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¿Para qué un Relator de Naciones Unidas sobre la tortura en México?
De 1998 a la fecha, México ha sufrido transformaciones constitucionales, legales e institucionales, ha ratificado prácticamente todos los tratados de derechos humanos y reconocido la competencia a prácticamente todos los órganos internacionales de supervisión de derechos humanos. Sin embargo, la tortura lejos de haber sido erradicada, en los años recientes se ha recrudecido.
Por José Antonio Guevara Bermúdez
25 de abril, 2014
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Por: José Antonio Guevara Bermúdez

El pasado 21 de abril inició la visita a México del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (RET) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que concluirá el 2 de mayo del presente año. Dicha relatoría fue creada en 1985 con el mandato de, entre otros, tramitar llamamientos urgentes a gobiernos para clarificar la situación de individuos que hayan sido o puedan estar expuestos a ser víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes (TTCID); llevar a cabo visitas a los países para conocer sobre la situación de la TTCID, y rendir un informe anual sobre el cumplimiento de su mandato.

En el año 2001 el Estado mexicano efectuó una invitación abierta y permanente a todos los procedimientos especiales. Tan solo del 2008 a noviembre de 2013, nueve mecanismos tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, así como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaron el país.

El RET lo hizo por primera vez en 1997 (7 al 16 de agosto) y derivado de dicha visita encontró que la tortura y tratos similares se aplicaban de manera recurrente en muchas partes del país, con el objeto de obtener confesiones o información para combatir el narcotráfico o delitos graves. Identificó que las torturas cometidas por efectivos militares eran inmunes a las investigaciones civiles y que dichos servidores públicos se escudaban en la jurisdicción militar para evitar la rendición de cuentas.

El RET evidenció a su vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tenía una buena política de seguimiento de sus recomendaciones al decretar su cumplimiento, a pesar de que la investigación y procesamiento de casos de tortura no habían sido satisfactorios. Se hicieron muy valiosas recomendaciones al país, como por ejemplo, que se videograbaran todos los interrogatorios por las policías y que las declaraciones de las personas detenidas que no fueran rendidas ante un juez no tuvieran ningún valor en juicio. De la misma manera recomendó que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por integrantes de las fuerzas armadas fueran conocidos por la jurisdicción civil ordinaria, para lo que se requería de la reforma al Código de Justicia Militar, misma que a la fecha no ha sucedido.

También el RET señaló que, en virtud de los pocos resultados de la Procuraduría General de la República para llevar a juicio a funcionarios públicos por haber cometido torturas, recomendó a México establecer un área especializada (fiscalía) con el mandato de investigar esos casos, pero que la misma gozara de autonomía, y que incluso el Congreso fuera quien nombrara al funcionario responsable de dicho órgano especializado.

Desde 1998 a la fecha México ha sufrido transformaciones constitucionales, legales e institucionales, ha ratificado prácticamente todos los tratados de derechos humanos y reconocido la competencia a prácticamente todos los órganos internacionales de supervisión de derechos humanos. Sin embargo, la tortura lejos de haber sido erradicada, en los años recientes se ha recrudecido.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en sus casi 25 años de existencia ha documentado un número considerable de casos de tortura, cometidos en el contexto de la guerra sucia en los años setenta, durante el contexto del conflicto armado en Chiapas iniciado en 1994, así como en el contexto de la investigación de delitos en el ámbito local y federal, siendo los más recientes durante la guerra contra el narcotráfico (2006-2012). Se trata de casos en donde la tortura se empleó como medio para obtener información, una confesión o testimonios que involucren a otras personas en delitos, o incluso como represalia por denunciar abusos e irregularidades de parte de autoridades. En la mayoría, los perpetradores de la tortura son miembros de las fuerzas armadas o funcionarios de dependencias de seguridad pública (policías, policías judiciales, ministerios públicos). Los métodos de tortura empleados son diversos, como por ejemplo, asfixia por bolsa de plástico, ahogamiento con agua, choques eléctricos, violencia sexual incluida violación, golpes, culatazos, aislamiento o incomunicación prolongada, amenazas, e incluso rocío de ácido en el cuerpo. Dichos métodos han sido cometidos en los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Tlaxcala.

