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Los pueblos originarios y el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía
La construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía forma parte de un megaproyecto urbano que se ha desarrollado en la región nororiente de la Zona Metropolitana del Valle de México cuando menos desde finales del siglo XX en detrimento de los pueblos de origen indígena y cuyas consecuencias serán potencializadas por el AISL.
Por Ismael Mejía Hernández
29 de julio, 2019
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Una de las principales características que tiene la metrópoli de la Ciudad de México con respecto a otras ciudades del mundo es la historicidad en la ocupación de su territorio. Es decir, los lugares por donde se ha expandido la mancha urbana desde el siglo XX ha sido ocupado con anterioridad por cientos de núcleos de población de origen indígena desde antes del periodo colonial, muchos de los cuales mantienen una continuidad territorial y de población hasta la actualidad.

De acuerdo con diversas fuentes históricas escritas en el siglo XVI (Fernando Alvarado Tezozómoc, Bernardino de Sahagún, Hernán Cortés), en la región nororiente de la metrópoli -donde se tiene contemplado la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL)- ya se encontraban diversos pueblos como Xolox, Tecalco, Tecámac, Atzompa, Ajoloapan, Xonacahuacan Xaltocán, los cuales fueron fundados desde varios siglos atrás.

Es el caso de San Lucas Xolox, que de acuerdo con el Códice Xólotl fue fundado por los chichimecas a su llegada a la Cuenca de México en el siglo XII, para posteriormente establecerse en Tenayuca. Los antecedentes del pueblo de San Pablo Tecalco se remontan, cuando menos, al periodo clásico, según las excavaciones arqueológicas en la zona, siendo contemporáneo al momento de auge de Teotihuacán. O San Miguel Xaltocán, principal lugar de florecimiento y desarrollo de los otomíes en la Cuenca de México en el siglo XIII.

Durante el periodo colonial los habitantes de estos pueblos supieron adaptarse a las diversas situaciones que enfrentaron como epidemias, explotación laboral, despojo de tierras, congregaciones, etc., y lograron mantenerse como núcleos de población específicos en donde se consolidaron a través de un sistema de organización basado en la comunidad y en la práctica de actividades religiosas y socioculturales.

Ya en el siglo XIX, con la independencia de España y por consecuencia con el establecimiento del Estado mexicano, estos pueblos volvieron a adaptarse a las nuevas reglas que se impusieron, por más adversas que fueron. Entre ellas la supresión como sujetos de derecho, cuyo impacto de forma directa fue el desconocimiento de sus tierras y sus formas de organización política, lo que dio lugar a la venta y/o despojo de sus tierras comunales.

A pesar de ello, una vez más lograron permanecer como localidades específicas, manteniendo como base su origen indígena, un sistema de parentesco, sus fiestas patronales -aquí cabe destacar que varias de las iglesias de los pueblos datan de la época colonial- y un sistema de organización basado en la comunidad, principalmente.

Si bien la participación armada de los habitantes de esta región en la Revolución fue mínima, los beneficios derivados de ella, principalmente con la Reforma Agraria, significó oxígeno puro porque les brindó la posibilidad no sólo de seguir trabajando la tierra, sino de mantener la posesión del territorio como eje fundamental para la conservación y mantenimiento de sus actividades socioculturales comunitarias.

Para el caso que nos ocupa, que son los municipios en donde se encuentran los terrenos en los que se va a desarrollar el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, de acuerdo con Aguado (1998), en Tecámac, Zumpango y Nextlalpan se entregaron de 1915 a 1986 la cantidad de 7 mil 117, 5 mil 924 y 2 mil 160 hectáreas de terrenos de propiedad social respectivamente, lo que en términos porcentuales representa el 45 % del territorio total del municipio de Tecámac, el 26 % para Zumpango y el 39 % para Nextlalpan.

En este sentido, basta revisar las acciones agrarias que se desarrollaron en estos municipios y nos daremos cuenta que fueron sobre las localidades históricas que permanecían en sus territorios, es decir, fueron los habitantes de los pueblos que habían permanecido desde la época prehispánica/colonial quienes demandaron la entrega de tierras.

Esto no tendría por qué resultar extraño debido que al momento en que se ejecutaron las acciones agrarias las principales localidades, además de las haciendas y ranchos que existían en los municipios mencionados, eran los pueblos y barrios históricos los que buscaron hacerse acreedores a la entrega y/o reconocimiento de las tierras de propiedad social.

Todo ello empezó a sufrir cambios drásticos en la segunda mitad del siglo XX, principalmente por la presión urbana que ejerció la expansión de la metrópoli en su periferia, si bien en un primer momento dicha presión estuvo amortiguada por los municipios que se encontraban en el primer anillo de conurbación de la Ciudad de México como Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan. Para finales del siglo se desbordó al segundo y tercer anillo de conurbación a través del desarrollo de megaproyectos inmobiliarios en la región, lo cual vino a modificar no sólo la cantidad de localidades en los municipios, sino las dinámicas socioculturales de los pueblos y el interés por los recursos naturales que existen en el área, como el agua y la tierra, elementos indispensables para la urbanización.

Aquí es preciso apuntar que si bien los habitantes de estos pueblos han mantenido una relación histórica con la Ciudad de México por cuestiones laborales, comerciales y de servicios, nunca como hoy había estado comprometido su territorio por la presión urbana que se ejerce desde las últimas tres décadas. De acuerdo con datos obtenidos por Rodríguez (2015) de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México, en el periodo 2000-2014 en el municipio de Tecámac y Zumpango se construyeron alrededor de 225,000 viviendas.

