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Microextorsión, lavado y tráfico de personas operando en Colombia y México
Por Yarima Merchan Rojas
26 de junio, 2019
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Colombia y México son países expulsores (y receptores) de personas, y aunque la geopolítica nos ubica en lugares privilegiados para el comercio y con una vasta riqueza social y cultural, estos factores nos han convertido en terrenos de disputas económicas y políticas, llevándonos a compartir la resistencia de nuestros pueblos, la migración forzada, las luchas contra la violencia, la desaparición forzada, el narcotráfico, las desigualdades económicas y sociales.

Quienes vivimos en México nos hemos enterado de la propagación del ‘gota a gota’ por noticias en medios mexicanos que informan sobre “bandas de criminales colombianos” que extorsionan a pequeños comerciantes en diversas ciudades del territorio. Televisa, Milenio, el Universal, Proceso y Excélsior se han encargado de informar, en ocasiones sin mucho rigor o cuidado, acerca de la existencia de estos grupos.

Este artículo hablará, de forma general, sobre la migración colombiana en México y la —no tan reciente— propagación de redes de microextorsión y agiotaje bajo el modelo conocido como ‘gota a gota’, generado en Colombia.  El ‘gota a gota’, ‘préstamo exprés’ o ‘prestadiario’ es un sistema de préstamos informales que implica muchos riesgos para las personas que los aceptan. Por un lado, al tener un carácter informal, no existe un acuerdo garantizado: los prestamistas tienden a subir los intereses (del 20 al 200%), y, además, las víctimas se arriesgan a un sistema de cobranza que incluye amenazas, robos y hasta la muerte (en el caso colombiano). Otro tema que debemos tener presente es el origen de este dinero, pues muchas veces está ligado a la delincuencia o al lavado de divisas. En Colombia este problema lleva bastantes años y se han realizado algunos análisis al respecto. Aunque la actividad del préstamo informal es legal en muchos países, lo que empezó a problematizar el asunto en Colombia fueron los delitos asociados que ha generado, y la vinculación con redes delictivas mayores.

Un texto de la BBC cita al investigador Román Ortiz, quien menciona tres razones para la proliferación de los ‘prestadiarios’ en la región: “1. Los Estados latinoamericanos no tienen mecanismos adecuados para proteger a sus ciudadanos en zonas empobrecidas y alejadas, donde grupos extorsionadores pueden operar. 2. La falta de funcionamiento del sistema judicial que genera informalidad e ilegalidad. 3. La baja bancarización de las personas, que no pueden acceder a créditos y están obligadas a moverse en la economía informal”. En Colombia, la Policía Nacional ha realizado algunas campañas preventivas con el fin de informar a la comunidad, sin embargo, el problema implica mayores retos. El Ministerio del Interior peruano lanzó la campaña #NoPrestesTuVida, una iniciativa para prevenir sobre esta actividad por los peligros que conlleva. Este delito afecta principalmente a comerciantes, trabajadores de la economía informal, microempresarios o personas que una vez que reciben los préstamos, se ven comprometidas en una cadena de intimidación y violencia, que muchas veces resulta en riesgos para ellos, sus familias o su patrimonio.

Andrés Nieto, investigador de la Universidad Central de Colombia, señaló en una entrevista para Caracol radio que el ‘gota a gota’ en Colombia mueve unos 860 mil dólares al día, y que tiene una estructura con cuatro roles básicos: volanteros, administradores, cobradores y jefes de seguridad. Nieto anota que el préstamo se ofrece con publicidad (con volantes) que anuncia los préstamos sin necesidad de fiador u otros respaldos, solicitan identificación y datos particulares. Asimismo, señala que en Colombia el ‘gota a gota’ en sí no es un delito, pero se eleva cuando se incurre en otros delitos, como la usura (cobro de intereses elevados) o la amenaza o la extorsión (que sí están tipificados).

