complejo como el desplazamiento forzoso.

Para mirar a la impunidad construimos un indicador: la tasa de sentencias obtenidas por homicidio con respecto al total de homicidios cometidos, por entidad federativa y año. Los datos del total de homicidios provienen de las cifras de mortalidad que genera el INEGI. El total de sentencias en primera instancia por homicidios proviene del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal también del INEGI.

La entidad federativa mejor posicionada en este indicador, para el período 2010 a 2016, es Hidalgo, con 75 sentencias obtenidas por cada 100 homicidios registrados, mientras que Guerrero, por ejemplo, tiene solamente 9 sentencias y Chihuahua 8 por cada 100 homicidios.

¿Por qué un indicador de impunidad sustentado en homicidios nos puede hablar sobre personas desplazadas? Más allá de la impunidad en homicidios, lo que la tasa nos permite observar es un ambiente institucional donde permea la lógica de la impunidad en un delito que se sigue de oficio y que puede ser considerado de los más graves. Es por ello que los impactos de este ambiente institucional se pueden proyectar en el desplazamiento forzado de personas.

A las personas que sufrieron desplazamiento forzado las miramos con la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI. Primero, ¿quién es una persona desplazada? De acuerdo con Naciones Unidas, se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

En este mismo sentido, en el cuestionario de la ENVIPE se formuló la pregunta 4.11 que dice: “Durante el año XX, para protegerse de la delincuencia, ¿en este hogar se realizó algún tipo de medida como cambiarse de vivienda o lugar de residencia?” Aquellas personas que decidieron cambiarse de vivienda o residencia se pueden considerar, siguiendo el concepto de Naciones Unidas, como personas desplazadas por la violencia.

Michoacán es el estado peor posicionado con poco más de 43 mil hogares que afirman haber sufrido desplazamiento. Le sigue Jalisco con casi 32 mil, y la Ciudad de México con poco más de 23 mil. El grueso de las entidades se divide en los siguientes dos grupos: los que oscilan entre 10 y 20 mil desplazados; y los que varían de un hogar a los 10 mil.

¿Cuál es el costo de la impunidad en lo que respecta a personas desplazadas? Cada punto de diferencia entre el total de homicidios registrados con respecto al total de sentencias por homicidio genera 153.1 hogares desplazados. En Michoacán, por ejemplo, 43,601 hogares afirmaron haber sido desplazados por la violencia en el 2016. En ese mismo año, en esa entidad se obtuvieron 0.35 sentencias (menos de 1) por cada 100 homicidios. Si se hubiera obtenido una sentencia en el la totalidad de los casos, se tendrían 15,256 hogares desplazados menos; el 35% del total.

Jalisco tuvo 31,810 hogares desplazados por la violencia en el 2016. En ese mismo año, de cada 100 homicidios sólo se obtuvieron 3.36 sentencias. Si se hubieran obtenido sentencias en todos los casos, se tendrían 14,796 hogares desplazados menos; el 46% del total de los hogares desplazados en dicho año.

En 2016, la Ciudad de México tuvo 23,189 hogares desplazados, mientras que por cada 100 homicidios se obtuvieron 36.41 sentencias. Si se hubieran obtenido sentencias en todos los casos, se tendrían 9,736 hogares desplazados menos; el 41% del total.

Es interesante que en Michoacán, la entidad con el mayor número de hogares desplazados en el 2016, la impunidad sólo se relaciona con el 35% de los casos de desplazamiento; mientras que este porcentaje llega a 41% en la Ciudad de México y a 46% en Jalisco. La impunidad es una causa (entre otras) del desplazamiento forzoso de hogares; una causa muy relevante en Jalisco, menos en la Ciudad de México (donde habrá otras causas distintas o más importantes) y menos aún en Michoacán (donde también habrá otras causas distintas o más importantes). Esto refuerza la idea de que los patrones de las violaciones a los derechos humanos son distintos en cada una de las diferentes regiones del país. Pero, al menos, ya conocemos algo más sobre un tipo concreto de costos que genera la impunidad: el 46% del desplazamiento forzoso de familias en Jalisco, el 41% en la Ciudad de México, y el 35% en Michoacán.

 

*Para conocer más detalles de esta y otras investigaciones sobre los costos de la impunidad en México visita el sitio costosdelaimpunidad.mx.

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