Nadie en México puede ofrecer cifras exactas sobre la tortura, sin embargo, instituciones han documentado un incremento dramático de esa práctica desde el inicio de la actual estrategia de seguridad impulsada por Felipe Calderón en diciembre de 2006. Incluso, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que las quejas de tortura en ese periodo (2006-2012) habían incrementado en un 500% y sin duda se han emitido más recomendaciones en la materia en estos años que antes.

Hubiera sido deseable que autoridades encargadas de la investigación de los delitos respondieran con sanciones ejemplares y que contáramos con un alto número de funcionarios castigados por tan abominable práctica, pero por desgracia eso no ha sido así. No se cuenta con información clara sobre el número de sentencias de casos de tortura, en su informe más reciente al CAT, el Gobierno de la República reportó que a nivel federal se contaba con un registro de 119 sentencias entre 2005 y 2013, sin embargo, no se especifica si las mismas son firmes ni qué tipo de sanciones se determinaron en contra de las personas responsables.

Además, la esperanza que trajo en 2003 la incorporación a la normativa mexicana del entonces novedoso Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul, se transformó en una práctica perversa de las procuradurías del país para justificar la inexistencia de tortura a través de la aplicación de dicho Protocolo. Lo anterior sólo ha sido posible por la falta de independencia y autonomía de los profesionales de la salud que los aplican. El saldo en la aplicación del Protocolo por la PGR, por ejemplo, es un bajo porcentaje de resultados positivos, a pesar de que algunos casos se cuenta con Protocolos positivos de las Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Año AP PEA PEP C RCNDH
2006 26 16 5 0
2007 9 45 10 0 10
2008 19 24 9 0 8
2009 14 23 7 0 23
2010 18 46 6 4 24
2011 30 59 8 2 26
2012 139 53 3 2 22
2013 964 181 9 4 18
TOTAL 1,219 447 57 12 111

 

Tenemos la esperanza que el RET en su informe expondrá en su justa dimensión la práctica generalizada -incluso en algunos contextos sistemática-, de la tortura, identificará los obstáculos jurídicos y de facto que impiden sancionar a quienes la cometen, y recomendará al país, entre otros, combatir decididamente la impunidad. Confiamos también que el Gobierno de la República tomará medidas para cumplir con las recomendaciones, con miras a la construcción de una genuina política pública para combatir el flagelo de la tortura en México, que sólo podrá iniciar con el reconocimiento público del problema por los funcionarios del más alto nivel.

Mecanismos Internacionales contra la Tortura

El RET forma parte de una red de mecanismos de protección de derechos humanos que se crean y renuevan cada 3 años por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en su conjunto se les denomina sistema de procedimientos especiales. A la fecha se han conformado 37 mandatos temáticos y 14 de país. Los procedimientos especiales temáticos, también denominados relatorías especiales (RE), expertos independientes (EI) o grupos de trabajo (GT), promueven y protegen un determinado derecho humano, los derechos de grupos o sectores de la población, o bien los derechos humanos en determinados contextos. Sus mandatos tienen un alcance global.

Por su parte, los mandatos por país sólo se han creado para atender la situación de los derechos humanos en unos cuantos países, particularmente por tratarse de lugares en conflicto armado; Estados que han fallado en su deber de proteger a la población civil de amenazas que pongan en riesgo su vida, seguridad e integridad personales; por estar inmersos en un contexto de crisis política o ausencia de democracia y que además se han cometido serias violaciones de derechos humanos.