La investigación titulada “Microextorsión en Colombia: caracterizando el delito desde Medellín, Cartagena y Bogotá, 2011-2014” elabora una primera caracterización del perfil de los victimarios, “[…] suelen ser jóvenes entre 18 y 25 años, son vulnerables a la influencia de terceros, tienen niveles mínimos de escolaridad, están ubicados en sectores con condiciones sociales desfavorables, escasa ocupación laboral y remuneración exigua, en entornos familiares disfuncionales, para quienes la microextorsión es el primer delito que cometen”. Este informe recoge información sobre la percepción que tienen los victimarios y las víctimas: los victimarios desconocían que era una modalidad delictiva, aunque describen con claridad los métodos: “a través de la utilización de la amenaza” se recogen las cuotas. El informe señala que 91 % de ellos desconocían el marco legal de la microextorsión, tampoco las sanciones a las que se enfrentaban, pero sí reconocieron que las víctimas no denuncian por el miedo que les generan y la percepción de que “no existen estrategias y/o un organismo que impida que se materialicen las amenazas”. Las víctimas identificaron este esquema “[…] como modalidad delictiva de la extorsión, y la conceptualizaron como un delito de alto impacto, por la vulneración de derechos personalísimos: la libertad, autonomía, intimidad, locomoción, propiedad personal, integridad física, trabajo. Del delito se derivan afectación psicológica, desestabilización familiar, dificultades en las relaciones laborales y sociales e incluso desplazamiento, en razón de que su ejecución y efectos se pueden prolongar en el tiempo”. En este sentido, el informe menciona que las amenazas producen afectaciones psicológicas que incluso las llevan a las personas a no denunciar o a desplazarse hacia otras zonas geográficas (ibídem).

Quienes vienen a trabajar como prestamistas a México seguramente desconocen la legislación vigente y las condiciones sociales de este país. Al ingresar a territorios donde existen guerras de mafias por el control de los negocios ilícitos, los riesgos aumentan.

Ahora bien, ¿quiénes son las personas de origen colombiano que viven en México? ¿Qué características tiene este flujo migratorio? Estas dos preguntas apenas están siendo abordadas tanto por algunos investigadores como por la misma comunidad migrante. Normalmente, esta necesidad de reconocimiento aparece frente a casos como los feminicidios de colombianas en México (aquellas que nos dijeron que se tiraron por los balcones), las noticias sobre connacionales cometiendo delitos, los ciudadanos de origen colombiano asesinados o desaparecidos, o cuando escuchamos de personas que han sido víctimas de redes de trata.

Acto de colombianas y colombianos en México en solidaridad con las víctimas. Ángel de la Independencia, 2018. Foto: Elizabeth Arrieta.

Un reciente informe sobre las colombianas y colombianos en México (#ColombiaMapMx) menciona un crecimiento acelerado del flujo migratorio: “[…] en los primeros 15 años del siglo XXI, la población colombiana en México se triplicó, la pasar de 6,215 personas en 2000 a 18,735 en 2015. Este documento señala que la migración colombiana en México es feminizada (casi el 60 % somos mujeres), y con un alto grado de escolaridad: 7 de cada diez personas colombianas residentes en México contaban con un título universitario, un nivel más alto que el de la población mexicana general y del resto de la población extranjera residente en México (Bermúdez, R. E., 2012, citado en Población colombiana en México, Informe 2017).

Según información de #ColombiaMapMx, de una muestra de 2,672 estudiantes de origen colombiano activos durante el periodo que va del 2010 a 2015, el 88 % estaban inscritos a un posgrado (UNAM, UAM, IPN y Cinvestav), principalmente en ciencias de la salud o médicas, seguidas de las ciencias ambientales, física, química, matemáticas y ciencias sociales, entre otras. La comunidad colombiana en México se establece principalmente en los siguientes estados: Ciudad de México 34,1 %, Estado de México 12,2 %, Nuevo León 6.8 % y Jalisco 6.6 %.  Estos datos se refieren específicamente a las personas de origen colombiano que han optado por hacer de México su país de residencia, o a quienes han venido a trabajar o a estudiar alguna especialización (hay que reconocer el importante papel de México en la educación de muchos connacionales).

