Morir identificado y buscado, y ser enviado a una fosa común
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Morir identificado y buscado, y ser enviado a una fosa común
En las fosas comunes de sólo once panteones del país hay más de ocho mil personas plenamente identificadas que pueden estar siendo buscadas, y la explicación es que las autoridades que dispusieron de sus cuerpos rara vez se dieron a la tarea de buscar a su familia antes de enviarlas a una fosa común.
Por Karla I. Quintana Osuna y Javier Yankelevich W.
23 de febrero, 2022
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Lo que da verdadero sentido al encuentro es la búsqueda y (…) es preciso andar mucho para alcanzar lo que está cerca”.

Todos los nombres, José Saramago

 

La crisis forense en México suele relacionarse solo con cuerpos no identificados –decenas de miles– apilados en planchas o enviados a fosas comunes, con falta de procesos, falta de recursos humanos y materiales, falta de información o fragmentación de la misma que impide identificarlos. Pensamos que cuando se les identifique, encontraremos a muchas personas desaparecidas que regresarán a casa. Hay, sin embargo, un universo hasta ahora poco explorado –pero de enormes dimensiones– que se suma a las crisis de desaparición y de identificación: los cuerpos de personas plenamente identificadas, con nombre y apellido, cuyos cientos o miles de familias seguramente las han buscado y continúan buscando, sin que el sistema haya sido capaz de informarles sobre su paradero.

Hablar de fosas comunes es evocar un lugar obscuro y dantesco donde los cuerpos “sin nombre”, los no identificados, son enviados a perderse junto con muchos otros anónimos. En el mejor de los casos, tienen un número con un expediente; en el peor, no existe registro alguno. Existen en Mexico más de 52 mil personas sin identificar en las fosas comunes oficiales. 1 La realidad permite intuir que este número es mucho mayor; basta con recordar que en la fosa común de Jojutla se tenían documentados oficialmente 35 cuerpos y fueron exhumados 89, muchos de ellos con ropa e identificaciones. Muchas de las personas no identificadas son enviadas a las fosas comunes con señas particulares claras –como tatuajes con nombres, por ejemplo– que no son contrastadas con los reportes de desaparición. Las madres continúan buscándolos por doquier cuando bastaría con que las autoridades revisaran, proporcionaran y compartieran la información con que cuentan.

Existe, como se mencionaba, un universo que no ha sido explorado a profundidad: las personas sin vida, pero con nombre y apellido, que son enviadas a las fosas comunes porque nadie se presentó a reclamarlos, los “identificados no reclamados”. Se cree que son personas que fueron olvidadas –si es que eso es ontológicamente posible–. Sin embargo, contrario a lo que se piensa, las fosas comunes albergan también personas con nombre y apellido,; muchas de las cuales son buscadas por sus familias pero el sistema institucional, teniendo la información, no ha sabido o no ha querido responder para buscarlas, localizarlas y regresarlas a casa.

Raúl vivía en Sonora, y su madre, con quien se comunicaba constantemente, en Durango. Al no saber más de él, en 2019, la señora denunció en la fiscalía de Durango. Raúl había sido asesinado en Hermosillo unos meses antes, se le identificó por huellas dactilares. “Nadie” lo reclamó. Terminó en la fosa común, con nombre. Adriana salió de su casa en el Estado de México en 2015 y no se supo más de ella; su familia reportó su desaparición ante la fiscalía estatal. En realidad, ella se extravió, fue atendida por instituciones de asistencia social de la Ciudad de México y murió en un albergue dos años después, donde sabían su nombre, pues ella se los dijo. Su cuerpo, con nombre, fue enviado a la fosa común, pues “nadie” lo reclamó. Samuel salió de su casa, en Puebla, en 2017. Cuando no volvió, su madre denunció su desaparición. Había sido asesinado y su cuerpo, con nombre, fue enviado a la fosa común sin que “nadie” lo reclamara.

