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Mariguana y corrupción: el riesgo de la legalización
Así como la guerra contra las drogas resultó en el debilitamiento de nuestras instituciones de seguridad, también una legalización mal planeada podría agrandar la corrupción dentro de nuestras instituciones de salud.
Por César Sánchez Gaona
4 de octubre, 2019
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La legalización de la mariguana anda tocando las puertas del Congreso de la Unión. Esta semana, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Mario Delgado, presentó una iniciativa que despenaliza el mercado de la mariguana e introduce una nueva empresa estatal encargada de su comercialización. Esta empresa se llamaría Cannsalud, y sería el único intermediario autorizado en México entre los productores y vendedores de cannabis y sus productos derivados.

Esta propuesta resulta increíblemente paradójica, si no es que posiblemente contradictoria con otras políticas del gobierno. En la propia iniciativa, se argumenta que esta empresa sería la mejor forma de proteger al mercado de la influencia indebida del sector privado, lo cual permitiría priorizar la salud pública por encima de generar ganancias monetarias. Sin embargo, la 4T parece olvidarse del argumento principal que empleó para deshacerse de los intermediarios en la provisión de programas sociales: el riesgo de generar corrupción.

Recordemos que la corrupción tiende a hallar tierra fértil en aquellos puntos de interacción entre los sectores público y privado, dado que en ellos se encuentran una serie de intereses particulares que tienen el potencial de socavar la búsqueda del bien público. Más en un contexto donde el gobierno se estaría apropiando de un mercado sumamente rentable, la tentación de sacar provecho de ello puede terminar corrompiendo a los funcionarios de la Cannsalud.

Si pensamos en cómo empezaría a operar esta empresa, podemos avizorar dónde pueden surgir estos riesgos. La propuesta de ley establece que una comisión reguladora sería la encargada de determinar los precios “procurando la protección de la salud pública, con especial énfasis en el interés superior de la infancia y la adolescencia, y la reducción del consumo problemático de cannabis”1. Además, esta misma comisión estaría a cargo del otorgamiento de licencias para franquiciatarios en el país y por cada estado2.

En ambos casos se deposita la toma de decisiones dentro de un órgano de gobierno que tal vez no responda a fuerzas de mercado, lo cual puede abrir una ventana al mercado negro, donde se venda producto ilícito a menor precio y sin la autorización adecuada. De igual manera, existe el riesgo de incentivar a los posibles licenciatarios a utilizar sobornos o acuerdos extraoficiales para acceder a este derecho e ingresar al mercado. Esto mismo podría replicarse en la autorización de permisos de importación y exportación de estos productos. Evitar estos riesgos requeriría de una buena gestión por parte de Cannsalud, la cual no puede darse por sentado y debe procurarse en caso de materializarse la propuesta morenista.

Otra posibilidad es que dentro de la propia empresa se presenten prácticas ilícitas, tales como el robo de mercancía, para abastecer al mercado negro. Al concentrar el producto dentro de una misma instancia, funcionarios poco éticos pueden intervenir bodegas o mercancía en tránsito para hacerse del producto y venderlo fuera del esquema legal, lo cual ya ocurre dentro del propio sector salud con medicamento y material de curación.

Al también ser el comprador único a productores en todo el país, existe la gran incógnita acerca de cómo esta empresa enfrentaría los retos que implica lidiar con el crimen organizado. Al crear este monopsonio, los cárteles podrían ajustarse para tener un trato directo con las autoridades, utilizando mecanismos coercitivos para ejercer control sobre los productores y así gestionar las ventas al gobierno. Dados los recursos y capacidad operativa con la que cuentan estas organizaciones criminales, es probable que puedan ejercer un alto nivel de presión que obligue a Cannsalud a incrementar sus precios de compra. Ello podría materializarse en acuerdos ilícitos con las autoridades a través de sobornos, o inclusive en la colusión entre cárteles para asegurar acceso a precios elevados. Ante la posibilidad de acceder a precios más favorables a los que tendrían por una vía unilateral, algunos productores podrían llegar a colaborar voluntariamente con los cárteles a cambio de dicho beneficio.

La legalización bajo este esquema podría alinear los intereses de grupos criminales con los de ciertos funcionarios públicos, creando una receta perfecta para la corrupción. En cambio, si lo que se busca con esta medida es restablecer la fuerza del Estado, es importante que la estrategia procure no generar efectos que terminen por socavar ese fin. Así como la guerra contra las drogas resultó en el debilitamiento de nuestras instituciones de seguridad, también una legalización mal planeada podría agrandar la corrupción dentro de nuestras instituciones de salud.

Sin duda, la situación del país es bastante precaria, y ninguna solución será perfecta. No obstante, es indispensable que el debate sobre la legalización se enriquezca con alternativas, análisis y un enfoque integral que contemple no solo la regulación necesaria, sino también el fortalecimiento de nuestro estado de derecho. Dependerá de nuestras y nuestros legisladores el diseñar una solución que no desate males que empeoren nuestra ya compleja realidad. Vaya reto que tienen por delante.

* César Sánchez Gaona (@CesarSGaona), especialista anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

 

1Propuesta de Ley General para el Control del Cannabis artículo 35 párrafo segundo

2 artículo 16 fracción II

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