Así, la mayoría de las personas colombianas en México obtienen su documentación por razones de trabajo o educación (más del 50 %) o por reunificación familiar (familias binacionales o unión de familiares cercanos). Siguiendo los datos expuestos en el citado informe, seis de cada diez personas de origen colombiano en México pertenecen a la población económicamente activa, 2 se dedican a tareas del hogar, 1 es estudiante y 1 es jubilada o incapacitada para trabajar. En suma, se trata de una comunidad activa que cotidianamente realiza grandes aportes económicos al país.

Acerca de la población indocumentada existe poca información disponible, así como sobre quienes están en tránsito o quienes ingresan como turistas y deciden realizar otro tipo de actividades, o de quienes vienen a trabajar como parte de bandas delictivas. Tampoco conocemos mucho sobre las mujeres que han llegado como víctimas de redes de trata de personas o de quienes huyen de situaciones violencia.

La Ley de migración del 2012 restringió las condiciones para permanecer y cambiar de condición migratoria (limitando el ejercicio de algunos derechos). Con la entrada en vigencia de esta ley se permite ingresar al país sin necesidad de una visa, lo cual ha generado el mismo fenómeno que ocurre con muchos migrantes que entran a Estados Unidos y deciden realizar oficios temporales (extendiendo al máximo la posibilidad de permanencia como turistas). Un ciudadano extranjero tiene entonces mayores dificultades para acceder al derecho al trabajo de forma documentada, pero la facilidad de entrar como turista y permanecer hasta 180 días en territorio mexicano.

Bajo estas condiciones, al Instituto Nacional de Migración —que es el gran el gran regulador del ingreso al país— le corresponde decidir quién reúne las condiciones para ser admitido o no al territorio mexicano. Al respecto, muchas personas que no han sido admitidas han denunciado en redes sociales haber sufrido actos de intimidación, extorsión, detención arbitraria o amenazas (1). Por su parte, hasta el 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía registradas 239 quejas por parte de personas de origen colombiano en México, cuyas causas fundamentales son: la violación del derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la vida, la salud y la integridad, el derecho a la libertad, la igualdad y la legalidad, entre otros. El Consulado de Colombia en México ha recibido tan solo 109 quejas en los últimos 5 años relacionadas a procesos de inadmisión en los ingresos al país.

El informe #ColombiaMapMx recabó percepciones positivas y negativas de la población colombiana en México  con relación a las autoridades en México, y señala que algunos de los problemas con las autoridades mexicanas (policía federal y municipal y el INAMI) están relacionados con  una percepción de miedo, la corrupción, el trato discriminatorio, la recurrencia a interrogatorios, la demora en revisión y entrega de maletas (en el caso aeroportuario), la demora en trámites y la falta de capacitación de los funcionarios.

Sumado a esto, hasta abril del 2019, el Consulado General de Colombia en México tenía 32 reportes de desaparición forzada y 99 presuntos homicidios de personas colombianas en México. Sobre las (también) víctimas relacionadas al negocio del ‘gota a gota’, en pláticas en el Consulado General de Colombia en México se reflexionó en que muchos de estos chicos no tenían antecedentes penales en Colombia (por lo que se pudiera pensar que para algunos fue su primera actividad en redes delictivas), y estaban en edades muy jóvenes.