La familia de Tania denunció, en 2019, su desaparición en la fiscalía de la Ciudad de México, que preguntó, en ese momento, a las autoridades forenses si tenían información, y la respuesta fue negativa. Un año después, su cuerpo pasó por las planchas forenses, y sin que “nadie” lo reclamara, fue inhumado en la fosa común, con nombre. Alberto se fue de Nayarit rumbo a Baja California; su familia perdió contacto con él, por lo que denunció ante la fiscalía estatal. Alberto falleció de un infarto en un rancho de Sonora, con su identificación en el bolsillo. Como “nadie” lo reclamó, fue enviado a una fosa común. 2

Gran número de estas secuencias están saliendo a la luz a partir de un proceso llevado a cabo por la Comisión Nacional de Búsqueda, que consiste en copiar –transcribir– la información de los libros y archivos de los panteones municipales –hasta ahora once en cuatro entidades–, para cruzarla masiva y periódicamente con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y luego evaluar y dar seguimiento con las autoridades locales a los posibles positivos. La base de datos en que se compila la información de las fosas comunes de los panteones tiene hoy más de 15 mil entradas tanto de personas identificadas como no identificadas. Lo que es novedoso y muy grave, en estos once panteones, es que más de la mitad de las personas inhumadas en sus fosas comunes tienen nombre y apellido, o sea, casi 8,000 personas.  Detengámonos aquí: en las fosas comunes de sólo once panteones hay más de ocho mil personas plenamente identificadas que pueden estar siendo buscadas, y la explicación es que las autoridades que dispusieron de sus cuerpos rara vez se dieron a la tarea de buscar a su familia antes de enviarlas a una fosa común.

¿Cómo es posible que las instituciones ministeriales, forenses, de asistencia social y universidades estén enviando tal número de personas identificadas a fosas comunes?, ¿cuántas de ellas están siendo buscadas por sus familias?, ¿cómo es posible que las instituciones tengan a la familia en una oficina, al cuerpo identificado en otra, y recurrentemente no lo adviertan? ¿Cómo es posible afirmar que no se reclamaron los cuerpos siendo que las familias hicieron denuncias y reportes de desaparición? Si solo se han revisado once panteones, ¿cuál es la dimensión nacional? 3 ¿Cuántas personas desaparecidas y no localizadas, de las más de 98 mil reportadas, están ahí, con nombre, sin que se haya advertido?

La crisis forense que existe en México cruza por las decenas de miles de cuerpos sin identificar. Se pensaría que las autoridades han tomado toda la información forense necesaria de esos cuerpos para identificarlos, y que saben dónde fueron colocados –si están en morgues, centros de resguardo o en fosas comunes. No siempre es así. Hay incluso casos en que los cuerpos han sido colocados ilegalmente en las fosas comunes, convirtiéndolas en clandestinas. Dantesco. En estas prácticas hay desde falta de recursos materiales y de capacidades humanas, omisiones y falencias, hasta obstrucciones deliberadas de justicia y actos ilegales. Lo que ahora se suma a esa crisis es la información de que en esas fosas comunes, no como excepción –tal como se pensaría–, sino en un importante porcentaje, hay miles de cuerpos están identificados, sin que sus familias, que los buscan, lo sepan. Y están ahí, mezclados con miles más, donde difícilmente se les puede ubicar, en el abismo de un inducido olvido.

Uno de los mayores problemas en la búsqueda de personas es de flujo de datos entre y al interior de las diferentes instituciones: la información que se necesita en un punto está disponible en otro, pero la conexión no se establece o se hace de manera muy limitada, a causa de factores como la lentitud de los intercambios y la falta de homologación en los datos. Los ejemplos referidos en párrafos anteriores son solo una muestra de ese obscuro laberinto. Lo mismo sucede si se habla de base de datos genética, de datos forenses, sobre investigaciones, perpetradores, modus operandi, personas detenidas, hospitalizadas inconscientes, o en centros de rehabilitación. La falta de información sobre las fosas comunes no es la excepción.

