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“Mano dura”: los costos del populismo penal
El populismo punitivo no es una alternativa viable para reducir la violencia, la inseguridad y el delito. Pero ¿cuáles son las alternativas?
Por Sergio Martínez
28 de febrero, 2020
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Ante la profunda crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesa México, las y los representantes y autoridades públicas han optado por promover medidas punitivas o de “mano dura” en vez de apostarle al diseño e implementación de políticas públicas que atiendan a los grupos en situación de riesgo y los factores que generan la violencia y el delito, así como acciones para reducir la impunidad y mejorar las capacidades institucionales de los sistemas de seguridad y justicia.

A pesar de que no existe evidencia que relacione la implementación de medidas de “mano dura” con la reducción de la incidencia delictiva y de la violencia, en los últimos dos años se han impulsado desde los distintos poderes del Estado la extensión y endurecimiento de diversas acciones penales, tales como el aumento de 40 a 65 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio; la reforma al artículo 19 Constitucional que amplió el catálogo de delitos que ameritan detención preventiva; el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública y el incremento de sus facultades; e incluso, el intento fallido de reforma en materia penal y judicial que, entre otras cosas, proponía la ampliación de la figura del arraigo y el uso de pruebas obtenidas ilícitamente.

Sin embargo, México es un país con una cifra negra (delitos que no se denuncian) del 93% y en donde la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es apenas del 1.3%.1 En otras palabras, donde se delinque porque se quiere y se puede ya que existen pocas o nulas probabilidades de recibir castigo. Entonces, ¿por qué se siguen impulsando medidas de corte punitivo?

La lógica que hay detrás de este tipo de medidas corre por dos vías: generan “resultados” a corto plazo al producir la sensación de que se está actuando para combatir la violencia y el delito, y son aprovechadas para capitalizar el descontento social en apoyo y popularidad política y electoral. De allí que sean conocidas como “populismo penal o punitivo” y promovidas tanto por gobiernos de izquierda como de derecha. En cambio, las políticas públicas de prevención, de combate a la impunidad y el fortalecimiento de las capacidades institucionales requieren de evidencia, coordinación y esfuerzos integrales y transversales prolongados que muestran resultados visibles a mediano y largo plazo y, por tanto, no resultan redituables en términos políticos.

En cuanto a los costos de populismo penal, en contextos de elevados índices de impunidad y violencia crónica este tipo de medidas conlleva más efectos negativos que positivos, ya que no solo implica costos materiales, humanos, técnicos y económicos, sino que también produce efectos sociales negativos dado que generan una espiral de violencia cíclica causada por la acción y enfrentamiento entre criminales y por la propia actuación de los elementos de seguridad y de justica.

Entre los costos del populismo punitivo se encuentran los siguientes:

  • Criminalizan y estigmatizan a los grupos más vulnerables (migrantes, jóvenes, personas en situación de pobreza, personas indígenas, entre otros). Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2019 del INEGI, el 40% de las personas recluidas en los centros penitenciarios tienen entre 18 y 29 años; el 36% no tienen ningún tipo de educación o sólo cursaron hasta nivel primaria; y el 10% no contaban con ninguna ocupación laboral.
  • Aumentan los casos de violaciones de Derechos Humanos y el uso desproporcionado de la fuerza letal, las detenciones extraoficionales, la tortura y las ejecuciones llevadas a cabo ilegalmente por los cuerpos de seguridad. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha documentado que entre el 2007 y 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 204 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos (desaparición forzada, tortura, ejecuciones, entre otras) perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad.2
  • Desincentivan el fortalecimiento y profesionalización de los sistemas de procuración de seguridad y justicia, sobre todo a nivel local. Para este año el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para las Entidades Federativas y el Distrito Federal (FAS) apenas tuvo un incremento de recursos del 0.4% respecto al 2019; y el Subsidio para el Fortalecimiento en Materia de Seguridad Pública a Municipios (FORTASEG)3 presenta una disminución del 4% en su financiamiento.
  • Fomentan cambios legislativos, administrativos y operativos regresivos en materia de derechos humanos. El intento de ampliar la figura del arraigo4 a todos los delitos, ya había sido calificada por la Suprema Corte de Justicia como anticonstitucional y violatoria de derechos y libertades de las personas.5
  • Generan pulsaciones autoritarias en la ciudadanía. De acuerdo con un estudio realizado por García, Young y Zeitzoff,6 las medidas punitivas aprovechan el enojo, la frustración e indignación de los ciudadanos para que apoyen la aplicación de castigos cada vez más severos a los delincuentes. Lo que dificulta la construcción de ciudadanía y repercute en la gobernabilidad democrática.
  • Contribuyen al hacinamiento de los centros penitenciarios. Según la CNDH la mayoría de los centros penitenciarios en México se encuentran en una situación crítica de hacinamiento, debido a que tienen una densidad penitenciaria de 124,7 es decir, por cada lugar disponible hay sobrepoblación de 20 personas.
  • Generan cargas de trabajo excesivas en los órganos de seguridad e impartición de justicia. La criminalización y persecución de delitos menores requiere de mayores recursos y más personal, situación para la que no están preparadas la mayoría de las fiscalías estatales, por ejemplo, la fiscalía de Puebla tiene 2.8 Agentes Ministeriales por cada 100 mil habitantes y una carga de trabajo de 289 casos,8 esto significa que en promedio cada Agente Ministerial tiene a su cargo 103 casos.
  • Fomentan la sofisticación, diversificación y agravamiento de las conductas criminales. El uso de las fuerzas armadas para perseguir a líderes y grupos del narcotráfico dejó más de 132 mil muertes entre el 2006-2012 y propició la atomización de las asociaciones criminales y su expansión a otras actividades ilícitas, como la extorsión y el secuestro, delitos que entre el 2015 y 2019 han aumentado 40% y 19%, respectivamente.9