Ante la complejidad social y criminal que se vive en México, es importante reconocer cómo se conecta la microextorsión con otras empresas delictivas, atacar a la última cadena (los volanteros que traen a ofrecer dinero y cobrar) no soluciona el problema de raíz. Las redes de narcotráfico, lavado y extorsión entre México y Colombia tienen estructuras de trabajo y relaciones desde hace más de 30 años, según reporta la Revista Semana. Este medio recoge un informe de Migración Colombia que evidencia que en los últimos cinco años (hasta el 2017) el tránsito migratorio de mexicanos se duplicó, al pasar de 85.492 entradas a Colombia en 2012 a 175.997 en 2017, señalando que la entrada de ciudadanos mexicanos cambió las ciudades turísticas por pueblos remotos, curiosamente ubicados en zonas cocaleras como Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander y otras como Meta, Guaviare y Risaralda. En Colombia “el 28% de las judicializaciones a ciudadanos mexicanos corresponden a delitos relacionados con narcotráfico”, concluye el informe. En el 2017, el diario colombiano El Tiempo reportó también que los carteles del narcotráfico mexicanos han desplegado un mayor número de mexicanos en Colombia para comprar drogas, porque enfrentaron dificultades para garantizar el suministro de sustancias ilícitas a USA., en vez de trabajar con un solo proveedor capaz de suministrarles 10 toneladas, ahora tienen que encontrar 10 diferentes que les entreguen una cada uno. Me pregunto si se relaciona el negocio del préstamo ‘gota a gota’ con redes de lavado de dinero y narcotráfico internacionales, ¿de qué formas? ¿Cómo funcionan estas redes entre Colombia y México? ¿Quiénes son los jefes de seguridad, los intermediarios y los patrones?

Por su parte, en enero del 2019, la jefa del Gobierno del D.F. y la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, organizaron una conferencia de prensa para promover “[…] una estrategia para combatir el préstamo de dinero conocido como ‘gota a gota’, que termina en extorsión y amenazas y que, desde al menos 2015, realizan algunos mexicanos y personas de nacionalidad colombiana en pequeños comercios de la capital del país”. Según el diario Proceso en el 2015  —desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera— ya se tenía conocimiento de estas actividades. En dicha conferencia de prensa se mencionó que junto, con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, la Embajada de Colombia en México y el Instituto Nacional de Migración (INM) trabajarían para “buscar una estrategia para combatir el tema”. Por su parte, el Consulado General de Colombia en México ha señalado que en tanto que el préstamo ‘gota a gota’ no es un delito tipificado en la ley federal mexicana, la información que las autoridades locales tienen varia en fondo y forma. En este sentido, señala que “[…] con el fin de desmantelar estas bandas delincuenciales, desde esta misión (consular) se ha expresado en todos los escenarios la necesidad de que se tomen medidas necesarias tendientes a que dichas conductas puedan ser tipificadas como delito en la medida en que transgredan bienes jurídicos tutelados protegidos por la ley mexicana”.

Si bien es fundamental que las autoridades de ambos países reconozcan y trabajen por atender estos problemas, las estrategias deben ser muy cuidadosas en al menos tres dimensiones: 1. Evitar el fomento de la discriminación, aporofobia, estigmatización y xenofobia desde las entidades gubernamentales (en sus programas y en la comunicación institucional). 2. Trabajar sobre un diagnóstico integral y realizar investigaciones que permitan atender el problema y tener en cuenta las dimensiones y heterogeneidad de este, más allá de atacar la punta del iceberg (los volanteros y/o los cobradores), y 3. Proveer mecanismos legales que funcionen para las víctimas de estos delitos, pero que también garanticen el debido proceso y los derechos humanos de todas las personas involucradas. La legalidad basada en los valores de protección a la vida y al respecto de las garantías de acceso a la justicia para todas las personas no deben perderse de vista, evitando diferenciar “a los ciudadanos de bien” de los que pareciera que no la merecen “por pobres”, “por vándalos”, “por migrantes”.

Sobre los lugares con una  mayor presencia del fenómeno ‘gota a gota’, el Titular de Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, comentó en una entrevista que el ‘gota a gota’ se ha detectado principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Quintana Roo (aunque muchos medios de comunicación refieren que se han expandido a muchos otros estados de la república). Coincidentemente, el registro consular colombiano menciona que los estados de México en donde más se cometieron o reportaron delitos sobre personas de nacionalidad colombiana relacionados con homicidios son: 36 Ciudad de México,15 Estado de México, 9 Morelos, 8 Veracruz, 7 Quintana Roo, 6 Michoacán, 2 (por cada Estado) en Sinaloa, Tabasco, Chihuahua, Tlaxcala y Querétaro. Aunque seguramente todos los homicidios no respondan a las mismas causas, es un dato que no deja de notarse. En cuanto a solicitudes de asistencia (al Consulado) por trata de personas, las regiones también coinciden: Quintana Roo (43 denuncias) Ciudad de México (20 denuncias), Estado de México (15 denuncias), Guerrero (3 denuncias) y Morelos (1 denuncia).

