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México, sin plan de recuperación económica frente al COVID-19
México se encuentra cerca de entrar a la fase 3 de la pandemia por COVID 19 y no cuenta con un Plan de Recuperación Económica bien estructurado para contener sus efectos en la economía.
Por Alejandro Alegría Matus
8 de abril, 2020
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Después de una gran expectación por el anuncio que se haría el domingo 5 de abril, el balance es simple: México se encuentra cerca de entrar a la fase 3 de la pandemia por COVID 19 y no cuenta con un Plan de Recuperación Económica bien estructurado para contener sus efectos en la economía. El gobierno federal había anunciado que, para dicha fecha, el presidente de la República daría a conocer un Plan de Recuperación Económica; sin embargo, el citado plan nunca llegó. Las hojas de las libretas donde se tomaría nota puntual de las medidas anunciadas quedaron en blanco, pues únicamente se esbozaron algunas medidas sueltas que repiten lo que ya se había dicho a lo largo de toda la actual administración. Pero nada que muestre integralidad y comprehensividad en las acciones frente al COVID-19.

Aun cuando no existe un plan de recuperación económica como tal, el presidente informó que “se utilizarán los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), los recursos de los Fideicomisos, créditos de la Banca de Desarrollo, y que se continuará con mayor rigor el programa de austeridad republicana”.

Algunos países han anunciado planes que destinan recursos equivalentes al 15% o al 10% de su PIB. En México la cifra es muy inferior. Por superávit primario cancelado se obtendría 0.7% del PIB. Por ahorros que aún se tienen en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) alrededor de 0.5% del PIB. Por Fideicomisos extinguidos un aproximado de 1% del PIB. En total, un aproximado de 2.2% del PIB. Se necesita mucho más. Si bien es cierto que no podemos destinar igual cantidad de recursos que los países con mayor riqueza, también parece ser muy poco lo que estamos destinando.    

Complementariamente, el pasado 18 de marzo la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Deuda para crear un fondo emergente denominado “Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias con el cual el gobierno federal podrá contar con recursos a través de financiamiento por hasta un monto que sea igual o menor al 100% del balance primario positivo”1. Si el Senado aprueba también esta medida, para el gobierno federal significa recibir hasta un máximo de 180,733 millones de pesos. Si el Senado también aprueba la reforma, México habrá abandonado por completo el objetivo de alcanzar un superávit primario de 0.7% del PIB en 2020.

Durante el informe trimestral presentado la tarde del domingo 5 de abril, en términos de inversión pública se dio a conocer la continuación de la construcción de la Refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, seguir los trabajos para construir el Aeropuerto Felipe Ángeles y la firma próxima de la primera etapa del Tren Maya, cuya última etapa también será construida por el ejército.

En términos de gasto social se anunciaron una serie de medidas como adelantar 4 meses de apoyo a los adultos mayores del país, así como becas para niñas y niños discapacitados, los cuales son muy útiles para los beneficiarios y sus familias; medidas que aunque buenas, son enteramente insuficientes para controlar una emergencia sanitaria como la que se vive hoy en nuestro país. Faltó el componente fiscal. El único anuncio en términos de política fiscal fue el compromiso de devolver con prontitud el IVA a las empresas. Ni una palabra de estímulos fiscales. Nada de medidas para brindar incentivos fiscales a las personas físicas que lo necesiten en esta difícil situación.

El presidente informó a la nación que será a través de “mayor inversión, empleo pleno, créditos de la banca de desarrollo, honestidad y austeridad republicana” como se habrá de superar esta crisis transitoria. Informó que se reducirán los sueldos de los servidores públicos y que no cobrarán aguinaldo, desde subdirectores hasta el presidente. También informó que la próxima semana se presentará un plan de inversión de proyectos en el sector energético por un monto de 339 mil millones de pesos y que en conjunto con otras medidas esto permitirá crear 900 mil empleos en tan solo 9 meses y que se evitará a toda costa el endeudamiento del país (aunque el abandono del superávit primario implica endeudamiento). Cabe recordar que el plan de inversión en proyectos energéticos ya había sido proyectado mucho antes de la aparición de la pandemia, y se había retrasado, por lo cual, no debería contabilizarse como recurso para contener los efectos causados por el COVID-19.

