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Por qué necesitamos información sobre mujeres presas
Si no sabemos quiénes están en la cárcel y sus necesidades, ¿cómo vamos a poder diseñar políticas públicas para prevenir el delito y mejorar la seguridad del país? ¿Cómo vamos a diseñar programas que favorezcan la reinserción social y prevengan la reincidencia? Es necesario que el Estado cuente con esta información, precisamente, porque está relacionada con la política de prevención y seguridad del país.
Por Blog Invitado
28 de enero, 2019
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Por: Isabel Erreguerena (@isaerre)

El pasado jueves, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en conferencia de prensa anunció que cancelaría diversas encuestas argumentando el recorte presupuestal. Desde EQUIS Justicia para las Mujeres nos parece sumamente preocupante que se proceda con la cancelación de proyectos informativos sin hacer públicos los criterios detrás de tales decisiones, más grave aún si los proyectos que se suspenden son de los pocos que generan datos sobre diferentes poblaciones.

Tal es el caso de la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria (ENPOL), la cual es tan solo una de las 14 encuestas que se verán afectadas por esta inusual decisión. ¿Acaso se pensó en las implicaciones de no tener esta base de datos? ¿A quién estamos invisibilizando al cancelarla? ¿Se sabe cómo afectará la política de prevención y seguridad del país?

La ENPOL nos daba información básica de una población discriminada, sobre la cual hay muy pocos datos disponibles. Tras varios años de darle seguimiento a la situación de las mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, desde EQUIS nos hemos dado cuenta de la escasa información que existe sobre ellas.

Al constatar que no existían datos públicos sobre quiénes eran ellas, realizamos solicitudes de acceso a la información para conocer, por ejemplo, cuántas mujeres indígenas, con discapacidad, extranjeras, lesbianas, bisexuales y trans conforman a la población privada de su libertad. Las respuestas que obtuvimos fueron, por decir lo menos, decepcionantes.

En principio, supimos que existía un subregistro para el caso de mujeres indígenas: solo el 18.5 % de los estados señalaron contar, entre su población penitenciaria, con mujeres indígenas privadas de la libertad por delitos contra la salud, llamando la atención que los estados de Oaxaca y Chiapas reportaron únicamente a cinco mujeres indígenas cada uno. Esto mismo sucedió cuando se solicitó información de extranjeras: solo nueve estados reportaron contar con mujeres extranjeras privadas de la libertad por delitos contra la salud.

Para el caso de las mujeres con discapacidad documentamos que las autoridades penitenciarias invisibilizan los diferentes tipos de discapacidad, pues cuando se les preguntó qué tipos de discapacidad había, estas sólo reportaron discapacidad física, dejando fuera otros tipos, como la discapacidad psicosocial. El registro es aún más deficiente en el caso de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans privadas de la libertad, ya que las autoridades respondieron que contar con dicha información era “irrelevante”.

Si no sabemos quiénes están en la cárcel y sus necesidades, ¿cómo vamos a poder diseñar políticas públicas para prevenir el delito y mejorar la seguridad del país? ¿Cómo vamos a diseñar programas que favorezcan la reinserción social y prevengan la reincidencia? Es necesario que el Estado cuente con esta información, precisamente, porque está relacionada con la política de prevención y seguridad del país.

En este sentido la ENPOL de 2016, establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos brinda datos relevantes al respecto. Esta encuesta nos muestra, por ejemplo, que el 25.9 % de las personas habían sido juzgadas anteriormente por algún delito. Asimismo, nos da información sobre el perfil de las personas privadas de la libertad, señalando que el 72 % cuenta sólo con educación básica. Además, el 70.3 % de la población que estuvo privada de la libertad en 2016 tuvo dependientes económicos al momento de su arresto.

Esta encuesta también nos ayuda a saber las condiciones bajo las cuales se detiene a estas personas: ¿cómo sucedió la detención? ¿Quién la realizó? ¿Ya fueron sentenciadas por un juez o siguen en prisión preventiva?

Al respecto, gracias a la ENPOL supimos que el 75.6 % sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto y 63.8 % sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad que realizó el arresto. En este sentido, llama la atención que las mujeres expresan haber sido víctimas de tortura sexual con mayor frecuencia que los hombres e, incluso, que es mucho más probable ser torturada sexualmente si te detiene la Marina (41 %) o el ejército (21 %).

Estos datos toman especial importancia en un contexto donde se estableció una Guardia Nacional con mando militar, pues nos otorgan información sobre cómo están funcionando las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, lo cual -idealmente- permitiría tomar decisiones basadas en evidencia.

Asimismo, en el marco de la ampliación del catalogo de delitos que están en el artículo 19 constitucional que prevé la prisión preventiva oficiosa, la ENPOL nos permite ver que el 29.6 % de la población penitenciaria están en prisión preventiva y, el 40.3 % de ésta lleva más de dos años esperando sentencia. Es decir, un tercio de las personas que están en la cárcel no han sido declaradas culpables, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia, además de que esperan largos períodos para ser juzgadas. Esto nos debería llevar a reflexionar sobre los costos y las consecuencias de la prisión preventiva.

En resumen, en momentos donde existe una grave situación de inseguridad en México y estamos discutiendo nuevas formas de enfrentarla, lo último que debe hacerse es limitar las bases de datos (las cuales, de por sí, había que fortalecer); mucho menos si esta información sirve como fundamento para conocer el contexto necesario para poder diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas adecuadas de seguridad y eficientes de prevención del delito, incluyendo las relativas a reinserción social como aquella relacionada con datos sobre hombres y mujeres privadas de la libertad en el país. Por lo mismo, bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas, urgimos al INEGI a informarnos la racionalidad detrás de cancelar estos estudios en específico.

 

* Isabel Erreguerena es Coordinadora del Área de Políticas Públicas de EQUIS Justicia para las Mujeres.

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