Sobre el tema, quiero plantear las siguientes ideas y preguntas:

  • Las políticas neoliberales, la violencia generalizada y la exclusión en el ejercicio de derechos han favorecido la creación de zonas de pobreza y marginación en México, Colombia y Latinoamérica. En este contexto, los sistemas legales de justicia o impartición de castigos parecen seguir una tendencia hacia lo punitivo, hacia la criminalización de la pobreza o la “mano dura”, sin generar políticas públicas que ataquen las causas fundamentales o que tengan en cuenta enfoques diferenciales (entendiendo que el contexto socioeconómico es fundamental al enfrentarse a vulnerabilidades, riesgos o empresas delictivas). Así, ciertos sectores sociales han sido etiquetados, lo cual supone una diferencia entre las “personas de bien” y los “marginales delincuentes” que merecen todo el peso de la ley. Esta tendencia, no sólo no resuelve los problemas (todos sabemos que en la cárcel nadie se rehabilita), sino que limita los derechos humanos y el acceso a la justicia, además de fomentar fenómenos como la “aporofobia”: el rechazo al migrante pobre (no al turista anglocaucásico tan apetecido por estas tierras).
  • Por otro lado, muchas personas y medios de comunicación han denunciado tratos discriminatorios por parte del INAMI en la entrada a los aeropuertos en México, principalmente al Benito Juárez de la Ciudad de México y al de Cancún. A pesar de esto, un dato fundamental es que sólo para el 2017 la Secretaría de Turismo (Sectur) reportó la entrada de 485 mil turistas de origen colombiano a México, con un gasto promedio superior a mil 200 dólares por ingreso (siendo sus destinos preferidos la Ciudad de México, Cancún y en general Riviera Maya). Las personas de origen colombiano (por encima de otros orígenes) siguen privilegiando a México como destino turístico internacional, por lo que se esperaría de las autoridades un trato respetuoso y amable, como el que reciben los turistas norteamericanos o europeos.
  • ¿Cómo funcionan las redes de criminales que traen muchachos migrantes a trabajar como indocumentados a México en el negocio del agiotaje? ¿Cuál es la relación de estas bandas con los cárteles mexicanos? ¿De dónde sale la plata que mueven estas redes? ¿Cuántas bandas operan en el país? ¿Son independientes o todas trabajan para otros grupos delictivos?, ¿cuál es su composición y estructura? ¿A quiénes más favorece este negocio delictivo? ¿Cómo “levantan” a estos chicos, qué les prometen y cómo los enganchan para que se queden en México?, ¿coerción? Sobre el negocio en la Ciudad de México, Excelsior reporta que La Unión Tepito, La Anti-Unión, Cártel Nueva Generación Tepito, Los Chineros, La Familia Michoacana y Los Aferrados, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación tienen colonias bajo su influencia. Según señalan, estos grupos delictivos dan protección a los “colombianos que entraron con visa de turistas a la Ciudad de México y se quedaron a conformar la red de gota a gota en la capital del país”.
  • Relacionado con la entrada al aeropuerto, es sabido que los funcionarios de los aeropuertos mexicanos llegan a pedir cuotas (entre 700 a 3000 dólares) por permitir el ingreso de una persona que puede o no cumplir con los requerimientos que le solicitan. En ese sentido es válido preguntarse, ¿qué papel y responsabilidad tienen como eslabones en la cadena que permite el ingreso que quienes vienen a trabajar dentro de las redes ‘gota a gota’?
  • ¿Por qué traer colombianos precisamente a realizar este negocio? Si bien muchos medios reportan que estas bandas son mexicanas, colombianas o de composición mixta, es un negocio criminal que en Colombia ha adquirido gran expertise, además me parece que, si en el proceso hay “bajas”, siempre son de menor costo político, social y mediático las víctimas migrantes (sin familia o redes, ya de por sí juzgados, en muchos casos pasa tiempo antes de que la familia se entere y puedan acceder a algún tipo de justicia).
  • Ahora bien, cuando ocurre un delito, toda persona tiene el derecho a denunciar, y es ahí cuando la estructura de justicia y las instituciones deben brindar los canales adecuados para que se den procesos de investigación sin revictimización, o estigmatización, garantizando el debido proceso. Las víctimas de extorsión tienen derecho a denunciar y a recibir protección y atención por parte de las autoridades, pero debe evitarse que se repitan casos como el de afrocolombiano Ricardo Alonso Lozano Rivas, en Tetela del Volcán Morelos, quien fue linchado frente a la comunidad y a las autoridades sin garantizar su derecho al debido proceso.
  • La cifra de casi 100 colombianos o colombianas asesinados en México en los últimos 5 años es alarmante. ¿Ya se ha condenado a los culpables? ¿Se sabe algo de las personas desaparecidas? ¿Alguien está investigando? ¿Se han dado avances de la investigación a sus familiares? Estas personas asesinadas también merecen que haya una investigación, además generan otras víctimas indirectas, como son los familiares, que tienen derecho a saber qué les sucedió a sus seres queridos. #CadaVidaVale.

