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Pandemia de violencia: ataques sistemáticos vs periodistas y personas defensoras de ddhh
Chihuahua, Oaxaca y Baja California se posicionaron como los territorios más hostiles para la defensa de derechos humanos, y Veracruz, para el ejercicio de la labor periodística.
Por Guillermo Rodríguez García y Fernando Lorenzo Abril
15 de febrero, 2021
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Justo cuando más las necesitamos, las personas defensoras y periodistas están enfrentando las peores condiciones para realizar su labor. Al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras fueron asesinadas durante 2020 por motivos presumiblemente vinculados a su labor de defensa y al ejercicio de su libertad de expresióni. La defensa de la tierra y el territorio sigue siendo una tarea de alto riesgo al agrupar a más de la mitad de las víctimas de homicidio; al tiempo que Reporteros sin Fronteras volvió a señalar a México como el país más peligroso para la labor periodística. A nivel interno, Chihuahua, Oaxaca y Baja California se posicionaron como los territorios más hostiles para la defensa de derechos humanos, y Veracruz, para el ejercicio de la labor periodística.

Tras un año de COVID-19 y de coordinaciones y descoordinaciones entre autoridades para contener los múltiples efectos de la pandemia, el Espacio OSC, la Red Nacional de Defensoras (RNDDHMX), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y CEJIL nos propusimos documentar qué ha pasado con aquellas personas y colectivos que se dedican a defender nuestros derechos y a servir de contrapeso al ejercicio del poder. Como resultado de ello, recientemente publicamos el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”.

Pese a que les necesitamos más que nunca para vigilar las decisiones de autoridades en medio de la contingencia sanitaria y la crisis económica, las personas defensoras y periodistas vieron restringidas las estrategias y herramientas a su disposición para realizar su labor. Prácticamente todo acompañamiento antes presencial se trasladó a Zoom y a la virtualidad, afectando desproporcionalmente a grupos y comunidades sin acceso a internet.

La libre manifestación en el ámbito público dejó de ser alternativa para muchas causas, y la suspensión de términos judiciales, así como el rezago en las solicitudes de acceso a la información tras la inicial suspensión de plazos, llevó a que estos instrumentos de defensa perdieran aún más efectividad.

Como sostenemos en el informe, las barreras para la defensa de derechos humanos y la libre expresión no impactaron de manera homogénea entre grupos y ámbitos de defensa. Destacan las agresiones contra 266 mujeres defensoras y 42 colectivos feministas tan solo entre enero y junio de 2020, así como el asesinato de cuatro defensoras trans. Las 112 agresiones contra periodistas en la primera parte de la contingencia; la precariedad económica que ha inhabilitado la búsqueda de personas desaparecidas, y la creciente intimidación de fuerzas de seguridad contra personas defensoras de la población migrante y del ambiente y el territorio son también motivo de denuncia.

La defensa de derechos humanos y de la libre expresión es más urgente que nunca

A la crítica situación en que se encontraba el país antes de 2020 se le añadieron las problemáticas medidas adoptadas por los diferentes niveles de gobierno para contener tanto la pandemia como la crisis económica. Ante ello, la necesidad de escrutinio público se volvió aún mayor.

Algunos de los desafíos que ya eran críticos en materia de derechos humanos continuaron o se agravaron. Al menos 7 mil personas fueron reportadas como desaparecidas el año pasado, cifra que, aunque menor a la de 2019, se acumula a las 80 mil personas desaparecidas desde 2006 en medio de dilaciones y rezagos en la búsqueda e investigaciones, como consecuencia de la pandemia.

Otro de los desafíos que se retoman en el informe es la violencia y precariedad que enfrenta la población migrante, y la criminalización de las que han sido objeto. Por su parte, la violencia contra las mujeres rompió récords por segundo año consecutivo en prácticamente todos los delitos tipificados. La violencia también fue institucional y al menos 12 movilizaciones lideradas por mujeres registraron algún tipo de violación al derecho a la protesta, incluyendo detenciones arbitrarias y presuntas comisiones de desaparición forzada y tortura.

A lo anterior, se suman preocupantes decisiones adoptadas por el Estado en medio de la distracción mediática por la contingencia. Al inicio de la crisis, el Gobierno federal emitió el acuerdo que formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el final del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Este acuerdo, contrario a estándares internacionales, no cumple con la obligación primaria de reservar las labores de seguridad pública a instituciones civiles y ni siquiera establece los mecanismos de excepcionalidad, subordinación y complementariedad, regulación y fiscalización ordenados ya por la Corte Interamericana.

Adicionalmente, la administración federal ha hecho de los megaproyectos su principal plan de reactivación económica. Por ello, la construcción del Tren Maya, el corredor interoceánico, la refinería Dos Bocas, entre otras obras, continuaron durante la pandemia, al haber sido catalogadas como actividades esenciales, pese al riesgo que representan para las comunidades aledañas.

Asimismo, la austeridad con la que el Gobierno federal respondió a la crisis económica derivada de la pandemia debilitó sensiblemente a instituciones clave para la promoción y protección de los derechos humanos. Entre ellas, a los refugios para mujeres víctimas de violencia; que enfrentaron una demanda histórica al tiempo que el Gobierno federal puso trabas burocráticas para la asignación de fondos a la sociedad civil y recortó al menos a la mitad el financiamiento para los programas públicos, como las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.

