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Para entender el prorrateo de los gastos de campaña
¿Por qué Enrique Peña Nieto no rebasó el tope de gastos de campaña en la elección presidencial y Andrés Manuel López Obrador sí? Aquí la explicación que puede parecer inverosímil, pero es legal.
Por Javier Aparicio
6 de febrero, 2013
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Por: Javier Aparicio (@javieraparicio)

Está por resolverse la fiscalización de gastos de campaña de la pasada elección presidencial. El centro del asunto es si alguno de los candidatos excedió los topes de gasto de campaña marcados por la ley. Aunque la elección ya ha sido calificada por el Tribunal Electoral y el exceso de gasto no es una causal de nulidad, no se trata de un tema trivial. De hecho, el asunto retrata muy bien las deficiencias de la regulación electoral en México y la calidad de nuestra democracia. Este blog invitado busca explicar algunos aspectos clave de la fiscalización de campañas en México.

Vayamos por partes. ¿Cuáles son los topes de gasto campaña? De acuerdo al COFIPE (Art. 229), el tope de gasto de campaña para presidente equivale al 20% del financiamiento público de campaña que reciben los partidos en el año de la elección.  Los topes de gasto de campaña para diputados y senadores dependen, a su vez, del número de distritos involucrados en cada caso. Si un partido o coalición quisiera gastar hasta el máximo legal en las 300 campañas para diputados de mayoría relativa, las 32 fórmulas para senadores y la campaña presidencial requerirían de más de 976 millones de pesos.

tope_gastos

La fiscalización se realiza en varias etapas. El 8 de octubre pasado, los partidos políticos entregaron sus informes finales de campaña. La campaña de Enrique Peña Nieto reportó gastos por 241.8 millones de pesos mientras que la campaña de Andrés Manuel López Obrador reportó 370.5 mdp. ¿Qué encontró la Unidad de Fiscalización del IFE al revisar los informes? A Peña se le detectaron otros gastos e incumplimientos por 85.7 mdp y a López Obrador 28.3. Con ello, el primero quedó 8.6 mdp por debajo del tope de gasto y el segundo 62.8 mdp por encima.

 

gastos_campana_presidencial (3)

 

Gráfica Aparicio

 

Sobra decir que propios y extraños tienen dudas en torno al dictamen, unas más fundadas que otras. ¿Qué tan exhaustiva fue la revisión de la Unidad de Fiscalización del IFE? No lo sabemos aún: los dictámenes apenas se dieron a conocer al Consejo General del IFE hace unos días (recordemos que, a solicitud de los partidos, se trata de una Prfiscalización adelantada). Quizá por ello algunos consejeros se han manifestado por posponer la discusión del dictamen presidencial hasta conocer los de las campañas legislativas. ¿Qué tan exhaustivos son los equipos contables de cada partido o coalición? Tampoco lo sabemos. ¿Cuántos gastos de campaña no fueron reportados ni detectados? Pocos lo saben. ¿Se puede hacer una campaña presidencial en México con menos de 336 mdp? Lo dudo.

Lo que sí sabemos es que toca al IFE fiscalizar, por separado, los gastos de cada una de las 365 campañas federales. El primer problema de fiscalizar por separado es que los gastos de una campaña y otra no siempre son distinguibles entre sí. Por ejemplo, un evento masivo puede contar con la presencia del candidato presidencial y otros tantos candidatos a legisladores, o bien candidatos a cargos locales. Otro ejemplo sería un anuncio espectacular con la imagen de un candidato presidencial y una leyenda (la famosa letra chiquita) al margen que pidiera “votar por los candidatos a diputados y senadores” (¿todos o sólo algunos?) de cada partido. Otro problema relacionado e igual de importante es distinguir entre los gastos de campaña y los gastos ordinarios de los partidos. El gasto de campaña culmina días antes de la jornada electoral y tiene un tope, el ordinario no. Para ilustrar la relevancia de esto basta recordar que, en un primer momento, el PRI adujo que los gastos vía Monex eran gasto ordinario.

