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Olvido del gobierno mexicano en políticas y presupuestos públicos de reinseción post penal
90 mil personas que egresan de centros penitenciarios en el país nos obliga a ver este fenómeno como un problema público en la medida que se trata de un sector de la población con necesidades puntuales, que requieren de acciones específicas de inclusión para el regreso a sus comunidades ya sea de origen o retorno.
Por Valentina Lloret Sandoval y Carlos Ávila Roque
15 de septiembre, 2021
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De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Nacional 2021 del INEGI, durante 2020 egresaron 5 mil 988 personas de centros federales y 87 mil 263 de centros penitenciarios estatales en México. Todas estas personas enfrentaron diversas dificultades y obstáculos para su reincorporación a la vida en libertad, derivadas de la discriminación, el estigma y la exclusión que supone en la mayoría de los casos haber estado privados de la libertad.

El que casi 90 mil personas egresen de centros penitenciarios en el país nos obliga a ver este fenómeno como un problema público en la medida que se trata de un sector de la población con necesidades puntuales, que requieren de acciones específicas de inclusión para el regreso a sus comunidades ya sea de origen o retorno. Es decir, hablamos de la necesidad de reflexionar en torno a las políticas públicas de reinserción social post penal que el Estado mexicano dirige a esta población, entendidas como programas y acciones específicas articuladas cuyo objetivo sea la restitución de derechos a esta población y no solo como una medida de seguridad para disminuir la reincidencia.

Con este fin desde CEA Justicia Social nos dimos a la tarea de identificar y analizar la política pública de reinserción social post penal en el gobierno federal, en la Ciudad de México, Sonora y Morelos. En esta serie de tres artículos se muestran los hallazgos más relevantes del análisis llevado a cabo. El análisis comenzó con la identificación de las dependencias con atribuciones y obligaciones en la materia además de las Comisones Intersecretariales mediante el cual fue posible identificar en el ámbito federal a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) perteneciente a la Secretaría de Gobernación.”1

A partir del análisis de las acciones que llevan a cabo ambas instancias encontramos que en ninguno de los casos se desarrollan programas u acciones que puedan ser caracterizados como una política pública articulada de reinserción post penitenciaria que se enfoque en el restablecimiento de derechos de personas liberadas. Ya que en el caso de la Comisión Interinstitucional de Reinserción Social no se han llevado a cabo acciones específicas y en la UASJ sólo se reportan acciones aisladas que se enfocan en trabajo dentro de los centros penitenciarios, como bazares navideños o capacitación a personal penitenciario con herramientas en computación para replicarlo con personas internas en Santa Martha Acatitla, o el Programa de Justicia Terapeútica, que si bien uno de sus componentes se refiere a reinserción social, este no contempla como población objetivo a personas que hayan cumplido su sentencia, sino a personas que optan por este programa como parte de su proceso.

En los tres estados analizados fue posible identificar instancias con atribuciones en la materia. Destaca el caso de la Ciudad de México, que a través del Instituto de Reinserción Social implementa acciones y programas cuya población objetivo son personas que estuvieron privadas de la libertad. En el caso de Sonora si bien se pueden identificar al menos dos dependencias, el carácter de sus actividad es de tipo asistencial, lo cual significa que su enfoque no es de restablecimiento de derechos. En el caso de Morelos no se consideran facultades o atribuciones referentes a población que haya cumplido su sentencia.

Lo anterior tiene correspondencia con las omisiones encontradas en el gobierno federal, Sonora y Morelos, en  los documentos programáticos como planes generales de gobierno y programas sectoriales como la falta de reconocimiento de la reinserción social post penal como problema público y por ende la omisión de líneas programáticas de acción que tengan como objetivo la atención de las necesidades específicas de la población que cumple su sentencia. En el caso de la CDMX, el tema se establece de manera muy limitada referida al ámbito laboral.

Otro aspecto que da cuenta de la carencia de una política pública en esta materia es el diseño de Programas presupuestarios 2 que establecen la distribución del gasto público para atender demandas específicas de la población. Dentro de este contexto revisamos si destinaron presupuesto a estos programas, si tenían enfoque de derechos humanos 3 y si estos se encontraban coordinados con alguna estrategia a nivel nacional. En el siguiente esquema se muestra la finalidad de cada programa presupuestario.

Fuente: Elaboración propia con datos de cuenta pública 2018 a 2020 estatales y federal de la SHCP.

Estos datos muestran que no existe una articulación con alguna política pública a nivel nacional en materia de reinserción social post penal.  Además, al analizar cada uno de los programas solo los diseñados por la Ciudad de México brindan atención a personas liberadas y preliberadas.

En el caso de la Federación a pesar de que durante este período se creó la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia no detectamos algún programa presupuestal específico y sus acciones se encuentran concentradas en las instituciones operadoras del sistema de justicia.

Ahora bien, ante la falta de una política pública integral y de programas presupuestarios para atender a quienes egresan de los centros penitenciarios, nos dimos a la tarea de identificar programas y acciones que incluyeran entre su población objetivo a personas que estuvieran privadas de la libertad, con el fin de poder evaluar el diseño de estos.

Como resultado de la investigación identificamos únicamente dos programas federales específicos a cargo del gobierno federal; Jóvenes Construyendo el Futuro a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, implementado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así como dos programas sociales implementados en la Ciudad de México; Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Justicia Penal y Apoyo para el Impulso Laboral de Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal de la Ciudad de México.

Al evaluarlos encontramos que la oferta de programas del gobierno federal es escasa y no está dirigida específicamente a la población que se encuentra en procesos de reinserción social. Mientras que en el caso de los programas de la CDMX analizados a partir de los resultados de la evaluación se requiere de diversas mejoras que los puedan fortalecer con el fin de atender adecuadamente a esta población.

Considerando lo anterior, las personas liberadas y preliberadas requieren contar con programas específicos que den sustento a políticas públicas con programas y acciones articuladas en sus entidades federativas para fortalecer sus procesos de reinserción y el retorno a sus  comunidades. Si las instituciones no priorizan un enfoque de derechos humanos, articulan sus acciones con otras entidades federativas y mejoran sus procesos de planeación de políticas y en sus programas presupuestales,  el impacto de sus intervenciones serán limitadas, además de ser omisas ante un problema público.

Esta es la primera entrega de una serie de artículos derivado de nuestro proyecto “Hacia una estrategia integral de reinserción social en México en el contexto de la pandemia por COVID19: investigación, incidencia y campaña para fortalecer el restablecimiento de derechos desde la participación ciudadana y comunitaria”.

 

 

1 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 31 de mayo 2019.  Artículo 64.

2 Por Programas presupuestarios  entenderemos: “un instrumento que agrupa a un conjunto de acciones de gobierno, orientadas a resolver un problema o cubrir una necesidad la cual genere impacto en una población objetivo o área de enfoque identificada” (Secretaría de Administración y Finanzas , 2021).

3 El implementar este tipo de enfoque en los Pp implica que las personas se encuentran en el centro de la política pública para identificar estrategias basadas en evidencia para restituir sus derechos o contribuir a que se logre este cometido.

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