Existen leyes y protocolos para prevenir estas situaciones, pero hay fallas y omisiones en su implementación, tanto por razones técnicas y presupuestarias como por fuertes resistencias institucionales y falta de voluntad. Los cruces se tendrían –se tienen– que hacer de forma masiva, permanente, automatizada y proactiva, a través de bases de datos que se interconecten, y no pidiendo por oficio información sobre las personas desaparecidas, persona por persona, una y otra vez.

La Ley General en Materia de Desaparición prevé la implementación de un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas –que incluye, las identificadas no reclamadas–, a cargo de la FGR, que homologue y compile a nivel nacional la información sobre cuerpos y restos. A más de cuatro años de la entrada en vigor de la Ley, este registro no existe, y su antecesor, la base de datos AM/PM 4, es insuficiente.

En el caso de las fosas comunes es urgente contar con la información completa, sistematizada y ordenada sobre quiénes están ahí, con sus nombres y apellidos, en caso de tenerlos, y con toda la información forense necesaria para poder identificarles si no se sabe quiénes son.  Para obtener esa información hay, al menos, tres vías principales no excluyentes entre sí: recopilar toda la información de los libros y archivos en cada panteón municipal, recopilar y homologar la información de los servicios periciales y de expedientes en que se investigan homicidios y feminicidios, y exhumar todos los cuerpos de todas las fosas comunes para reprocesar cada cuerpo con una metodología estandarizada, mientras que se toman muestras genéticas –llamadas referenciales– por grupos familiares.

En relación con la información de las fosas comunes contenida en los libros y archivo de los panteones municipales –la mayoría, escrita a mano–, el levantamiento se empieza a hacer desde la CNB con la colaboración de comisiones estatales de búsqueda, y se ingresa en una base llamada Módulo de Fosas Comunes 5, que podrá alimentar el Registro Nacional de Personas Fallecidas cuando FGR lo implemente. Los resultados son claros cuando, con solo once panteones municipales, y con todas las limitaciones propias de la fuente, ya hay cientos de posibles coincidencias que deben ser corroboradas de manera coordinada con todas las autoridades. Es un paso hacia la verdad, que debe ser complementada con la entrega digna del cuerpo. Es importante decir, sin embargo, que el hecho que un libro de panteón establezca que una persona –identificada o no– está en una fosa común no significa que sea fácil ubicarla ni exhumarla y, en algunos casos, podría ser que no se encuentre ahí. Así de inverosímil. Hay historias donde familiares informan sobre cobro por cada cuerpo que se tenga que mover en una fosa común para poder sacar al de su ser querido, y también familiares que indican haber visto el cuerpo para luego no saber dónde fue colocado, o cuerpos que deberían estar en una fosa común según los datos disponibles, y luego no puede localizarse.  Sí, dantesco.

En relación con las otras dos vías para trabajar en las fosas comunes, el ejemplo con un enfoque forense dirigido exclusivamente a desaparición de personas es el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) en Coahuila, que es un proyecto de Estado entre federación y gobierno estatal impulsado por las familias. Ahí se aplica un enfoque masivo o a gran escala que implica, en primer lugar, la revisión y sistematización de la información forense disponible sobre los cuerpos no identificados; en segundo, la exhumación masiva de fosas comunes para luego volver a realizar los exámenes forenses e incluir la información ordenada en una base de datos; en tercer lugar, colocar los cuerpos en un centro de resguardo temporal de manera individualizada –sin devolverlos jamás a otra fosa común– y, finalmente, tomar muestras genéticas por grupos familiares. 6

Es fundamental entender que la búsqueda de las personas desaparecidas, como proceso de Estado, involucra a centenas de autoridades que deben asumir su obligación para tomar todas las medidas para encontrarles. En un país con más de 98 mil personas reportadas como desaparecidas, más de 52 mil personas no identificadas, y con indicios de que un alto porcentaje de los cuerpos que están en las fosas comunes tienen nombre y apellido, debemos insistir en combatir, de manera coordinada, desde todas las instituciones, al vacío, la negación y la fragmentación de información, y en nombrarles, buscarles a ellas y a sus familias, y en evitar que vuelvan a desaparecer.

