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Obrador: progresismo nacional popular
Si la base popular del progresismo no es capaz de movilizarse y pensar por sí misma como sujeto colectivo, perderá la dimensión emancipatoria de lo político y se dirigirá hacia el modo tradicional que hizo colapsar también a otros progresismos sudamericanos.
Por César Enrique Pineda
8 de julio, 2019
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La cuarta transformación a un año de la elección tiene tres tipos de interpretación política-ideológica. La primera, desde el fundamentalismo de mercado y el liberalismo ortodoxo, la clasifica como una izquierda socialista radical. Esta caracterización que debería ser considerada simplemente un disparate no tendría importancia si no fuera porque diversas voces intelectuales hablan de neosovietismo (Isabel Turrent) o comparan al gobierno de Obrador con la revolución cultural china (Enrique Krauze). Frente a ese dislate, la intelectualidad de la 4T, a la defensiva, trata de explicar las orientaciones de un gobierno que muy pronto ha sido atacado por la derecha, los empresarios y una parte de los medios de comunicación. Empero, su caracterización suele justificar muchas de sus contradicciones y adolece de triunfalismo y optimismo propagandístico. Por último, la interpretación de la izquierda anticapitalista ha optado por un estructuralismo poco esclarecedor, donde si no cambia el modo de producción los cambio políticos parecen no importar, homologando así a todos los gobiernos y regímenes de las sociedades de mercado.

En las siguientes líneas tratamos de caracterizar a la cuarta transformación como un progresismo nacional-popular. Lo hacemos desde una visión crítica, desde la izquierda y de manera comparada con América Latina.

1. Procesos estructurantes de la 4T

El ciclo de acumulación neoliberal mundial (1973-2008) se agotó por sus propias contradicciones y por la resistencia popular global que –a duras penas- lo frenó. La cuarta transformación (4T) es una respuesta progresista a ese fin de ciclo. En otras latitudes, dicha respuesta implicó un giro aún más a la derecha y al racismo. Trump, Le Penn y Bolsonaro son los símbolos de ese viraje. Antes, la resistencia al neoliberalismo en América Latina implicó una fase de insurrecciones callejeras e insubordinación electoral que derivó en el ciclo de gobiernos progresistas que hoy se encuentra eclipsado. La 4T nace entonces aislada de otros progresismos fuertes y en medio del ascenso de la derecha mundial. De ambos factores, nace su fragilidad exterior.

La 4T es directamente producto del estrepitoso naufragio del régimen de la alternancia. (PRI-PAN-PRD, 1997-2018). Emerge ante el triple fracaso de la guerra contra el narcotráfico, la malograda reforma del viejo régimen que terminó en una oligarquía partidaria corrompida y de una desigualdad nacional exacerbada. Del hundimiento de esa oligarquía, nace su fortaleza nacional ya que sus adversarios partidarios colapsaron.

El gobierno de la 4T es fruto obvio del liderazgo obradorista para conducir el antagonismo social contra el régimen de la alternancia, vía electoral, dentro de márgenes sistémicos. Es a la vez, producto indirecto del fracaso de otras alternativas gremiales, movimientistas y antisistémicas de la izquierda anticapitalista. De la debilidad de esas izquierdas, se fortalece también la hegemonía ideológica de la cuarta transformación.

2. Progresismo nacional-popular

Como cualquier progresismo, el de la 4T es un proyecto de refundación social gradual; es una crítica al neoliberalismo dentro del marco del capitalismo. Es un reformismo débil para moderar el poder financiero y del gran capital, limando sus aristas más filosas. Es un proyecto que cuestiona que el papel del Estado deba centrarse solamente en la acumulación de capital. Esa crítica supone una relativa protección y bienestar social estatal. El papel rector del Estado intenta materializarse por ejemplo con la suspensión de rondas de licitación de Pemex y CFE y su posterior reactivación productiva; en la prohibición del fracking o las semillas transgénicas; en la fijación de precios de garantía de productos agropecuario y en posterior impulso productivo agrario y, por supuesto, en la cancelación del aeropuerto en Texcoco o en la amenaza a los banqueros de eliminar comisiones a usuarios reduciendo sus ganancias. Es un estado interventor para estabilizar la economía de mercado, no para eliminarla.

