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Los pueblos indígenas y el giro colonial de “la cuarta transformación”
La ausencia de garantías efectivas para implementar procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2º de la Constitución Federal, y el Convenio 169 de la OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, ha sido la marca del Gobierno de la República.
Por Alejandro Díaz, Isabel Orizaga y Rita Muciño
19 de agosto, 2019
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Ha transcurrido un poco más de un año del triunfo electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial. Aquel día, más de 10 mil personas se reunieron en el Zócalo para presenciar su discurso, al tiempo que en las calles los claxons de los coches acompañaban la celebración.

Desde su campaña, la afirmación era categórica y con una especial carga simbólica: “se harán valer los acuerdos de San Andrés Larráinzar y habrá justicia para los pueblos indígenas”1. De esta forma, frente a colectivos indígenas, AMLO prometía, combatir las desigualdades existentes en las comunidades. Parecía entender que el despojo de sus territorios, la criminalización de las y los defensores de sus tierras, las prácticas de asimilación forzada, la negación de toda forma de libre autodeterminación, entre otras, son realidades que hasta la fecha han erosionado de manera profunda sus derechos.

Sin embargo, paulatinamente las políticas sobre los pueblos indígenas han tomado un giro, que parece adoptar un camino sin retorno. Estas acciones serían más compatibles -vaya paradoja-, con los valores del neoliberalismo, aquel que él mismo prometió “acabar” con la ética y los derechos humanos -siguiendo a Sartori-.

Los proyectos de gran escala que durante el primer semestre del sexenio se tienen previstos, como el tren maya, la refinería de “Dos Bocas”, el tren transítsmico, la termoeléctrica en Morelos y otros procesos recientes como la “Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, dan cuenta de los aspectos que hasta ahora, han caracterizado la interacción del gobierno federal, con los pueblos indígenas.

La ausencia de garantías efectivas para implementar procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2º de la Constitución Federal, y el Convenio 169 de la OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, ha sido la marca del gobierno de la República.

La importancia de garantizar el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas tiene relación con la salvaguardia de múltiples derechos adicionales, como el ejercicio de la libre autodeterminación, la tierra y territorio ancestral y en gran medida para asegurar la pervivencia cultural de la propia comunidad.

En este contexto, es necesario crear un ambiente propicio para la interlocución, en el que sea posible conciliar la visión que los pueblos indígenas tienen del desarrollo y la que el titular del Ejecutivo intenta someter a consulta. Sin embargo, en los procesos antes mencionados, la legitimidad ha sido sustituida por la promesa de cercanía y horizontalidad del actual presidente, lo que los ha trivializado y reducido a planteamientos dicotómicos entre el “sí estoy de acuerdo” o “no estoy de acuerdo”.

Asimismo, se ha asumido -como si fuese obvio-, que las necesidades de los pueblos indígenas del país pasan por la construcción de un tren, una refinería o una termoeléctrica; lo anterior desde una concepción de “desarrollo” predominantemente occidental, la cual excluye el diálogo intercultural e implícitamente niega a estos el derecho de autodeterminarse de acuerdo con su propia cultura y cosmovisión.

En esta línea, el gobierno mexicano ha partido de la premisa equivocada. No parece entender que de acuerdo a las normas de derechos humanos, la decisión final de efectuar o no cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente, debe sujetarse al resultado de la consulta y consentimiento de las comunidades indígenas.

Así también, no queda queda clara, la forma en cómo durante las etapas, se ha asegurado la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas. Sobre el particular el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, manifestó su preocupación al advertir “el escaso respeto del principio del consentimiento libre, previo e informado y el hecho de que no se consulte a las mujeres indígenas y afromexicanas”, por lo que recomendó al Estado mexicano, establecer “un marco jurídico para regular los proyectos de desarrollo, (…) y garantizar que solo puedan ejecutarse con el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas, las afromexicanas y las mujeres del medio rural afectadas”2.

Rechazo común

La ausencia de consultas que se ajusten a los estándares internacionales en la materia han dado paso a un reclamo inmediato y tajante de activistas y colectivos indígenas. Diversas declaraciones de ejidatarios y activistas mayas coinciden en los daños graves que el proyecto del tren maya representará para la flora y fauna de la región, mientras que integrantes del EZLN han salido en defensa de la selva Lacandona calificando la consulta como una “burla”3.