¿Hacia dónde ahora? Por un lado, necesitamos una marabunta de pasantes de las universidades de todo el país que, luego de ser capacitados, vayan, en cada uno de sus estados, al más remoto rincón para levantar la información necesaria de las fosas comunes de los panteones municipales, para alimentar el Módulo de Fosas Comunes y que la CNB pueda hacer el cruce con el registro de personas desaparecidas, para luego reconstruir la historia de cada persona localizada, y para poder informar debidamente a cada familia.

Por otro lado, necesitamos replicar el ejemplo del Centro Regional de Identificación Humana. Se comienza un esfuerzo similar en Jalisco y debería ser replicado en todo el país. Para ello, además de recursos humanos y materiales, se requiere capacitación en una metodología específica. Pero más que eso, se requiere romper con las inercias de las fiscalías que, en su mayoría, se oponen o resisten sin fundamento legal sólido a la intervención de otras instituciones para la búsqueda de identificación humana.

También, para prevenir que una persona identificada llegue a una fosa común, debemos exigir que se comparta toda información útil para la búsqueda de personas desaparecidas, aplicando una interpretación pro persona de la normativa nacional, entendiendo la búsqueda desde un enfoque humanitario. Albergues, centros de rehabilitación, hospitales, centros de detención, y toda institución que reciba personas con vida que pudieran estar reportadas como desaparecidas deben remitir la información a las comisiones de búsqueda, lo mismo que instituciones que concentren información al respecto, como hizo el INEGI en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social. No se puede permitir que estén ahí sin que su familia lo sepa, y que eventualmente, mueran, nombrados y aislados, y sean enviados al olvido de una fosa común.

Los servicios médicos forenses, los albergues, los hospitales que reciban un cuerpo o en cuyas instalaciones muera una persona identificada sin conocimiento de su familia, deben compartir inmediatamente la información, tal como lo prevé el PHB, y deben contactar a las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas en desaparición para realizar la búsqueda de familia. Ningún cuerpo identificado debería considerarse como no reclamado hasta no cumplir con el Protocolo y estar en condiciones de acreditar que se buscó a la familia de la persona. El envío de un cuerpo identificado a fosa común debería ser un evento absolutamente excepcional.

Los cuerpos de Adriana, Alberto, Raúl, Samuel y Tania nunca debieron haber llegado a la fosa común. No son “personas no reclamadas”. Sus familias se presentaron a preguntar por ellas, y problemas de gestión de datos al interior y entre las instituciones impidieron darles oportunamente la respuesta, que estaba disponible y que hubiera evitado años de zozobra y violaciones continuadas.

Nada, en cuestión de desaparición –incluida la crisis forense– en este país, es aislado. Hasta que no se entienda, no se podrá atacar la crisis de manera frontal, ni se garantizará verdad tanto desde el ámbito individual, como social.

* Karla I. Quintana Osuna es Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas. Javier Yankelevich W. es director en la Comisión Nacional de Búsqueda.

 

 

 

1 Información obtenida por acceso a la información y publicada por el Movimiento por nuestros desaparecidos. Ver aquí.

2 Todos los nombres de los ejemplos han sido cambiados.

3 218 panteones en zonas metropolitanas informaron al INEGI que tenían fosa común, cerradas o en operación. Disponible aquí.

4 El software fue donado a la FGR en 2015 por el CICR. En el informe final de la auditoría de desempeño 6-GB, la Auditoría Superior de la Federación anotó que en 2020 la base de datos AM/PM (ante mortem, post mortem) tenía 6561 entradas PM (post mortem, es decir, correspondientes a personas fallecidas).

5 En agosto de 2021, por medio de la solicitud de información, se solicitó a CNB el Módulo de Fosas Comunes con corte a esa fecha. Puede descargarse a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o accediendo directamente vía este enlace.

6 Sobre el enfoque masivo, ver aquí.

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