El progresismo mexicano es una tímida fuerza redistribuidora que, mediante el gasto social, genera políticas compensatorias sin tocar las grandes fortunas del capital. Combatir la extrema pobreza sin volver la riqueza extrema un problema es otra característica del progresismo que mediante grandes transferencias a programas sociales orientados a las clases populares lograrán en efecto mover su precaria situación de pobreza, sin cambiar su lugar estructural de subordinación –como sucedió en América del Sur-. No se incluyen impuestos progresivos que afecten las rentas de los más ricos. Es una fuerza reguladora del capital más que su enemiga. La reorientación -en ocasiones draconiana- del presupuesto estatal es la forma de redistribuir, sin tocar a los poderosos.

El progresismo mexicano impulsa un reformismo social en material laboral, justicia y derechos humanos así como una agenda de libertades democráticas. Auspicia el aumento del salario mínimo, empuja actos simbólicos como el rescate de los cuerpos de los trabajadores de Pasta de Conchos, la comisión de la verdad de Ayotzinapa y sostiene posturas a favor de la legalización de la marihuana y el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo. No debe soslayarse la liberación de cientos de presos políticos. Es este eje donde el progresismo mexicano tiene mayor margen de acción y claridad.

Su carácter redistributivo débil, su reformismo y su intervención reguladora, no es ni el regreso del viejo estado de bienestar ni keynesianismo fuerte; pero tampoco es la total superación de las tendencias de mercado neoliberales. No siendo ni total continuidad neoliberal, ni fuerte estado regulador (mucho menos estado de planificación centralizada) su caracterización debe situarse en su gradualismo y por tanto en la noción de progresismo.

Ese progresismo a pesar de su moderación ha desatado la virulenta respuesta de quienes después de 30 años, siguen defendiendo el dogma neoliberal. Y esto se debe al cambio de la marea, ya que al igual que otros progresismos, la 4T tiene su centro en el carácter nacional-popular de su poder.

Mientras el neoliberalismo fue un bloque de articulación entre gobernantes y gran capital, el progresismo es un proyecto fundando en la legitimidad de una mayoría social que lo votó y la multitud que moviliza para sostenerla. Esa movilización está representada no sólo en la elección del 1 de julio, sino en mecanismos como el referéndum revocatorio, los actos masivos con participación popular y las polémicas –y malogradas- consultas populares.

El progresismo tiene un carácter nacional popular porque se funda en una base social que no puede representarse a sí misma, que no está mayoritariamente organizada ni se expresa autónomamente, y que se sostiene en una nueva relación de fuerzas, relativamente favorable a las clases populares, emergentes y movilizadas en México desde 2014 y hasta la elección. Obrador articuló la rabia popular contra la oligarquía partidaria y millones sienten que a la presidencia ha llegado uno de los suyos. El carácter plebeyo de su base social y su antagonismo contenido es lo que identifica el cambio político en México. La subestimación o desprecio de esa base social es un error analítico y también político.

En la base social del progresismo radica su verdadera fuerza, a pesar de que la 4T necesita y busca ansiosa y urgentemente el beneplácito de los grandes capitales y actores económicos. Como en otros casos en América Latina, el gran capital tolera y hasta da el beneficio de la duda sobre las tímidas políticas progresistas que, hasta ahora, no afectan del todo sus intereses. Y a pesar de ello, la polarización con fuerzas y actores de la derecha y su base social es profunda. Más allá del discurso presidencial que crea un polo antagónico contra sus adversarios (fifís, neoliberales, conservadores), la polarización es real.

La opulencia y riqueza concentradas durante el ciclo de acumulación neoliberal, dividió material y culturalmente a México en dos: el de los beneficiarios y triunfadores de la globalización por un lado y sus perdedores, mayoritarios y excluidos del otro. La emergencia de la movilización y de otras expresiones rebeldes en los últimos años ha sido respondida por una creciente oleada reaccionaria. Las opiniones homofóbicas ante la ampliación de derechos, la reacción misógina ante la movilización feminista, el clasismo racial como respuesta a la movilización obradorista o en apoyo a Ayotzinapa, la sobrerreacción discursivamente antipopulista y antisocialista por Venezuela, así como la xenofobia mostrada por la crisis migratoria son señales de un mismo fenómeno de polarización social conservadora. De manera objetiva y subjetiva el país está dividido.

A pesar de que el progresismo es un intento de recomposición de un “capitalismo benévolo”, sus adversarios desde la derecha –débiles por ahora- no aceptan este corrimiento hacia el centro progresista.