Por otro lado, algunas de las disposiciones para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias han dado lugar a mayores arbitrariedades por parte de las autoridades. Algunas entidades federativas y gobiernos municipales implementaron restricciones al libre tránsito contrarias a la Constitución; y Querétaro incluso intentó criminalizar su incumplimiento. Si bien la mayoría de entidades adoptaron sanciones administrativas para esto, al incluir el arresto entre ellas, se abrió la puerta al uso excesivo de la fuerza por parte de policías, como ilustra el caso de Giovanni López Ramírez, quien murió bajo custodia policial tras ser detenido por presuntamente no llevar cubrebocas.

¿Cómo saldar la deuda con personas defensoras y periodistas?

Las organizaciones que participamos en el informe sostenemos que es necesaria una política efectiva que genere entornos seguros para ejercer el derecho a defender derechos humanos y la libre expresión. Para empezar a construirla, el Estado y su titular, el presidente de la República, deben respetar el ejercicio de estos derechos, aun si resultan en críticas a su gestión, y reconocer el imprescindible rol que periodistas, organizaciones y personas defensoras desempeñan en sociedades democráticas y particularmente en un momento tan crítico para el país.

En tanto es una tarea de Estado, todos los niveles de gobierno y poderes de la nación tienen obligaciones en la materia. Por lo tanto, los ejecutivos locales también deben de abstenerse de demeritar o estigmatizar la labor de estas personas. Desafortunadamente es una tarea pendiente, sin distinción de colores partidistas, como lo demostró el poder ejecutivo de Jalisco al demeritar la legitimidad de las movilizaciones por #JusticiaparaGiovanni en junio; o la estigmatización contra periodistas desde el ejecutivo de Baja California.

Los poderes legislativos, tanto locales como federales, son también esenciales para definir un marco institucional de protección bien dotado de recursos humanos y materiales. Al respecto, el legislativo federal obvió sus obligaciones al extinguir el fideicomiso que sostenía las medidas del Mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas; y al aprobar un presupuesto federal insuficiente para cubrir las necesidades de este Mecanismo. Ahora tendrá oportunidad de enmendar la plana y evitar la aprobación de una reforma a la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República que exima a esta institución de sus obligaciones con relación a derechos humanos, particularmente con relación a su participación y colaboración en instancias clave como la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otras.

El poder judicial y organismos autónomos también tienen su quehacer. Sobre los primeros recae ejercer su control de convencionalidad para evitar la criminalización y la privación arbitraria de la libertad como represalia a la defensa de derechos humanos y/o labor periodística. En el mismo sentido, la Fiscalía debería reajustar sus prioridades: dejar de criminalizar a estas personas y comenzar a combatir la impunidad en los delitos contra ellas.

Para que esto suceda, será indispensable que, desde la sociedad civil, continuemos demandándolo, ejerciendo presiones y vigilando el accionar de los diferentes niveles de gobierno y poderes del Estado. De lo contrario, en febrero de 2022 las conclusiones de este artículo seguirán vigentes y México seguirá siendo un territorio letal para quienes nos defienden.

* Guillermo Rodríguez García y Fernando Lorenzo Abril son oficial de incidencia y pasante colaborador del área de incidencia del programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (@cejil), respectivamente.

 

 

i Personas defensoras derechos humanos asesinadas en 2020 con base al monitoreo que realizan la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM): Isabel Cabanillas de la Torre, 18 enero (Chihuahua), Homero Gómez González, 29 enero, (Michoacán), Benito Peralta Arias, 13 marzo (edo. México), Paulina Gómez Palacio, 22 de marzo (San Luis Potosí),  Isaac Medardo Herrera Aviés, 23 de marzo (Morelos), Karla Valentina Camarena del Castillo, 29 marzo (Guanajuato), Juan Zamarrón Torres, 1 de abril, (Chihuahua), Adán Vez Lira, 8 de abril, (Veracruz), Pablo Guzmán Solano, 9 abril (Oaxaca), Esteban Martínez Pérez, 9 abril (Oaxaca), Eugui Roy Martínez, 12 de mayo (Guerrero), Antonio Montes Enríquez, 6 de junio (Chihuahua), Maria Elizabeth Montaño, 19 junio (Morelos), Jonathan Santos, 11 agosto (Jalisco), Javier Eduardo Pérez Hidalgo, 19 agosto (Baja california), Tomás Martínez Pinacho, 24 de agosto (Oaxaca), Jeanine Huerta López, 27 agosto (Baja California), Mireya Rodríguez Lemus, 2 septiembre (Chihuahua), Carmen Vásquez bueno, 24 de septiembre (Zacatecas), Oscar Eyraud Adams, 24 septiembre (Baja California), Juan Aquino González, 28 octubre (Guerrero), Rodolfo Díaz Jiménez, 2 noviembre (Oaxaca).

Personas periodistas asesinadas en 2020 con base al monitoreo que realiza Article 19: María Elena Ferral, 30 marzo (Veracruz), Jorge Miguel Armenta Ramos, mayo 16 (Sonora), Pablo Morrugares Parraguirre, agosto 2 (Guerrero), Julio Valdivia, septiembre 9 (Veracruz), Israel Vásquez Rangel, noviembre 9 (Guanajuato), Jaime Daniel Castaño, diciembre 9 (Zacatecas).

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