No obstante, si se analizan objetivamente los indicadores de finanzas públicas y de la economía nacional en general no se ve cómo podría alcanzarse el objetivo de creación de empleo mencionado. Inyectar dinero a la economía a través de la inversión pública y distribuir recursos a través de los programas sociales constituyen dos de las tres piezas que debería contemplar la estrategia para contener la crisis económica creada COVID 19. La tercera pieza, la pieza faltante, la constituyen los estímulos fiscales: diferimiento (que no condonación) del pago de impuestos durante marzo, abril y mayo para empresas de todos los tamaños a fin de garantizar tanto su liquidez para evitar quiebras y el despido de trabajadores. También podría diferirse el cobro de las cuotas obrero-patronales correspondientes a marzo, abril y mayo. Nada de esto se informó. Ninguna medida de alivio fiscal fue implementada.

De acuerdo con lo anunciado, el fisco mexicano vive una normalidad espeluznante, una suerte de autismo fiscal sorprendente, en medio de una de las mayores contingencias vividas por la humanidad en la historia reciente. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de esta inacción fiscal?

Primero. Que la economía decrezca de manera más pronunciada. La Secretaría de Hacienda y Crédito público ya considera que la economía mexicana en 2020 podría observar una caída de hasta 3.9% del PIB. Otros expertos calculan que la caída será mucho mayor. Hay que recordar que en 1995 la economía nacional cayó 6.3% del PIB y en 2009 lo hizo 5.3%. De ahí la importancia de un plan de recuperación económica, ya que podría amortiguar la caída y lograr que esta no sea tan grande.

Segundo. Un adecuado plan de recuperación económica atiende a la economía en su conjunto sin dejar fuera a sectores importantes. Recordemos que durante el FOBAPROA la vía que se utilizó fue criticable porque se rescató a los bancos, pero no se atendía las necesidades específicas de los ahorradores. El rescate en aquella modalidad fue criticable porque se cargó hacia un extremo. La vía FOBAPROA dejó al ahorrador en segundo plano. Hoy se ve con preocupación que las medidas anunciadas la tarde del domingo se recargan hacia el otro extremo. Por esta vía, prácticamente no se toma en cuenta al sector privado. Este es el otro extremo indeseable en una adecuada política pública. Hoy se requiere tomar experiencia del pasado. Se debe propiciar el equilibrio en el diseño e implementación de la política pública para enfrentar la pandemia.

Tercero. Hoy la fórmula debe contener tres ingredientes igualmente importantes: inversión pública, apoyos sociales, y estímulos fiscales. La inversión pública para inyectar dinamismo a la economía y evitar una caída mayor del PIB. Los apoyos sociales para que la población tenga recursos económicos a la mano para cumplir con el mandato “quédate en casa” y al mismo tiempo pueda adquirir lo necesario para sostener a la familia. Los estímulos fiscales para mantener la liquidez de las empresas a fin de evitar quiebras y sobre todo evitar a toda costa el despido de trabajadores.

Sin alguna de estas tres piezas, los efectos económicos causados por el virus COVID 19 pueden alcanzar niveles alarmantes. Es muy deseable que en los próximos días haya una ampliación de medidas por parte del Ejecutivo Federal y que se diseñe un Plan Integral de Recuperación Económica con inversión pública, apoyos sociales y estímulos fiscales, que integre a todos los sectores y que disponga de recursos suficientes.  

* Alejandro Alegría Matus (@ALEALEGRIAGLM), investigador en Finanzas Públicas de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

 

1 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria 18 de marzo de 2020. Número 5480 IX. Disponible aquí.

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