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Partidos políticos sin dinero público, ¿buena idea?
Nadie niega el valor de fomentar un gasto razonado en el sector público, pero la aplicación súbita de una política de austeridad en las finanzas de los partidos políticos revertiría los avances democráticos de los últimos cuarenta años.
Por César Hernández González
15 de noviembre, 2019
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En días pasados resurgió el interés de reducir el financiamiento publico de los partidos políticos; intencionalidad procesada con celeridad en la Cámara de Diputados -carente de dialogo, análisis y consenso-. Tal parece que se busca modificar el sistema electoral por un supuesto bien “mayor”: la austeridad.

Nadie niega el valor de fomentar un gasto razonado en el sector público, pero la aplicación súbita de una política de austeridad en las finanzas de los partidos políticos revertiría los avances democráticos de los últimos cuarenta años, puesto que se trastocan los débiles equilibrios del sistema de partidos y se transforman las bases del sistema electoral. Su premura tendrá consecuencias turbias si no viene acompañado del fortalecimiento de las condiciones de certeza y equidad de las elecciones.

La raíz del problema

La transformación del financiamiento publicó aconteció cuando la reforma electoral de 1996 incluyó una fórmula de cálculo integrada por elementos exponenciales y por el uso desmedido de operaciones aritméticas:

Financiamiento ordinario= (CMCD*500*NPP)+(CMCS*128*NPP)+((CMCP*300/DDCD)*DDCP)1

Si bien la intensión del legislador era crear partidos políticos competitivos, generar condiciones de equidad y fortalecer el sistema de partidos; la aplicación de la fórmula generó un efecto no deseado: un incremento permanente en el financiamiento público.

De 1997 a 2007, el financiamiento para periodos ordinarios se incrementó en un 158%: pasó de 1,046 mil millones a 2,704 mil millones. Por su parte, en procesos electorales aumentó un 97.54%, de 2,111 millones a 4,171 mil millones:

Las exorbitantes cifras del dinero público destinado a los partidos causaron el descontento de la ciudadanía, puesto que año con año las fuerzas políticas percibían mayores ingresos provenientes del erario, a pesar de la persistencia de las condiciones de pobreza y desigualdad.

Para atender la inconformidad de la sociedad, la reforma electoral de 2007-2008 modificó los elementos de la fórmula de cálculo del financiamiento público, al introducir factores estables y reducir al mínimo el uso de operaciones aritméticas :

Financiamiento ordinario= NCPE*65% SMVDF2

La nueva fórmula de cálculo no implicó una reducción del dinero a favor de las fuerzas políticas. Al contrario, favoreció la continuidad de las ministraciones millonarias; por lo tanto, la promesa sobre la disminución del financiamiento público solo quedó como una buena intención.

De 2008 a 2020 el gasto destinado para periodos ordinarios se incrementó en un 94.74%, pasó de 2,690 mil millones a 5,239 mil millones. Mientras que en procesos electorales aumentó un 84.57%, pasó de 3,631 mil millones a 6,702 mil millones:

El modelo de financiamiento de 2007 falló en detener la tendencia al alza del dinero público destinado a los partidos políticos. Es más, continuó con la proclividad del aumento generado por el modelo de finamiento de 1996:

 

Cambio de perspectiva

El actual interés de reducir el financiamiento público no obedece al descontento de la sociedad, sino que es inducido por una política de austeridad impulsada por el gobierno federal, en favor de una mayor captación económica para la instrumentación de programas sociales.

En los últimos 14 meses los parlamentarios, muchos de ellos aliados del gobierno federal, han presentado 23 iniciativas de reforma para modificar el modelo del financiamiento público. Los cambios consisten en la reducción del porcentaje de la UMA, la incorporación de la lista nominal de electores o de la votación total emitida como elementos de la fórmula de cálculo, el replanteamiento de la fórmula de reparto del dinero, la reducción del financiamiento de campañas y la eliminación del financiamiento público:

Estas reformas no han sido objeto de una amplía discusión y debate entre especialistas, académicos, legisladores y actores públicos y privados. El único ejercicio de parlamento abierto no profundizó sobre sus implicaciones y consecuencias; a lo mucho, fueron esbozadas y analizadas someramente, perdiéndose entre los temas de interés mediático3.

Una historia de mala praxis legislativa  

En vísperas de la aprobación del presupuesto de egresos 2020, el gobierno federal reavivó el interés por la reducción del dinero publico a los partidos políticos, con la finalidad de obtener otra fuente de ingresos para la operatividad de los programas sociales, estandarte de la administración federal.

La intencionalidad del gobierno eliminó la pausa legislativa de 14 meses en torno al tema. Esto produjo una singular celeridad en la Cámara de Diputados para reactivar el trámite legislativo. En una primera instancia, el proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales. Éste consistió en la reducción del 50% del dinero publico erogado a favor de los partidos políticos mediante la modificación del porcentaje de la UMA -de 65% pasa al 32.5%-.

Un tema polémico y delicado para la vida partidista y el sistema electoral tenía que ser motivo de una deliberación de gran calado y una resolución de muchos días o semanas. Empero, fuera de toda lógica, la polémica se resolvió en pocas horas, derivado de que MORENA y el PES ejercieron su abrumante mayoría para aprobar el proyecto de reforma con 17 votos favor y 14 votos en contra. Como consecuencia fue turnado para conocimiento y aprobación al pleno de la Cámara de Diputados.

El proyecto de reforma no contó el consenso de las fuerzas políticas de oposición -PRI, PAN, PRD y MC – ni con el apoyo de viejos aliados del gobierno federal -PT y PVEM-. Esta circunstancia alertó sobre posibles conflictos en la deliberación y la aprobación de la fase definitiva.

