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¿Obras que se pagan solas? ¿Oportunidad o apuesta?
Esta cautela por parte de la administración para invertir recursos en infraestructura productiva es comprensible desde el punto de vista de la estricta política de austeridad y control del gasto que abandera el gobierno en turno; sin embargo, hay que recordar que gasto e inversión no son sinónimos.
Por Ana Laura Barrón
6 de diciembre, 2020
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El panorama económico para el año 2021 es poco alentador y sus repercusiones en la inversión en infraestructura son evidentes, por lo cual el sector público debe diversificar sus fuentes de financiamiento a través del uso de esquemas mixtos con participación privada como alternativa a la deuda. En los criterios generales de política económica se menciona que ‘cada punto del PIB adicional de deuda en 2020 significaría cerca de 11,060 millones de pesos menos para salud, educación, programas sociales o proyectos de infraestructura en 2021’. La reducción en las estimaciones de los ingresos públicos, la creciente demanda de servicios en las ciudades y la reducción de las transferencias federales a los estados y municipios son otros problemas que se suman al déficit en la inversión productiva.

A pesar de ello, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no se incluyen nuevos proyectos de inversión en infraestructura de largo plazo ni bajo el esquema de asociación público privada (APP), pese a que el monto máximo de gasto programable para este rubro se incrementó en alrededor de 2,700 millones de pesos con respecto del aprobado para 2020 ($42,735.6 mdp).

Esta cautela por parte de la administración para invertir recursos en infraestructura productiva es comprensible desde el punto de vista de la estricta política de austeridad y control del gasto que abandera el gobierno en turno; sin embargo, hay que recordar que gasto e inversión no son sinónimos. Mientras que el gasto se refiere a cubrir necesidades operativas inmediatas, como el pago de nóminas o servicios comunes que garantizan la continuidad del aparato administrativo, la inversión consiste en destinar recursos a producir activos o satisfactores que incrementen la productividad y los niveles de bienestar (calidad de vida) de la población en el largo plazo. Por ello es de primera necesidad invertir en infraestructura pública, no solo asequible sino también eficiente y sostenible.

Aunque las opciones parecen limitadas, los proyectos autofinanciables son una oportunidad para que el sector público desarrolle proyectos en sectores estratégicos, en los que los recursos para su desarrollo y ejecución provengan en su totalidad de aportaciones distintas a los recursos federales presupuestarios; es decir, que son financiados con recursos privados o los propios ingresos generados por los proyectos. A nivel federal ya se han realizado proyectos bajo este esquema en el sector de telecomunicaciones y transporte: el proyecto de la red compartida a cargo de la SCT y el tramo carretero Monterrey-Nuevo Laredo.

El pasado 5 de octubre, Andrés Manuel López Obrador anunció, como parte del Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, el Plan de Inversión del Gobierno Federal con la Iniciativa Privada. En el primer paquete se incluyen 39 proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente, cuya inversión acumulada será de 297,344 millones de pesos. Destacan las obras de conectividad con el aeropuerto Felipe Ángeles, así como la ampliación de las áreas de refinación en los complejos de Tula y Salamanca de PEMEX y la construcción del tren México- Querétaro. De estos, 10 proyectos se encuentran en ejecución, lo que representa una inversión de 43,584 mdp.

Adicionalmente, el presidente ha presentado un segundo paquete de proyectos de infraestructura para apuntalar la reactivación económica, en los cuales se busca una participación de la iniciativa privada mayor al 50% de la inversión total de cada proyecto, distribuidos en las regiones centro, sureste y norte del país. Con un total de 68 proyectos este plan de inversiones en infraestructura consiste en una inversión del 2.3% del PIB y se espera que genere entre 370 a 400 mil empleos directos e indirectos1.

Sin embargo, la publicación de esta lista por sí misma no significa que todos los proyectos serán realizados y concluidos con éxito. Para ello, junto con el Sector Privado se definió un proceso para analizar la viabilidad de los proyectos propuestos, conocer su grado de maduración y establecer una ruta que garantice su puesta en marcha, a través de un proceso de selección y priorización de los mismos que consiste en la 1)identificación de potenciales, 2)preparación, 3)análisis, 4)autorización y 5)ejecución. Con ello se busca probar la viabilidad técnica y financiera que garanticen su rentabilidad, además de beneficios para la población.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Los esquemas de inversión autofinanciables deben ser manejados con cautela para procurar su máxima transparencia, una efectiva rendición de cuentas, y el acceso a la información a los ciudadanos, tal como lo hemos recomendado desde Ethos Laboratorio de Políticas Públicas en el estudio ‘Transparencia y Rendición de Cuentas de las APP: Recomendaciones de Política Pública’, publicado en 2019.

* Ana Laura Barrón (@SoyAnaLaura) es investigadora en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

 

 

1 Gobierno de México, SHCP. ‘Segundo Anuncio de Proyectos para Apuntalar la Reactivación Económica’. 30 de noviembre del 2020.

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