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Matrimonio igualitario en Yucatán, el reto de la Corte
Está en manos de la SCJN otorgar el amparo que subsane la omisión legislativa establecida en la propia constitución de Yucatán y en el Código de Familia al no contemplar el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo.
Por Blog Invitado
1 de mayo, 2017
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Por: José Orvelín Montiel Cortés y Jorge Fernández Mendiburu

En estos días la SCJN podría dar un paso de suma trascendencia para la igualdad y los derechos humanos en el Estado de Yucatán, pues resolverá si fue correcta la actuación del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Estado al negar el amparo que solicitaron las organizaciones de derechos humanos Indignación, Unasse y Oasis de San Juan de Dios, que demandaron al Tribunal Constitucional de Yucatán por declarar improcedente la acción por omisión legislativa que promovieron con la finalidad de que se ordenara al Congreso estatal para que legislara y adecuara la Constitución de Yucatán y el Código de familia, de tal manera que se permitiera el matrimonio y el concubinato a parejas conformadas por personas del mismo sexo.

Fue en el año 2009 durante el mandato de Ivonne Ortega Pacheco como gobernadora, cuando se puso un candado al matrimonio igualitario en la entidad: el congreso local reformó la Constitución Política del Estado y en ese entonces, el Código Civil, con la finalidad de que incluyeran la definición del matrimonio y del concubinato como la unión de “un hombre y una mujer”, y de esta forma, privar a las personas homosexuales de sus derechos, evitando que pudieran contraer matrimonio en la Entidad.

En marzo de 2013, una pareja compuesta por dos hombres interpusieron una demanda de amparo luego de que el Registro Civil del Estado de Yucatán les negara la solicitud formal de matrimonio, argumentando la definición establecida en el artículo 49 del Código de Familia; meses más tarde, el Juez Tercero de Distrito con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 49 del ordenamiento antes referido, ordenando al Registro Civil la celebración del matrimonio de los dos hombres.

En agosto de ese mismo año, otro caso de una pareja, que a través de un juicio de Jurisdicción voluntaria promovido ante un Juez Mixto de lo Civil y familiar con sede la ciudad de Motul, Yucatán, solicitaron se le reconociera su calidad de concubinos, tras haber vivido públicamente como esposos durante 13 años, argumentando la violación a sus derechos a la igualdad y la no discriminación consagrados en la Constitución de nuestro país y en los tratados Internacionales suscritos por México. Seguido el juicio en octubre de ese mismo año el Poder Judicial del Estado de Yucatán, a través del Juzgado antes referido, reconoció por primera vez en la historia de la entidad la condición de concubinos a una pareja compuesta por dos hombres.

Posteriormente, en mayo de 2014, Indignación, Unasse y Oasis de San Juan de Dios presentaron ante el Tribunal Constitucional de Yucatán una demanda de “Acción contra Omisión Legislativa y Normativa” en contra del Congreso estatal por haber violado los derechos de las parejas homosexuales a contraer matrimonio, violación cometida a través de una omisión legislativa tanto en la Constitución Política como en el Código de Familia del Estado. Por lo tanto, instaron al Tribunal Constitucional para que ordenara al Congreso a modificar las leyes de tal forma que reconocieran el matrimonio y concubinato a personas del mismo sexo pues, de no hacerlo, estarían violentando derechos humanos al excluir a este tipo de familias.

Pese a lo anterior, en marzo de 2015 el Tribunal Constitucional de Yucatán discutió el proyecto de sentencia redactado por el Magistrado Santiago Altamirano Escalante, el cual reconocía la omisión legislativa en materia de matrimonio igualitario. Sin embargo, una mayoría de 7 contra 4 votó en contra del proyecto declarando improcedente la demanda promovida por las organizaciones.

Ante ello, en mayo de 2015 se interpuso una demanda de amparo directo, misma que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, que confirmó lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Finalmente, en septiembre de 2016 se interpuso recurso de revisión ante la SCJN en contra de la determinación del Tribunal Colegiado, el cual se radicó en la Primera Sala, registrándolo como Amparo Directo en Revisión 5459/2016 y turnándolo a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Es importante destacar que a la fecha se han promovido en el Estado de Yucatán más de 40 amparos para contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.

Está en manos de la SCJN otorgar el amparo, para efecto de que el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán ordene al Congreso del Estado que subsane la omisión legislativa establecida en la propia constitución de Yucatán y en el Código de Familia al no contemplar el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo.

En ese sentido, el próximo miércoles 3 de mayo la Primera Sala de la SCJN votara el proyecto ya referido, que en su parte conducente señala lo siguiente: “debió declararse procedente la acción por omisión legislativa, en virtud de que el principio de no discriminación y la regulación del derecho de igualdad, contenidos en los artículos 1 de la Constitución Federal y 1 de la Constitución de Yucatán, sí constituyen mandatos expresos que obligan a las autoridades a actuar para eliminar cualquier acto discriminatorio” (pág,31).

El proyecto también menciona que los artículos que regulan el matrimonio y el concubinato en el estado “[…] pudieran generar por sí mismos un efecto discriminatorio, al distinguir implícitamente entre las parejas de distinto sexo y las parejas del mismo sexo: a las primeras les está permitido el acceso al matrimonio y concubinato, mientras las segundas no tienen esa posibilidad. De esa forma, por lo menos de la lectura inicial de dichos preceptos pareciera que el ordenamiento de Yucatán no contempla acciones que den cumplimiento al principio de no discriminación, por lo que debiera declararse procedente la acción por omisión legislativa y, en su caso, dentro del fondo del asunto estudiar de manera integral el ordenamiento para determinar si efectivamente existe dicha omisión” (pág. 37).

Es un reto, y por lo tanto, un gran paso el que pudiera dar la Primera Sala de la SCJN si decidiera amparar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que el caso reviste una particular trascendencia social en la reivindicación de los derechos de las llamadas minorías sexuales que constantemente han luchado por el pleno reconocimiento de su derecho a la igualdad. Además, esto permitiría que la Corte continúe desarrollando importantes criterios y estándares que permitan hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación, reconociendo el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, concubinato y, en consecuencia, a fundar una familia. La oportunidad está en manos de la Suprema Corte.

Firma aquí la petición en Change.org.

 

* José Orvelín Montiel Cortés y Jorge Fernández Mendiburu son Abogados del Equipo de Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

 

 

Expediente 1/2014. Dicho expediente puede ser consultado parcialmente en el portal oficial del Poder Judicial del Estado de Yucatán a través de este enlace.

Actualmente esta prohibición se encuentra contemplada en el párrafo segundo y tercero del artículo 94 de la Constitución yucateca y el artículo 49 (matrimonio) y 201 (concubinato) del Código de Familia estatal.

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