Quizá por esta razón, el reglamento de fiscalización del IFE permite “prorratear” algunos gastos de campaña (Art. 177). Según esto, cuando los gastos involucren a dos o más campañas, los partidos distribuirán el 50% de las erogaciones a partes iguales entre las campañas beneficiadas. El otro 50% será distribuido de acuerdo a los criterios que cada partido adopte. Expresado de manera analítica, el gasto prorrateable asignado a cierta campaña es el siguiente:

Fórmula Aparicio

Dicho en breve, una parte de los gastos de campaña se distribuyen a partes iguales y otro tanto se asigna como guste cada partido o coalición. Y una vez especificados por los partidos, los criterios de prorrateo son inamovibles. Esto es un problema grave. Si bien el prorrateo de gastos es una técnica contable frecuente en diversos ámbitos, en el contexto electoral abre la puerta a una discrecionalidad tal que pone en entredicho la validez misma de los topes de gasto de campaña. Para ilustrarlo analizaré tres ejemplos hipotéticos aunque no muy lejanos de la realidad contable que hoy se discute en el IFE.

Supongamos que un candidato presidencial realiza un acto masivo de campaña de un millón de pesos. ¿Cuánto debería impactar esta erogación en su reporte de gasto de campaña? La respuesta obvia, que un millón de pesos es un millón de pesos, es incorrecta. Con la ley vigente, el gasto adjudicado a la campaña presidencial depende del número de candidatos o campañas potencialmente beneficiadas por el evento masivo y, por otro, de la tasa de prorrateo elegida por cada partido.

En el panel A, un candidato presidencial realiza un mitin acompañado de 9 candidatos a diputados y eligió un prorrateo al 1% para su campaña. Como hubo 10 campañas beneficiadas, al candidato presidencial le corresponderán 50 mil pesos por el componente igualitario (500 mil pesos entre 10 candidatos). Y como el prorrateo es de 1%, del otro medio millón de pesos le corresponden 5 mil pesos. En total, el evento de un millón de pesos sólo impacta en 55 mil pesos al gasto del candidato presidencial (orador principal del evento).

ejemplos_gasto

En el panel B, el mismo candidato presidencial llena un estadio acompañado de 99 candidatos a diputados y elige un prorrateo al 1%. Como ahora hubo 100 campañas beneficiadas, al candidato presidencial le corresponderán 5 mil pesos por el componente igualitario. Y como el prorrateo es del 1%, del otro medio millón de pesos le corresponden otros 5 mil pesos. En este caso, el evento de un millón de pesos sólo impacta en 10 mil pesos al candidato presidencial y 990 mil pesos se van a las campañas de diputados.

En el panel C, otro candidato presidencial realiza un mitin acompañado de 9 candidatos a diputados pero elige un prorrateo de 34% para su campaña. Al igual que en el primer ejemplo, hay 10 campañas beneficiadas y al candidato presidencial le corresponderán 50 mil pesos por el componente igualitario. Pero como el prorrateo es de 34%, del otro medio millón de pesos ahora le corresponden 170 mil pesos. En este escenario, el evento de un millón de pesos impacta en 220 mil pesos al gasto del candidato presidencial (sobra decir que este candidato quizá necesita un nuevo contador).

¿De qué sirve establecer un tope de campaña de 336 millones de pesos si cada candidato prorratea sus gastos a modo? Los tres ejemplos hipotéticos anteriores ilustran el margen de discrecionalidad con que cuentan los candidatos presidenciales en México para comprobar sus gastos de campaña. La receta legal es muy simple: para no rebasar los topes, basta diluir el gasto acompañándose de muchos otros candidatos, o bien usando una regla de prorrateo generoso. Es inverosímil, sí. Lo escandaloso es que es legal y, de hecho, no es el primer proceso electoral en que esto ocurre.

¿Qué se puede hacer? Es probable que las revisiones al dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE produzcan ajustes marginales a favor o en contra de alguna coalición. Como tantos otros aspectos de la legislación electoral, urge repensar (una vez más) el régimen de fiscalización. Una regla mucho más sencilla y sensata sería fijar un tope de gasto para la suma de todas las campañas y, por otro lado, eliminar la distinción entre gastos de campaña y gastos ordinarios de los partidos durante los procesos electorales.

 

* Javier Aparicio es Profesor-investigador del CIDE

 

 

 

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