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Otra vez retrasos legislativos
En reiteradas ocasiones, senadores y diputados han incumplido mandatos constitucionales y legales para legislar sobre derechos políticos electorales. Estos desacatos deben tener consecuencias jurídicas, políticas y sociales.
Por César Hernández González
3 de agosto, 2020
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Los retrasos legislativos en materia electoral se han convertido en conductas reiteradas de los senadores y los diputados. Los desacatos a mandatos constitucionales y legales han puesto en peligro el ejercicio de derechos políticos, la determinación de límites del poder político y el establecimiento de obligaciones a los servidores públicos. Ello, en consecuencia, ha provocado que las demoras parlamentarias complejicen la realización de las elecciones en más de una ocasión.

Sin embargo, las omisiones parlamentarias no han puesto en vilo el desarrollo de los procesos electorales gracias a la actuación del IFE/INE y del TEPJF que, a contracorriente, suplieron los vacíos legales que emanaron de la ausencia de un ordenamiento jurídico. En los siguientes apartados se analizarán diversos casos de desacato legislativo y se hará énfasis en las soluciones temporales de las autoridades electorales, que a la larga, se convirtieron en respuestas permanentes.

Comunicación Social

Los legisladores tardaron once años y cinco meses en aprobar la Ley General de Comunicación Social1, este ordenamiento jurídico contiene las reglas para evitar que los servidores públicos utilicen el erario para divulgar propaganda que los posicione ante la ciudadanía para futuras elecciones.

Los parlamentarios desobedecieron dos mandatos constitucionales: el primero2, les conminaba a realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 13 de diciembre de 2007, y el segundo los obligaba a expedir la ley reglamentaria el párrafo octavo del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril de 20143.

La ausencia de un ordenamiento normativo forzó al IFE/INE a emitir las normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental4 y los criterios para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda5. Además, la autoridad administrativa tuvo que conocer, sustanciar y resolver las infracciones al párrafo octavo del artículo 134 constitucional, bajo la condicionante de carecer de facultades legales para sancionar a los trasgresores.

Así mismo, el TEPJF debió orientar, rectificar y/o confirmar la actuación del IFE/INE a través de la emisión de criterios jurisprudenciales6. Estas actividades fueron ejecutadas en tiempos céleres, puesto que la mayoría de los casos acontecieron durante del desarrollo de las elecciones. La autoridad jurisdiccional no tuvo oportunidad de modificar los alcances sancionadores de la autoridad administrativa, ya que al hacerlo invadiría las atribuciones constitucionales reservadas al Poder Legislativo.

En 2014 la asociación civil Artículo 19 interpuso un recurso de amparo en contra de la omisión del Congreso de la Unión de legislar sobre los gastos de comunicación social. El juez de distrito resolvió sobreseer el juicio de amparo, debido a que a que se trataba de la materia electoral y a que el amparo es improcedente en contra de las omisiones legislativas. Ante el sobreseimiento, Artículo 19 interpuso un recurso de revisión ante la SJCN.

La Primera Sala de la SCJN consideró que el Congreso de la Unión fue omiso en expedir una norma jurídica en materia de comunicación social, en consecuencia, concedió el amparo y mandató la emisión de una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución a más tardar el 30 de abril de 20187. Sin la intervención de la SCJN, los parlamentarios llevarían más de 13 años de desacato a sendos mandatos constitucionales. En esta ocasión los parlamentarios no pudieron eludir o desatender una ordenanza judicial.

Derecho de Réplica

Los parlamentarios aplazaron la emisión de la Ley del Derecho de Réplica por siete años y seis meses. Incumplieron una ordenanza legal consistente en expedir la ley reglamentaria del párrafo primero del artículo 6 constitucional a más tardar el 30 de abril de 20088. El objeto de dicha ley, no es estrictamente electoral, radica en que todo individuo pueda ejercer el derecho de réplica sobre la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación.

Durante las elecciones de 2009 existieron múltiples denuncias sobre la negación del derecho de réplica por parte de los medios de comunicación. El IFE se negó a entrar al fondo de las denuncias, en consecuencia, desechaban las quejas bajo el argumento de carecer de las reglas y los criterios que les permitieran determinar u orientar la sustanciación de la denuncia y la imposición de las sanciones.

Sin embargo, el TEPJF9 tuvo una perspectiva diferente. La autoridad jurisdiccional obligó al IFE a garantizar el derecho de réplica de los precandidatos, los candidatos y los partidos políticos a través de la instrumentación del procedimiento especial sancionador y determinó la aplicabilidad de una ley anacrónica, la llamada “Ley sobre Delitos de Imprenta10”.

El TEPJF no consideró que esta resolución generaría un desencuentro entre la autoridad electoral y los medios de comunicación, situación que, paradójicamente, también fue utilizada por los parlamentarios para atacar al IFE, puesto que consideraban que vulneraba la reserva de ley, pero que no causó un efecto que impulsará al Congreso de la Unión a emitir la ley reglamentaria.

Con la finalidad de generar los parámetros normativos para garantizar el ejercicio del derecho de réplica, el IFE acató el criterio de la autoridad jurisdiccional para establecer al procedimiento especial sancionador como la vía para sustanciar las violaciones al derecho de rectificación11, determinación que fue impugnada por Televisión Azteca y confirmada por el TEPJF en el SUP-RAP-451/2011.

Por otra parte, para de remediar la omisión legislativa, la reforma electoral de 2014 fijo unos criterios para el ejercicio de la réplica: i) procede en contra de la información que deforme los hechos y las actividades; ii) se ejercitará sin perjuicio de las materias civil y penal; iii) se deberá agotar la instancia ante el medio de comunicación; iv) la autoridad electoral deberá resguardar el derecho durante las elecciones y, v) la autoridad electoral deberá instaurar el procedimiento especial sancionador12.