La oposición a la construcción de la refinería de “Dos Bocas” en Tabasco sin apego a la normativa ambiental, ha traído consigo la presentación de una denuncia, por parte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)4. A ello se suma, la aparente existencia de una versión no pública, de un estudio de impacto ambiental realizado por PEMEX donde se indican daños severos en la calidad del aire de entrar en funcionamiento la refinería5.

En contraste, aunque el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y otras dependencias federales involucradas, en el discurso han prometido realizar “consultas”, en realidad pareciera que la decisión ya está tomada. El tren maya o la refinería “Dos Bocas”, se realizarán sin importar lo que las comunidades indígenas afectadas tengan que decir al respecto. El presidente ha dejado claro que dichos proyectos son insignias de su mandato y los hará a toda costa.

Por lo que refiere al tren transítsmico, a pesar de que las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas han avalado el proyecto en las Asambleas Regionales Consultivas, también solicitaron que la realización del mismo se adecue a sus necesidades y vocación de sus tierras.

A principios de 2019, la consulta realizada para el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la construcción de una termoeléctrica en Huexca, Morelos, ha estado rodeada de disturbios y del asesinato de uno de los principales opositores. De ahí que el Congreso Nacional Indígena haya expresado que “esas consultas están hechas a modo para concretar el despojo y llevar la muerte a territorios”6. Cabe destacar que tanto el tren maya como este último proyecto, tampoco han sido sometidos a consulta y consentimiento indígena, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.

Las acciones de la cuarta transformación se han convertido en una especie de construcción de la identidad estratégica que propugna acuñar uno de los más característicos discursos del colonialismo: el asumir el poder de hablar por los otros. Bajo esta óptica, habida cuenta de la desventaja socioeconómica en que los pueblos indígenas se encuentran, el Estado mexicano ha insistido por adoptar posiciones paternalistas que solo han constituido formas sofisticadas de asimilación forzada, sin que esto represente para los pueblos indígenas de México, la posibilidad de conducirse conforme a su propia visión y de constituirse como sujetos plenos de derechos.

Es deseable que el gobierno federal, en un ejercicio de reflexión y retroalimentación, evalúe los procesos que hasta ahora se han llevado a cabo e identifique las buenas prácticas y aspectos a mejorar, esto con miras a cumplir plenamente con las obligaciones que derivan de este derecho, en aras de proteger a los pueblos indígenas.

De no modificar sustancialmente lo hasta ahora hecho, el porvenir no resulta alentador. Ante la existencia de una abierta desconexión entre la práctica y el discurso político, invariablemente la colonización discursiva seguirá teniendo un profundo efecto sobre las vidas, las luchas y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del país.

* Alejandro Díaz Pérez es Maestro en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Isabel Anayanssi Orizaga Inzunza tiene un Máster en Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid. Rita Astrid Muciño Corro es Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Abogada en el Círculo Feminista de Análisis Jurídico.

 

1 Boletín de campaña número b 12-00022, 13 de enero de 2012. Disponible aquí.

2 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. CEDAW/C/MEX/CO/9 (2018).

3 Ángeles Mariscal, “EZLN ‘frena’ a López Obrador y se opone a proyectos como el Tren Maya”, El Financiero, Sección Nacional, 01 de enero de 2019. Disponible aquí.

4 Gloria Ruiz, “Admiten denuncia presentada por CEMDA respecto del desmonte de vegetación para la refinería en Dos Bocas”, Greenpeace, Sección Biodiversidad, 09 de diciembre de 2018. Disponible aquí.

5 David Alire García, “Exclusive: Pemex study details ‘severe’ air quality impact from Mexican refinery”, Reuters, Environment, June 27, 2019. Disponible aquí.

6 Comunicado del Congreso Nacional Indígena, “Concejo Indígena de Gobierno en contra del Proyecto Integral Morelos y la simulada consulta anunciada por el president de la República”, 10 de febrero de 2019. Disponible aquí.

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