Aberración legislativa  

La aprobación del proyecto de reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales fue un proceso polémico y exprés, que auguraba una batalla inclemente en el pleno, aunado a que diversos líderes parlamentarios de la oposición advirtieron que no votarían a favor de la propuesta.

Ante un escenario adverso, la bancada de MORENA ideó e instrumentó una propuesta de engrose para sumar aliados en la modificación del modelo de financiamiento público; acciones que no fortalecían al sistema electoral ni al sistema de partidos políticos, sino que complacían a todos los grupos parlamentarios, sin importar el menoscabo ni la vulneración de las condiciones democráticas en el régimen político-electoral.

En primer lugar se establece una reducción del 20% del dinero público erogado a favor de los partidos políticos mediante la modificación del porcentaje de la UMA -de 65% pasa al 52%. Además, se cambia la fórmula de reparto del dinero público: 40% igualitaria y 60% proporcional. Esta es una buena propuesta debido que reduce un porcentaje menor del financiamiento público y mejora las condiciones de equidad en la distribución del dinero. Hasta aquí pareciera que no es tan descabellada la propuesta de engrose al proyecto de reforma.

En segundo lugar, se incrementa 10 puntos porcentuales el financiamiento para procesos electorales -pasa del 50% al 60%-, situación que revierte los efectos de reducción de la fórmula propuesta para actividades ordinarias, en virtud de que acrecienta el gasto público en las elecciones. Es decir, generaría un efecto similar a la reforma de 2007-2008 en donde, a la larga, no se reduce el gasto a los partidos. Por lo tanto, la propuesta comienza a levantar suspicacias.

En tercer lugar, se da marcha atrás a los criterios establecidos por el INE y por el TEPJF sobre la obligación de los partidos políticos de regresar el dinero público no utilizado al gobierno federal y se permite utilizar estos remantes en fines partidistas. Con ello se fomenta la opacidad y la tergiversación en el manejo de los recursos públicos. Además, CONACYT perdería una fuente de ingresos.

En cuarto lugar, se elimina la obligación de los partidos políticos de tener un padrón de afiliados, por lo que se revierte toda posibilidad de sancionar a las fuerzas políticas por cuestiones de afiliación indebida. Basta con recordar que de 2014 a 2019 se presentaron 19,186 denuncias y se han resuelto 2,225 casos mediante la imposición de 27.3 millones de multas. Esta propuesta incluso fomentaría el uso indebido de datos personales, lo cual vulnera otros derechos.

En quinto lugar, se condonan todas las sanciones vigentes a los partidos políticos. Con ello se dejan sin efecto las multas impuestas por el INE y confirmadas por el TEPJF, convirtiendo a las autoridades electorales en sujetos con una baja credibilidad ante los partidos, pues los cambios vulneran su facultad fiscalizadora, sancionatoria y jurisdiccional. También implicaría inaplicar las sanciones derivadas por casos emblemáticos: Amigos de Fox, PEMEXGATE, MONEX, Soriana, informes de labores del PVEM, por mencionar algunos.

En sexto lugar, se elimina la obligación de tener una estructura orgánica permanente que garantice el funcionamiento ordinario de los partidos políticos. Ello significaría suprimir los avances sobre la democratización de la vida interna de las fuerzas políticas, se quebranta la protección de los derechos de militantes, precandidatos y dirigentes. E incluso lleva a cuestionar, porque se tendría que dar dinero público en periodo ordinario los partidos políticos carecen de una estructura permanente.

Como se puede observar, las propuestas de engrose están elaboradas para convencer a las fuerzas políticas para votar a favor del proyecto de reforma. Por primera ocasión, una reforma electoral podría ser aprobada en torno dádivas legislativas, en lugar de ser producto de un arreglo legal e institucional de gran calado.

De aprobarse el proyecto de reforma se generaría un procedente terrible para la elaboración de reformas electorales; se estaría olvidando el proceso de constricción histórica del entramo normativo e institucional, y se establecería como moneda de cambio las transformaciones electorales posteriores.

A manera de conclusión

La propuesta de modificación de la formula del financiamiento público es una solución casuística a un inconveniente no electoral. Por primera vez, se trata de solucionar un problema económico a través de la vía comicial, sin importar las afectaciones al sistema de partidos políticos y al sistema electoral.

Un cambio en el financiamiento público no debe ser realizado de manera aislado, como elemento particular, ajeno al conjunto de factores y procedimientos; sino que debe obedecer a una lógica integral político-electoral, ya que trastoca, directa e indirectamente, a elementos como la fiscalización, precampañas, campañas, equidad, financiamiento privado, topes de campaña, entre otros.

De seguir con la intencionalidad de aprobar la modificación al modelo del financiamiento público, sin importar la estabilidad del régimen político-electoral, estarían resurgiendo las viejas prácticas del pasado autoritario, instrumentadas por el partido de Estado, consistentes en el sometimiento del Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo. Evocando a Jorge Carpizo, se reforzarían las facultades metaconstitucionales del Presidente, características del viejo régimen.

* César Hernández González (@ZezarHG) es asesor de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral.

 

1 CMCD -costo mínimo de campaña de diputados-; NPP -número de partidos con representación en el Congreso de la Unión; CMCS -costo mínimo de campaña de senadores-; CMCP –costo mínimo de campaña de presidente-; DDCD -días de duración de campaña de diputados; y DDCD -días de duración de campaña de presidente.

2 NCPE -ciudadanos inscritos en el padrón electoral- y SMVDF -salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal-.

3 Disponible aquí.

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