Por todo esto, el populismo punitivo no es una alternativa viable para reducir la violencia, la inseguridad y el delito. Pero ¿cuáles son las alternativas? A continuación, tan sólo unas ideas:

1) En palabras de Thomas Abt (2019),10 lo primero que hay que hacer es “detener la hemorragia” a través de la focalización de los esfuerzos institucionales en los territorios, personas y conductas que generan la mayor cantidad de violencia.

2) Diseñar políticas públicas de prevención y atención de la violencia basadas en evidencia teórica y empírica que permita la elaboración de diagnósticos territoriales e intervenciones adecuadas a las particularidades sociales de cada microrealidad, asimismo que promuevan la co-construcción de seguridad humana basada principalmente en la opinión, experiencia y propuestas de quienes viven la violencia en carne propia.

3) Recuperar los territorios que han sido apropiados por los grupos delincuenciales a través de intervenciones situacionales y comunitarias que brinden a las comunidades servicios básicos e incentiven la cohesión social mediante el impulso de acciones colectivas.

3) Combatir la impunidad y establecer un verdadero estado de derecho a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, investigación, persecución, procuración de justicia y reinserción social mediante la capacitación, profesionalización y actualización de policías, ministerios públicos, procuradores, fiscales y jueces con enfoques de derechos humanos y perspectiva de género.

4) Dados los recursos limitados con los que cuentan los sistemas de seguridad y justicia, diseñar políticas de priorización de persecución penal que establezcan las prioridades y estrategias para combatir aquellos delitos que tienen mayores repercusiones en la sociedad y proporcionen una respuesta adecuada a cada realidad.

En suma, existen estas y otras opciones que han mostrado mejores resultados en la reducción y contención del delito y la seguridad que las medidas de corte punitivo que únicamente conllevan resultados limitados y efímeros, y que sólo se enfocan en atacar los efectos y no las causas del problema, así como brindar popularidad a los políticos y autoridades públicas.

* Sergio Martínez (@SergioJessMtz) es politólogo e investigador en @INCIDE_Social, en temas de prevención social de las violencias, así como de democracia, participación y ciudadanía. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C., es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por personas con experiencia en el ámbito académico, la investigación y el activismo civil, que realiza trabajos de investigación, capacitación y articulación y participa en promociones de incidencia en política pública y visibilización de agendas de la sociedad civil.

 

1 Impunidad Cero. Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019.

2 Juárez Armenta, Ana Lucía, Amaya Lule, Jorge Luis y Rouillé Saba Marion (2018). Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017). Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Disponible aquí.

3 Barrera González, Belem. Estados y municipios abandonados en el presupuesto para seguridad. Animal Político. Publicado el 19 de febrero de 2020.

4 Angel, Arturo. FGR y AMLO van por arraigo para todos los delitos, eliminación de jueces de control y espionaje. Animal Político. Publicado el 15 de enero de 2020.

5 Vela, David Saúl. Figura del arraigo es anticonstitucional, determina pleno de la SCJN. El Financiero. Publicado el 14 de abril de 2015.

6 García Ponce, Omar, Young, Lauren y Zeitzoff, Thomas. ¿Proteger al ciudadano o castigar al criminal? Oráculos. Publicado el 8 de abril de 2019.

7 La densidad penitenciaria es la relación numérica entre la capacidad de una prisión y el número de personas alojadas en ella. Se obtiene dividendo el número de personas alojadas entre el número de cupos disponibles y se múltiplica por 100 (CNDH,2015).

8 Impunidad Cero. Op. Cit.

9 Estimación propia con datos de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública.

10 Abt, Thomas (2019). Bleeding out. The devastating consequences of urban violence-and a bold new plan for peace in streets. Basic Book. New York.

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