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México debe mejorar la transparencia de la información para avanzar en la gobernanza del sector extractivo
Las instituciones del Estado, como la SEMARNAT y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, deben trabajar para mejorar el acceso público y la transparencia de la información relacionados a la explotación minera e hidrocarburífera del país, si se proponen luchar por la defensa del medioambiente y contra la corrupción.
Por Alonso Hidalgo
8 de septiembre, 2021
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La gobernanza del sector extractivo en México tiene en la transparencia de la información uno de los retos más importantes para las instituciones del Estado encargadas de su gestión y de la medición de los impactos de estas actividades económicas.

Desde el inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió “rescatar” al país de las políticas neoliberales que, según él, acarrearon una de las peores crisis de corrupción de la historia y que es una “característica distintiva de este sistema”. Así, el Proyecto 18, la hoja de ruta de la administración actual apuesta por la soberanía de los recursos y señala a la política neoliberal que promovió la Reforma Energética de 2013 como la responsable de la caída sistemática de la producción petrolera y la reducción de la capacidad de refinación. Por eso, el Gobierno quiere devolver a Pemex su protagonismo.

Este discurso de soberanía en el manejo de los recursos naturales también se enfoca en el sector minero. López Obrador ha sido bastante crítico frente a la extensión de territorio concesionado a la gran minería privada —aproximadamente 20 millones de hectáreas divididas en más de 25 mil títulos mineros—, por lo que el ejecutivo detuvo la entrega de nuevas concesiones mineras y anunció que revisarán las concesiones que se superponen con áreas naturales protegidas. Pero, el giro de la administración actual en cuanto a la mejora de las políticas relacionadas con el manejo de los recursos naturales pasa aún desapercibido.

El sector extractivo bajo la lupa

En su edición 2021, el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR) llevado a cabo por Natural Resource Governance Institute (NRGI) evalúa los dos primeros años del gobierno de AMLO (2019-2020). El IGR se centra en políticas y prácticas asociadas a la transparencia y rendición de cuentas del sector extractivo. Es la primera evaluación que captura el impacto de los cambios de política en la gobernanza de la minería y el sector de hidrocarburos.

De acuerdo con el Índice, en el sector petrolero destacan las políticas asociadas con el proceso de licenciamiento privado, así como la disponibilidad de datos abiertos relacionados con la producción, reservas y catastro. Pero, estas fortalezas responden principalmente a la infraestructura institucional heredada de la reforma energética e implementada por un regulador independiente como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

En las áreas de política relacionadas con Pemex, se encuentra que hay algunos aspectos que no han tenido mayores avances al comparar la reciente evaluación con las realizadas en 2017 y 2019, y que podrían tener impactos en la lucha contra la corrupción.

Por ejemplo, la estatal petrolera no cumple con divulgar gastos en actividades no comerciales más allá de las donaciones que realiza anualmente, por tanto, estos gastos quedan invisibilizados. Pemex tampoco divulga la información sobre la totalidad de los socios en sus proyectos conjuntos, y debe mejorar la transparencia relacionada con el gasto y las ventas de los commodities. La información sobre volúmenes de producción, valores y compradores de la producción de las empresas estatales debe ser desagregada a nivel de venta individual, y estos datos deben estar disponibles al público en aras de la transparencia y el derecho a la información.

Por otro lado, en el sector minero se observan problemas relacionados con la falta de fuentes de información centralizadas. El registro de concesiones actuales en Cartominmex es incompleto, se encuentran en formato no descargable y no existen cifras actualizadas sobre reservas y producción minera por empresa.

Las nuevas reglas del fondo minero dan más peso al Gobierno Federal afectando así la trazabilidad de las transferencias de recursos. Bajo el modelo actual, se elimina la figura de transferencias a entidades subnacionales y convierte a la Secretaría de Educación en la principal receptora de los recursos. Esta medida, pensada en reducir brechas específicas, dificulta la trazabilidad del dinero proveniente de la minería hacia los territorios afectados por esta actividad.

En cuanto a la transparencia ambiental, existen aún ciertas limitaciones. Según los resultados del IGR 2021, tanto el sector minero como el sector hidrocarburos tienen problemas para implementar medidas que garanticen el acceso a información relevante sobre los impactos locales (sociales y ambientales) de las industrias extractivas.

Los problemas empiezan debido a la publicación inconsistente de estudios de impacto ambiental, tanto desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como desde la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Los canales de acceso a estos estudios se reducen a solicitudes de acceso a la información dirigidas a las distintas entidades, sin que la información se haga pública de forma proactiva. A esto se suma que el artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), permite a las empresas preservar la confidencialidad de la información que consideren estratégica.

Una agenda impostergable para los tomadores de decisión

Los problemas encontrados tanto en el sector minero como en el sector hidrocarburos no son propios de la actual administración. Los puntajes del Índice nos permiten observar que los retos del sector extractivo persisten y que problemas como la falta de información sobre la venta de commodities, la ausencia de una lista completa y comprehensiva de socios de Pemex, así como la baja trazabilidad de las transferencias subnacionales del sector minero pueden incidir en la corrupción.

No hablamos de males inherentes del neoliberalismo, como señala López Obrador, sino de problemas institucionales que pueden solucionarse implementando políticas necesarias para ampliar la transparencia del sector extractivo.

El relativo buen desempeño del sector hidrocarburos, según los resultados del IGR 2021, guarda relación con la infraestructura institucional puesta en pie durante la reforma energética para administrar contratos. El sector minero, compuesto íntegramente por empresas privadas, podría también contar con canales de seguimiento y monitoreo de las operaciones mineras que se equiparen al sector hidrocarburos. En este sentido, la eliminación de la Subsecretaría de Minería del organigrama de la Secretaría de Economía ha sido un error que va en contra de la consolidación de la institucionalidad del sector.

Por eso, tanto el sector hidrocarburos como el minero necesitan agilizar la presentación de información socioambiental a las poblaciones afectadas por sus actividades. Los planes de mitigación ambiental, así como los estudios de impacto social necesitan ser accesibles al público. La legislación relacionada con este sector debe ir de la mano con políticas que se implementen de manera eficiente y efectiva. El Gobierno y los tomadores de decisión deben apoyarse en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sólidos, que permitan implementar políticas que sean efectivas para acabar con los lastres históricos del sector extractivo.

Alonso Hidalgo es funcionario del Natural Resource Governance Institute (@NRGInstitute) para América Latina.

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