 

Mandatos Temáticos Mandatos geográficos
Relatores Especiales: Relatores Especiales:
Derechos culturales Bielorrusia
Derecho al agua y al saneamiento Camboya
Derecho a la alimentación Eritrea
Derecho a la educación República Árabe Siria
Derecho libertad de reunión y asociación pacíficas República Islámica del Irán
Derecho al nivel más alto de salud física y mental República Popular Democrática de Corea
Derecho a la libertad de opinión y expresión Territorios Palestinos Ocupados
Derechos de los migrantes Expertos Independientes:
Derechos de los pueblos indígenas Costa de Marfil
Derechos de las personas internamente desplazadas Haití
Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Mali
Extrema pobreza Myanmar
Formas contemporáneas de esclavitud República Centroafricana
Racismo, discriminación racial, xenofobia Somalia
Gestión y eliminación ecológicamente racionales de sustancias y desechos peligrosos Sudán
Independencia de magistrados y abogados
Libertad de religión o creencias
Promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo
Situación de los defensores de derechos humanos
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Trata de personas
Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
Venta de niños, prostitución y pornografía infantiles
Violencia contra la mujer
Vivienda adecuada
Expertos independientes:
Derechos humanos de las personas de edad
Promoción de un orden internacional democrático y equitativo
Medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible
Minorías
Derechos humanos y solidaridad internacional
Consecuencias de la deuda externa y obligaciones financieras internacionales en los derechos humanos
Grupos de Trabajo:
Afrodescendientes
Detenciones Arbitrarias
Desapariciones forzadas o involuntarias
Derechos Humanos y empresas transnacionales y otras empresas
Discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
Utilización de mercenarios como medio de violar derechos humanos

 

El mandato del RET es complementario de otros mecanismos de la ONU, como el Comité contra la Tortura (CAT) y al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), creados por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CCT) y por el Protocolo facultativo a dicha Convención. México es parte de dichos tratados y les ha reconocido la capacidad para desempeñar plenamente su mandato.

El CAT se integra por 10 expertos independientes y tiene por función revisar los informes que periódicamente presentan los Estados sobre el grado de cumplimiento de la CCT para hacer recomendaciones, así como también tramitar quejas individuales que le sean presentadas por personas que consideran han sido víctimas de tortura por parte de algún servidor público o por quien actúa con su autorización apoyo o aquiescencia. La última vez que el CAT supervisó el informe de México fue en el año 2012. A la fecha solamente se tiene conocimiento de un caso presentado a dicho comité.

El SPT por su parte se integra por 25 expertos y tiene por función principal la prevención de la tortura, mediante visitas a los países en los que a su vez puede inspeccionar de manera irrestricta todo tipo de lugares de detención y hacer recomendaciones al respecto. Este SPT visitó México en el año 2008 y sus recomendaciones al Estado se dieron a conocer en 2009.

México además está sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), que también complementa el trabajo de todos los mecanismos anteriores, con la diferencia que tiene por objeto investigar, procesar y castigar a personas físicas, no Estados. La Corte será competente cuando la tortura se cometa como crimen de lesa humanidad, es decir como parte de un ataque generalizado o sistemático cometido en contra de la población civil. Además que sólo podrá conocer de casos cuando las autoridades nacionales del Estado donde se cometieron los crímenes no quisieron o no pudieron llevar a juicio a los más altos responsables.



Por ejemplo, Caso “Rosendo Radilla Pacheco”(Guerra Sucia); Caso “Ejido Morelia”(Conflicto Armado en Chiapas- 1994); Caso “Reyes Penagos (Conflicto Armado en Chiapas); Caso “Hermanas González Pérez”(Conflicto Armado en Chiapas- 1994); Caso “JethroRamsesSáchez Santana”(Guerra vs Narcotráfico); Caso “Arturo y Javier Herrera Valles”(Guerra vs Narcotráfico); Caso “4 civiles de Rosarito”(Guerra vs Narcotráfico); Caso “25 policías de Tijuana”(Guerra vs Narcotráfico); Caso “Miriam Isaura López Vargas”(Guerra vs Narcotráfico); Caso “Alejandro OrtízRamirez”(Investigación de delitos comunes); Caso “5 personas de Tlaxcala”(Investigación de delitos comunes); Caso “Nino Colman Distrito Federal”(Investigación de delitos comunes).

Acuerdo A/27/03 del Procurador General de la República del 18 de agosto de 2003 “Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de posible Tortura y/o Maltrato de la Procuraduría General de la República”.

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