3. Las peligros del progresismo

El progresismo es también neodesarrollismo. El horizonte de transformación material de la cuarta transformación no solo es extractivista, sino intensamente neodesarrollista. La compulsión de proyectos de transformación territorial e interconexión comercial representados por el Corredor Interoceánico y el Tren Maya mantiene una línea de transformación mercantil de las sociedades comunitarias de sureste, con una racionalidad productiva que cree hacer posibles la coexistencia del mercado global con los pueblos indígenas. Más comercio regulado, más desarrollo sería la ecuación de un horizonte de progreso que no cuestiona la devastación socioterritorial que provocan los grandes megaproyectos de interconexión que destruyen sociedades no mercantiles y, por supuesto ecosistemas completos, bajo el argumento de una apertura controlada y bienintencionada.

El neodesarrollismo de la 4T se hace evidente en la acelerada construcción de la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía abiertamente violatorios de las leyes ambientales. Los símbolos políticos que representan la reactivación productiva de Pemex, así como una solución alternativa a Texcoco, están por encima de la indispensable evaluación de impacto ambiental así como de los derechos de los pobladores opositores en Santa Lucía. A pesar de que el propio Obrador ha dicho que no se debe lograr el crecimiento “a toda costa”, la trayectoria de diseño, consulta, aprobación e inicio de obras se hicieron con una racionalidad impositiva sobre pueblos y medio ambiente.

La compra de carbón de la CFE o la idea de que “no podemos tener jaguares gordos con niños pobres” representa una racionalidad tradicional que está muy lejos siquiera de dimensionar o comprender la crisis ambiental planetaria y los peligros del cambio climático. Rasgos de productivismo, desarrollismo y extractivismo, reunidos, integran un horizonte de transformación muy limitado en relación a los retos que enfrenta el país y el mundo para sobrevivir a su crisis civilizatoria.

Los procesos de consulta de Texcoco, Tren maya, Tren interocéanico y Proyecto Integral Morelos develan además el rasgo más peligroso del progresismo: el vaciamiento y manipulación de la participación popular. Lo que debió ser un ejemplo de reivindicación de la democracia participativa terminó siendo un ejercicio poco riguroso, intervenido directamente por la mano presidencial, donde se moviliza a la base social progresista no para el debate o la politización sino en apoyo a lo que el jefe del ejecutivo ya ha decidido. Es también el mejor ejemplo de su desencuentro con quien desde otra racionalidad no desarrollista cuestiona sus decisiones, negándoles la condición de interlocutores legítimos.

A pesar de su discurso, la cuarta transformación no es un proceso de protagonismo desde abajo. De hecho, el progresismo no es autodeterminación popular sino su negación. La cuarta transformación moviliza a su base social como instrumento de batalla en la antinomia pueblo-oligarquía, pero no la politiza hacia la autoorganización ni en el debate de los problemas nacionales más acuciantes. Lo nacional-popular se instrumentaliza para lograr los fines presidenciales, no para que el sujeto de cambio social sean los de abajo.

Si la oligarquía partidaria de la transición se ha desfondado, si las izquierdas antisistémicas se encuentran débiles y fragmentadas, si MORENA se encuentra desdibujada como actor político, y si la base popular del progresismo no es capaz de movilizarse y pensar por sí misma como sujeto colectivo, el progresismo depende de un solo líder, carismático, vertical y voluntarista. La cuarta transformación pierde así la dimensión emancipatoria de lo político, y se dirige hacia el modo tradicional que hizo colapsar también a otros progresismos sudamericanos: orbita alrededor del liderazgo unipersonal, haciendo culto a la personalidad, degradando lo nacional-popular hacia una cultura subalterna, subordinada.

Parafraseando a Rosa Luxemburgo diríamos que, o el progresismo avanza a un ritmo rápido en la politización de los de abajo, o pronto retrocederá de su débil punto de partida y puede resultar liquidado por la reacción conservadora, que ya está en marcha. En los procesos de cambio y antagonismo no se puede mantener el justo medio por mucho tiempo. El progresismo gradualista puede imponerse al sujeto colectivo nacional-popular. Pero es en los de abajo donde reside la potencia de transformación. Olvidarlo puede llevar al progresismo a su perdición y junto a éste, al país entero.

* César Enrique Pineda (@cesarpinedar) es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Maestro en Estudios Latinoamericanos, sociólogo y docente.

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