Finalmente, después de siete años y seis meses de desacato, el 13 de octubre de 2015, el Congreso de la Unión expidió la Ley Reglamentaria en Materia del Derecho de Réplica. En esta ocasión no se requirió de una ordenanza judicial, sino de la buena voluntad de los grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Reelección de Legisladores Federales

Una vez más los senadores y los diputados incumplieron con el deber de crear un instrumento jurídico para regular el ejercicio de un derecho. Esta vez, la desmemoria radicó en el derecho a la reelección. Paradoja irrisoria, puesto que se supone que los parlamentarios deben tener un gran interés en configurar las reglas de su reelección, ya que ellos serían los principales beneficiarios.

El desacato de los legisladores lleva seis años y cinco meses, y contando. En las siguientes semanas, nuevamente, el INE tendrá que emitir las reglas y los criterios para el ejercicio de un derecho. Seguramente, porque así lo marca la historia, los congresistas y los partidos políticos se inconformarán con los parámetros normativos y señalarán que los requisitos son excesivos y complejos.

Empero, habrá que recordarles a los parlamentarios que tuvieron la oportunidad de configurar normativamente los requisitos, los procedimientos, los derechos y las obligaciones de la reelección, pero que por cuestiones de agenda, desidia, olvido o irresponsabilidad no quisieron hacerlo y que en su pecado llevan la penitencia.

Habrá que evocarles a los legisladores federales que los treinta y dos congresos locales cumplieron en tiempo y forma con la regulación del derecho de reelección. En todos los estados se reguló a nivel constitucional y a nivel normativo la reelección de diputaciones locales y ayuntamientos. También habrá que hacerles énfasis a los congresistas que en algunas entidades federativas se creó el marco jurídico de la reelección desde 2015.

Se deberá de descartar a la pandemia del COVID-19 como un suceso que obligó a los parlamentarios a dejar de emitir el ordenamiento jurídico. Los congresistas detuvieron los trabajos legislativos sin importarles que no tendrían la oportunidad de legislar, a pesar de que otras instancias, como el INE y la SCJN, recurrieron a las tecnologías informativas como las sesiones virtuales para cumplir sus labores.

También podríamos traer a colación otros casos en donde el incumplimiento no tuvo repercusiones en el desarrollo de las elecciones, pero sí evidencia sobre la falta de compromiso de los legisladores y los grupos parlamentarios:

Delitos Federales

La reforma electoral de 2007 mandató al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones a las leyes federales en un plazo máximo de 30 días naturales. No obstante, los parlamentarios desacataron el mandato constitucional por un periodo de seis años y cinco meses, ya que expidieron la Ley General de Delitos Electorales el 23 de mayo de 2014.

Candidaturas independientes

La reforma política de 2012 mandató a los diputados y a los senadores a expedir la configuración legal de las candidaturas independientes a más tardar el 18 de julio de 2013. Empero, los congresistas no acataron el plazo señalado y emitieron los parámetros legales de las candidaturas independientes el 23 de mayo de 2014. Es decir, se tuvo un retraso de 11 meses.

Consulta Popular

La reforma política de 2012 impuso al Congreso de la Unión la obligación de expedir la legislación sobre la consulta popular a más tardar el 18 de julio de 2013, pero los legisladores incumplieron el mandato constitucional por un periodo de tiempo de nueve meses. Los criterios fueron incluidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, emitida el 14 de marzo de 2014.

Partidos Políticos

La reforma electoral de 2014 conminó a los legisladores a expedir la ley general que regule a los partidos políticos nacionales y locales a más tardar el 30 de abril de 2014. Sin embargo, la norma jurídica fue aprobada, veintitrés días después de la fecha límite, el 23 de mayor de 2014.

Procedimientos Electorales

Por último, la reforma electoral de 2014 obligó al Congreso de la Unión a expedir la ley general que regule los procedimientos electorales a más tardar el 30 de abril de 2014. No obstante, el ordenamiento jurídico fue aprobado, veintitrés días después de la fecha límite, el 23 de mayo de 2014.

A manera de conclusión

El cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales no debe quedar al arbitrio de los legisladores y/o de los grupos parlamentarios. El acatamiento de las obligaciones no debe depender de las agendas legislativas de los partidos políticos ni subordinarse a las estrategias políticas y electorales de los gobiernos y de las fuerzas políticas.

La emisión de las normas jurídicas y los criterios legales debe ser una prioridad para los parlamentarios para garantizar el ejercicio de los derechos políticos, la limitación del poder político y el cumplimiento de las obligaciones.

Los desacatos de los legisladores deben tener consecuencias jurídicas, políticas y sociales. El incumplimiento de la actividad legislativa debe ser castigado. Solo así, lamentablemente, a través de una vía coercitiva, se podrían evitar las omisiones legislativas y los retrasos parlamentarios.

* César Hernández González (@ZezarHG) es asesor de la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

 

1 La Ley General de Comunicación Social fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018.

2 Artículo Tercero Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2007.

3 Artículo Tercero Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional publicado en el DOF el 14 de febrero de 2014.

4 IFE/CG40/2009 e IFE/CG135/2011.

5 INE/CG398/2017 e INE/CG124/2019.

6 10/2008; 20/2008; 2/2009; 10/2009; 11/2009; 2/2011; 18/2011; 4/2015 y 12/2015.

7 AR/1359/2015.

8 Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide el COFIPE publicado en DOF el 14 de enero de 2008.

9 SUP-RAP-175/2009

10 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917.

11 CG192/2011

12 Artículo Decimo Nove Transitorio del Decreto por el que se expide la LGIPE publicada en DOF el 23 de mayo de 2014.

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