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Nosotras tenemos otros datos: Presupuestos, políticas de austeridad y sus consecuencias sobre la vida de las mujeres
Es vital que se fortalezcan todos los servicios para prevenir y frenar la violencia contra las mujeres y que, en el caso de los refugios, se establezca un mecanismo presupuestario de evaluación y seguimiento que garantice que puedan operar todo el año sin ningún tipo de carencia, es decir, requieren una asignación permanente de recursos económicos.
Por Amaranta V. Valgañon
14 de mayo, 2020
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El pasado siete de abril, por fin se aprobó la liberación de recursos económicos para la operación de Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos (en adelante, Refugios) en México. Los Refugios han constituido una herramienta indispensable para la atención de casos de violencia, en particular de violencia letal contra las mujeres que, en medio de la emergencia sanitaria, retoman importancia pues –contrario a lo que se ha afirmado en días recientes-, tal como lo han señalado organismos internacionales y las cifras nacionales, la violencia contra las mujeres ha incrementado debido al confinamiento necesario para prevenir la propagación del COVID-19.

Desafortunadamente, lejos de considerar las necesidades específicas de los Refugios, así como de su personal y usuarias, el recurso aprobado es un parche a la problemática actual, pues si bien dota de presupuesto a estos servicios de protección especializados para mujeres y sus hijas e hijos, éste resultará insuficiente para dar respuesta al incremento en la demanda de estos espacios. Por ello, desde EQUIS Justicia para las Mujeres, compartimos en 9 puntos un análisis al respecto:

1. Empecemos por el dinero: En el caso de los Refugios que cuenten con 11 habitaciones o más (albergando cada habitación a una mujer o a una familia), el aproximado de dinero al que pueden acceder es de $443,865 para la operación básica de un año (incluyendo servicios jurídicos, de enfermería, atención psicológica, etc.) y, en caso de acreditar actividades “opcionales”, tales como cocina, traductores, intendencia, informática, podrán aspirar a un total de $509,138.

De tal forma que, si se logra acreditar que se necesitan TODOS los rubros, cada Refugio con capacidad para 11 familias o más contará aproximadamente con $42,428 al mes para la operación TOTAL. Sobra decirlo, pero el funcionamiento óptimo de todo un Refugio no se logra cubrir con esa cantidad, en particular si se considera la tendencia al alza en el número de mujeres que han solicitado sus servicios en esta contingencia; el presupuesto no considera dicha situación emergente.

2. Este restringido presupuesto limita algunos rubros, entre ellos el de “contención emocional”, asignando 112 mil pesos para el personal del Refugio y 80 mil para los externos. Esa parte, que resulta crucial en el acompañamiento en Refugios, cuenta con menos de 200 mil pesos para un año de operación -16 mil pesos aproximadamente por mes-­­ lo que resulta insuficiente ya que no sólo se requiere de una persona para realizar esta labor.

3. En términos de cobertura, el recurso sólo está previsto para 28 entidades federativas, sin que podamos saber cuáles son porque ese dato no se señala en las reglas de operación. A su vez, se indica que esto está supeditado a la disponibilidad presupuestaria, lo que tampoco es transparente ni claro.

4. En términos cuantitativos: sólo prevé como objetivo 72 Refugios (incluyendo los de la sociedad civil y los de entes públicos) por lo que, si tenemos 28 entidades beneficiarias, se estaría pensando que, en promedio, funcionen 2 o 3 Refugios por Estado, cantidad que no considera la extensión territorial, la densidad poblacional o la demanda real de Refugio según la región y, por tanto, parece insuficiente.

5. Por otro lado, el documento genera un círculo vicioso: los lineamientos para poder acceder al recurso requieren que, de no haber sido beneficiaria del recurso en el ejercicio anterior, se acredite el funcionamiento del Refugio en los 3 meses inmediatamente anteriores. Es decir, se exige que un Refugio que no contó con dinero para operar, acredite que ha operado 3 meses antes de postular para obtener este recurso.

6. Más aún, otro de los criterios establecidos exige que, antes de la recepción de la postulación, se compruebe que ya se cuenta con infraestructura y personal especializado acorde a su capacidad operativa lo que nos coloca en el supuesto anterior: si no tenían recursos para operar, ¿cómo se les pues exigir contar con una planta de personal especializado?

7. Por otro lado, llama la atención que en este ejercicio la institución intermediaria ejecutora del recurso es INDESOL y no la Secretaría de Salud como había ocurrido en los ejercicios anteriores. Si bien INDESOL tiene a su cargo el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, no necesariamente es especialista en temas relacionados con género o violencia contra las mujeres, en ese sentido, se ha obviado a las instituciones “especializadas” con las que el propio gobierno cuenta, por ejemplo, el INMUJERES.

8. Derivado de lo anterior, tal vez una de las observaciones más críticas sea que, al establecer como intermediario a INDESOL, se pone de manifiesto la intención de centralizar todo en el aparato de gobierno (Secretarias de Estado), en particular aquellas acciones que por años se han sostenido desde la sociedad civil.1

9. Finalmente, en aras de reconocer algún elemento positivo, no pasa desapercibido que el documento sí prevé algunos criterios de interseccionalidad como la atención a “población indígena”, así como estadística para el caso de los estados con mayores índices de violencia contra las mujeres.

Muy a pesar de las voces que anuncian que en este país no se ha incrementado la cifra de mujeres víctimas de violencia durante el periodo de confinamiento, es indispensable el apuntalamiento de las políticas públicas no como un acto de buena voluntad sino como parte de la obligación que tiene el Estado Mexicano con todas y cada una de nosotras. Sobre todo, en el contexto de las dos pandemias que enfrentamos: una por COVID-19, y otra que persiste y atañe a la violencia contra las mujeres.

Desde 2019 hemos visto cómo las medidas de austeridad del gobierno federal han afectado los programas sociales con enfoque de género. Entre los programas que sufrieron recortes significativos están el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el programa Salud materna, sexual y reproductiva, el programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres; entre otros.

De cara al nuevo contexto, y tal como lo hemos venido señalando, es indispensable asegurar la conservación de los programas orientados a garantizar los derechos humanos de las mujeres, particularmente aquellos destinados a la atención y prevención de las violencias. Por ello, es vital que se fortalezcan todos los servicios para prevenir y frenar dicha violencia lo que, en el caso de los Refugios, incluye establecer un mecanismo presupuestario de evaluación y seguimiento que garantice que puedan operar todo el año sin ningún tipo de carencia, es decir, requieren una asignación permanente de recursos económicos.

Es tiempo de políticas públicas basadas en el diagnóstico y análisis de información que escuchen las voces de las mujeres víctimas de violencia, así como de aquellas que hoy están en los Refugios salvando la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Hoy, como siempre, es indispensable una respuesta certera y suficiente para todas aquellas que seguimos enfrentando las múltiples formas de opresión, una de ellas, la que comparte el hogar con nosotras.

* Amaranta V. Valgañon (@vvalganon) es abogada litigante senior de @EquisJusticia.

 

1 Al respecto, recordamos la medida tomada el año pasado respecto del PROEQUIDAD 2019, uno de los financiamientos que, desde su génesis, fue pensado y destinado a actividades realizadas por sociedad civil y que, sin embargo, ha sido transferido a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas que, por supuesto, son entes estatales.

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