Mujeres universitarias y la sobrecarga del trabajo de cuidados por la pandemia
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Mujeres universitarias y la sobrecarga del trabajo de cuidados durante la pandemia
La conciliación personal, familiar y laboral facilita que cualquier persona trabajadora pueda mantener al mismo tiempo una carrera profesional plena y ejercer su derecho al cuidado de su familia.
Por Lourdes Enríquez
2 de septiembre, 2020
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Un número considerable de profesoras, trabajadoras, funcionarias y estudiantes de la UNAM se han organizado para demandar el diseño e implementación de una política institucional de cuidados que contemple los impactos diferenciados de la pandemia en la vida y el bienestar de las universitarias. La Red de Comisiones Internas de Igualdad de Género, que aglutina académicas feministas, alumnas y personal administrativo de diversas áreas, han enviado un extenso comunicado a la administración central, cuyo argumento principal sostiene que durante la actual crisis sanitaria, ellas, por su posición y condición de género, enfrentan mayores vulneraciones a su bienestar y a sus derechos humanos, debido a los obstáculos estructurales para una justa conciliación laboral, personal y familiar. Y enfatizan que en la división sexual de tareas cotidianas, las mujeres siguen teniendo una sobrecarga en el trabajo de cuidados que se ha agudizado por la contingencia sanitaria y el confinamiento en los hogares. 

El trabajo de cuidados se refiere a los bienes y servicios que reproducen la vida, son actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. Abarca, por tanto, al cuidado material que implica un trabajo, el cuidado económico que involucra un costo y al cuidado psicológico que entraña un vínculo afectivo (Batthyány, 2004). Los cuidados son esenciales para la sostenibilidad de lo viviente, incluida la sobrevivencia humana. Por ello, la conciliación entre los tiempos destinados al trabajo remunerado y a los cuidados es indispensable.

La conciliación personal, familiar y laboral facilita que cualquier persona trabajadora pueda mantener al mismo tiempo una carrera profesional plena y ejercer su derecho al cuidado de su familia, el libre desarrollo de su personalidad, su autocuidado y formación, su descanso, el disfrute de su ocio y tiempo libre. Las políticas de conciliación se enmarcan en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y desde la equidad de género en virtud del principio de justicia social (Fraser, 1997).

Desde el inicio de las medidas de aislamiento social, la saturación de centros de salud y el cierre de escuelas y guarderías, las cargas adicionales de trabajo de cuidados han recaído mayoritariamente en las mujeres, quienes, por lo general, tienen la responsabilidad socialmente construida de atender a familiares enfermos; personas mayores o con discapacidades y la tutela de niñas, niños y adolescentes.

En México, se estima que el tiempo destinado al trabajo de cuidados representa un promedio de 55 horas semanales que asumen principalmente las mujeres (ENUT, 2014). Esta situación también afecta a académicas, trabajadoras, funcionarias y alumnas universitarias, quienes han tenido que trabajar, estudiar y cuidar al mismo tiempo, con jornadas extenuantes que impactan tanto en el tiempo disponible para realizar el trabajo remunerado y no remunerado, como en su salud e integridad física y emocional.

De acuerdo a la encuesta realizada el año pasado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género relacionada con el impacto de labores domésticas y cuidados en trayectorias de las mujeres universitarias, se evidenció que las académicas dedican regularmente 24.12 horas semanales a las labores domésticas; en contraste, los varones destinan 15.58 horas semanales a este rubro. En la población administrativa las mujeres destinan 33.57 horas a la semana, los varones 21.09 horas semanales. Entre la población estudiantil, las mujeres dedican 13.43 horas semanales, mientras que los varones estudiantes dedican 11.29 horas al trabajo no remunerado en los hogares. La jornada laboral en la modalidad virtual y a distancia ha intensificado las desigualdades que aún persisten y que se enmarcan en los mandatos y estereotipos de género que históricamente se han asignado a las mujeres.

La máxima casa de estudios está obligada por ley a realizar las transformaciones estructurales necesarias para institucionalizar políticas de igualdad de género y ante la situación de excepcionalidad producida por la pandemia, la movilización de mujeres señala que es urgente que avance en la consolidación de medidas de protección que sitúen la conciliación entre la vida laboral y familiar en el centro de las normativas y las dinámicas universitarias.

Para ello se pide un impulso a estrategias de sensibilización en torno a la injusta distribución de los cuidados -visibilizando los impactos directos que tiene en las trayectorias académicas y laborales de las mujeres-, y la importancia de construir una cultura de corresponsabilidad. Entre muchas medidas emergentes se propone un registro que muestre la condición, posición y situación de las personas que realizan tareas de cuidados y tienen una sobrecarga de trabajo, con el fin de flexibilizar horarios o acceder a algún tipo de descarga docente y/o administrativa, disminuir reuniones virtuales, revisar y ajustar los esquemas y lineamientos de recontratación, evaluación y acceso a los diferentes programas de estímulos y becas. Aprobar licencias de cuidados para aminorar el estrés y trabajo que las mujeres universitarias están experimentando; ajustar calendarios y otorgar prórrogas para quienes puedan acreditar el trabajo de cuidados.

Ante las incertidumbres frente a la pandemia, la UNAM debe responder a la altura de las circunstancias en favor del bienestar de su comunidad y mandar señales ejemplares de corresponsabilidad en el sentido de hacer transformaciones culturales y estructurales que equilibren el trabajo de cuidados en los ámbitos doméstico, docente y laboral.

* Lourdes Enríquez es Integrante de las Comisiones Internas de Igualdad de Género (CinIG) de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho-UNAM.

 

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