Para finalizar, considero que una estrategia primordial sigue siendo cuidarnos entre nosotros: protegernos e informarnos como personas que compartimos un espacio común. Como sociedad es importante denunciar y reconocer el problema, decirlo en voz alta y alertar a los vecinos.

En este contexto, sigue siendo lamentable el papel que juegan muchos medios de comunicación que fomentan la estigmatización, la xenofobia o la discriminación contra ciudadanos de origen colombiano. La población colombiana asentada en este país es diversa y enriquece de muchas maneras la vida social, cultural y económica de México.

Es muy importante también que las autoridades refuercen los canales legales de atención a las víctimas, la confianza en las instituciones siempre se pone en duda a la hora de hacer una denuncia. La asistencia que debe darse en estos casos debe integrar investigación, protocolos de acompañamiento, denuncia (y proceso legal) y seguridad para las víctimas. Esto debe ser prioritario para los dos países y sus respectivas autoridades, así como el reconocer los sistemas de violencia que anteceden y perpetúan estos fenómenos.

La prevención de este problema debe enfocarse a evitar que haya más víctimas, pero también más victimarios, y esto no se logra sólo judicializando a quienes ya están en el negocio, la pregunta clave es cómo evitar que más jóvenes sean captados por estas bandas criminales, y cómo evitar que terminen asesinados en el extranjero y sin justicia.

El negocio del ‘gota a gota’ es una expresión de un problema más grande que está causando muchas víctimas extorsionadas o amenazadas en México y Colombia, pero también victimarios que fueron o se convierten en víctimas y que están siendo asesinados. Esta espinosa red —de delincuencia, enriquecimiento a costa de los bienes y el trabajo de las personas, usando el miedo, la extorsión, la amenaza, la captación de jóvenes sacrificables, el dinero proveniente de quién sabe qué negocios y con qué fines—, debe atenderse en toda su complejidad.

* Yarima Merchan Rojas (@Yarigui) estudió Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es editora, investigadora y activista. Lleva 21 años viviendo en México, nací en Colombia y adquirió la nacionalidad mexicana por origen.   

 

(1) Para consultar referencias:

Extorsión de cubanos en México

Venezolanos denuncian maltratos y deportaciones de México

Qué está pasando con los colombianos en México

Colombianos indeseables

Denuncian venezolanos extorsión

Realizarán “limpia” en migración

Reconoce AMLO extorsión en aeropuertos y fronteras

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