En consecuencia se incrementó el número de habitantes de los municipios de forma exponencial, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En Tecámac, por ejemplo, pasó de tener una población de 172 mil 813 habitantes en el año 2000 a una de 446 mil 008 en el año 2015, es decir casi se triplicó en el transcurso de tres lustros.

Aunado a ello se construyó e instaló en un periodo corto de tiempo infraestructura y equipamiento urbano para atender las necesidades de la población, así como la proliferación de centros comerciales de diversas escalas, que ofrecen una diversidad de productos de consumo.

Invariablemente esta situación ha impactado no sólo los recursos naturales de la región, lo cual se observa a simple vista en la transformación del paisaje, sino que generó cambios en las dinámicas políticas, económicas y socioculturales de los pueblos.

En términos políticos, el crecimiento urbano provocó la disminución en la participación de los habitantes de los pueblos en órganos de representación política como los que forman los ayuntamientos y las autoridades auxiliares municipales -espacios que anterior al crecimiento urbano eran ocupados por habitantes de los mismos pueblos-, así como la presión constante de los gobiernos municipales para quitarles la administración de sus panteones comunitarios y sus sistemas de agua potable autónomos.

En términos económicos, la presión urbana provocó un cambio en el valor de uso de la tierra por un valor de cambio, lo que ocasionó la venta de las tierras agrícolas para ser convertida en suelo urbano, generando no sólo la pérdida paulatina de la práctica de la agricultura, sino una serie de externalidades que afectan a toda la población, como la eliminación de fuentes de agua, la extinción de flora y fauna silvestre, la pérdida de territorio comunitario para el pastoreo, elementos que formaban parte de su economía doméstica a través de la recolección, la caza y la cría de aves de corral y ganado.

Todo ello impactó en sus prácticas socioculturales, sobre todo porque las dinámicas urbanas privilegian lo individual sobre lo comunitario, generando relaciones de tensión y conflicto entre sus habitantes -así como con nuevos actores interesados- por el destino de los recursos naturales y la conservación de sus formas de organización comunitaria.

En este sentido, la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía no se puede tomar de forma aislada. Forma parte de un megaproyecto urbano que se ha desarrollado en la región nororiente de la Zona Metropolitana del Valle de México cuando menos desde finales del siglo XX y cuyas consecuencias para los habitantes de los pueblos ya se pueden observar de forma directa. La construcción del AISL va a potencializar estas consecuencias.

Finalmente, en las últimas tres décadas se ha desarrollado como nunca un debate sobre los derechos sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas del país. Esto abonó a la construcción de leyes en la materia, principalmente el artículo 2 Constitucional y la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Estado mexicano, los cuales reconocen la existencia de los pueblos indígenas y una serie de derechos entre los que se encuentran su derecho al territorio y a la consulta.

Incluso la Constitución local de la Ciudad de México, promulgada en 2017, reconoció una serie de derechos a los pueblos originarios que se encuentran en su territorio. Sin embargo estos no aplican para los pueblos que están afuera de sus límites territoriales, como los que se encuentran en los municipios mexiquenses en donde se va a construir el AISL, lo cual revela una asimetría de derechos para el mismo sujeto -pueblos originarios- en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Ahora bien, más allá de la Constitución local de la Ciudad de México, la normatividad federal e internacional en la materia garantizan el derecho a la consulta a los pueblos indígenas en donde se vayan a ejecutar proyectos que afecten significativamente a sus comunidades y territorios en términos amplios, y no sólo a las tierras de propiedad social, como lo mencionó el coordinador de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar, a través de una nota del portal Animal Político publicada el pasado 7 de mayo.

De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó en abril pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que autorice el proyecto, los ejidos que se afectarán por encontrarse al interior del suelo prioritario que ocupará el AISL son Xaltocán, Ozumbilla, San Lucas Xolox y Santa Ana Nextlalpan. Sin embargo, ello no significa que el impacto sea únicamente sobre esas tierras, sino que afectarán a todo el territorio y los recursos que en él existen, incluidos, por supuesto, el que ocupan desde hace varios siglos los pueblos originarios que ahí se encuentran. Aquí es importante tener claridad que pueblo no es igual a núcleo agrario. El primero es un sujeto histórico y de derecho cuyo origen data de cuando menos el periodo colonial y el segundo es un sujeto de derecho agrario cuyo origen se remonta a las leyes de la Reforma Agraria del año de 1915.

La negativa por parte de las instituciones de gobierno en reconocer a los pueblos que serán afectados por la construcción del AISL, y por consecuencia su derecho a la consulta, dejará en evidencia que la relación incluyente y de respeto que el actual gobierno presenta a los pueblos en el discurso es sólo una simulación, porque no lo sostiene en los hechos.

* Ismael Mejía Hernández es antropólogo y doctor en ciencias sociales. Ha realizado diversos trabajos sobre los pueblos originarios de los municipios de Ecatepec y Tecámac, Estado de México. Actualmente es colaborador de Yaollin Ehecatl A. C. y co-coordinador del Seminario Permanente de Estudios sobre Ecatepec. [email protected]

 

Referencias: 

Aguado, Eduardo (1998), Una mirada al reparto agrario en el Estado de México (1915. 1992), El Colegio Mexiquense A.C., Zinacantepec, México.

Rodríguez, Alma (2015), “Urbanización de la región Huehuetoca-Zumpango- Tecámac, del Estado de México: entorno al desarrollo de vivienda”, Tesis de maestría, Instituto Mora, Distrito Federal, México.

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