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Paridad a falta de seguridad para las mujeres en México
Tenemos un Congreso que, por un lado, pretende garantizar los derechos de las mujeres en términos de paridad, pero, al mismo tiempo, hace caso omiso de los efectos que sus decisiones sobre seguridad pública tienen en la integridad y vida de las mujeres.
Por Mariana López Zaldivar
30 de mayo, 2019
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La semana pasada, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) publicó sus observaciones finales después del escrutinio que le hizo al Estado mexicano acerca de la implementación de la Convención contra la Tortura. Como era de esperarse, algunas de las principales inquietudes en términos de seguridad pública de este órgano internacional de derechos humanos –conformado por expertos independientes– tienen que ver con tres decisiones impulsadas desde la 4T: la suspensión de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), el aumento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la Guardia Nacional.

Respecto de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad, el Comité recomendó al Estado mexicano garantizar la realización periódica de esta encuesta y publicar sus resultados, reiterando, con ello, la postura de varias organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a la decisión de ampliar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, el Comité recomendó enmendar o derogar tales preceptos constitucionales tras conocer la proporción de personas detenidas en espera de juicio. Finalmente, respecto de la Guardia Nacional, el Comité expresó su preocupación por el nombramiento de un militar en proceso de retiro –por cierto, activo e involucrado en la guerra contra las drogas durante el sexenio de Calderón– como el jefe operativo de esta nueva institución. Por lo tanto, recomendó garantizar el mando civil a fin de preservar su independencia.

Sin duda, debería preocuparnos la discordancia entre decisiones tan relevantes en materia de seguridad pública impulsadas por la 4T y las recomendaciones hechas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, además del informe sombra sobre tortura en México –que aglomeró a más de 100 organizaciones que defienden derechos humanos–. No sólo eso, también debería preocuparnos el gusto de nuestros legisladores por aprobar leyes clave con procesos exprés, excluyentes y turbios, tal como sucedió la semana pasada con la aprobación de las leyes secundarias que iniciarán el funcionamiento de la Guardia Nacional.

Paradójicamente, junto con las leyes secundarias de la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados también aprobó una reforma constitucional en materia de paridad y derechos de las mujeres. Sin desacreditar las buenas intenciones de nuestras y nuestros legisladores, tenemos un Congreso que, por un lado, pretende garantizar los derechos de las mujeres en términos de paridad, pero, al mismo tiempo, hace caso omiso de los efectos que sus decisiones sobre seguridad pública tienen en la integridad y vida de las mujeres.

Tenemos un Congreso que, en su mayoría, ignora –o decide ignorar–, entre otras cosas:

•La relación –ampliamente documentada– entre el involucramiento de miembros de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el aumento a violaciones de derechos humanos –entre ellas, tortura sexual– de las mujeres por parte de estos miembros.

•Que, al ser arrestadas por la Marina o por el Ejército, es más probable que las mujeres se enfrenten a distintos tipos de violencia –como violencia sexual– en comparación con ser arrestada por alguna otra autoridad.

•Que el porcentaje de mujeres en prisión preventiva tiende a ser superior al porcentaje de hombres en prisión preventiva.

•Que la tendencia al encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud se intensificó a partir del mismo tipo de políticas de seguridad que respaldó Calderón durante su sexenio y que esta administración se esfuerza en perpetuar.

Más allá de la paridad, el respeto a los derechos humanos de las mujeres aún es una deuda de la 4T. Peor aún, ni siquiera contamos con la promesa de respetar los derechos humanos de las mujeres, pues representantes de Estado niegan, por ejemplo, que la tortura sea –o haya sido– una práctica generalizada en México a pesar de que el Relator Especial sobre Tortura en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas coinciden en que sí es una práctica generalizada.

Como sucedió con los abrazos durante la campaña de López Obrador –en contraste con su postura acerca de promover la militarización de la seguridad pública una vez electo–, parecería que la percepción de la gravedad e incidencia de violaciones a derechos humanos en México también cambió a partir del 1º de diciembre. ¿Cómo puede corregirse un problema sin ser reconocido? ¿En qué momento dejarán de defender los derechos de las mujeres sólo en términos discursivos –y con muchos lugares comunes– sin analizar todos los impactos que tienen cada una de las decisiones de este gobierno en las vidas de las mujeres? A más de cinco meses de esta administración, seguimos esperando una respuesta.

* Mariana López Zaldivar es Oficial de Proyecto en el Área de Políticas Públicas de @EQUISJusticia.

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