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Partidos políticos sin miedo a sanciones
El INE impuso ayer una multa de 585 millones de pesos a los partidos por violar distintas disposiciones sobre el uso de los recursos públicos que reciben, de la cual el 41% se impuso a Morena. Este modelo sancionatorio es obsoleto, porque las multas no han logrado impedir que los partidos políticos realicen y repitan conductas que vulneren la equidad en el proceso electoral.
Por César Hernández González
7 de noviembre, 2019
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El pasado 6 de noviembre el Instituto Nacional Electoral resolvió la aplicación de multas en materia de fiscalización sobre los recursos destinados para el sostenimiento y el funcionamiento ordinario de los partidos políticos durante el ejercicio 2018.

Se impuso una sanción total por $585,248,161.89 millones, distribuida de la siguiente manera: $238,882,983.86 para MORENA (41%); $68,283,413.29 para el PAN (12%); $65,591,201.66 para el PRD (11%); $56,997,010.08 para el PT (10%); $56,378,787.86 para el PRI (10%); $37,638,863.52 para MC (6%); $28,649,814.93 para el PVEM (5%); y, $13,625,390.45 para NA (2%).

Además, las conductas que generaron las mayores multas fueron aquellas consistentes cuentas por pagar con $170,997,090.02 (24%); cuentas por cobrar con $126,294; 619.25 (18%); gastos sin objeto partidista con $57,117,140.30 (8%), reportar en un informe distinto al fiscalizado con $56,538,050.29 (8%) y no destinar recursos para actividades específicas 50,692,401.28(7%).

Hasta aquí todo tiene lógica. Los partidos políticos vulneran la normatividad electoral y como consecuencia son acreedores a una sanción, cuya finalidad es tripartita: i) proteger la equidad, ii) inhibir la realización de conductas, y iii) evitar la instrumentación reiterativa de actos. Sin embargo, la realidad demuestra que el modelo sancionatorio es obsoleto, porque las multas no han logrado impedir que los partidos políticos realicen y repitan conductas que vulneren la equidad en el proceso electoral. Por el contrario, se han convertido en supuestos prácticos para la consecución de fines políticos y sociales que otorguen ventajas a cambio de una pérdida económica baladí, gradual y recusable.

Las sanciones se transformaron en condiciones previsibles, atendibles y subsanables para los partidos políticos, puesto que han logrado que no afecten sustancialmente el desarrollo de sus actividades ordinarias y/o estrategias electorales. Son parte del juego de político de tácticas para obtener beneficios y privilegios que los posicione como mejor opción electoral ante la ciudadanía, en lugar de ser un mecanismo que inhiba prácticas no deseables.

Año con año, los partidos políticos son multados con importes exorbitantes; no obstante, existe un incremento exponencial de las conductas trasgresoras, lo que induce, directamente, a un alza en el importe de las sanciones, sin que ello signifique un alto, disminución y/o retroceso de la instrumentación dolosa de actos ilegales. En este sentido, al analizar el índice histórico de multas en materia de fiscalización en el periodo entre el 2015 y el 2018, se obtiene la premisa antes aludida, que versa sobre la ineficacia e ineficiencia del modelo sancionador, demostrada en seis supuestos:

1. La imposición de sanciones no produce un efecto inhibitorio de las conductas trasgresoras; por el contrario, cada año se reproducen viejas prácticas -no reportar gastos, no destinar recursos para actividades específicas, no pagar impuestos y reportar en un informe distinto al fiscalizado-, o bien, aparecen nuevas conductas -triangulación de recursos, aportaciones de empresas mercantiles y de gobiernos, reportes falsos de gastos-.

2. Todos los partidos han presentado un incremento en los montos de las sanciones. Éstas han aumentado anualmente; lo que implica, a todas luces, una falla en el modelo sancionatorio, ya que no se está generando un efecto reductor de actos ilegales:

3. Existe un incremento del 300% en el monto de las sanciones entre 2015 y del 231% entre 2017 y 2018. Aconteció una reducción del -18% entre 2016 y 2017 debido al número menor de procesos locales realizados en 2017.

4. El PVEM tiene, en promedio, un incremento de 554.80% en el monto de las sanciones; PRI de 246%; MORENA de 211%; MC de 178%; PAN de 172%; PT de 171%; PRD de 98%.

5. Existe una tendencia al alza en la imposición de multas que demuestra un incremento en el número de actos violatorios y que éstos, por su recurrencia, son sancionados con mayor rigor:

6. Se impuso un monto global de $4,333,410,546.05, repartidas de la siguiente manera: PRI con $910,016,214.70 (21%); MORENA con $650,011,581.90 (15%); PRD con $563,343,371.00 (13%); PAN con $ 476,675,160.10 (11%); PVEM con $433,341,054.60 (10%); PT con $433,341,054.60 (10%); PES con $303,338,738.20 (7%); MC con $216,670,527.30 (5%); NA con $173,336,421.80; partidos políticos locales con $130,002,316.40 (3%) y candidatos independientes con $43,334,105.46 (1%).

Por todo lo anterior, es posible concluir que las sanciones pasaron de ser un castigo a una categoría de “ganar-ganar”. Los partidos políticos le tienen bien tomada la medida al modelo sancionatorio, juegan políticamente a evadir las consecuencias nocivas sobre sus intereses.

Las fuerzas políticas se aprovechan de un modelo permisivo que les otorga la posibilidad de subsanar información, corregir errores y enmendar omisiones en cuatro oportunidades: informe de gastos, primer informe de errores y omisiones, segundo informe de errores y omisiones, y en el seno del Consejo General del INE. También han logrado establecer un esquema de pago fraccionado de las multas, es decir, pagos mensuales -abonos pequeños-.

Además, tienen el derecho de impugnar las resoluciones del INE ante el TEPJF. Con ello, los partidos políticos acceden a la posibilidad de reducir los montos de las sanciones, y en el mejor de los casos, a revocar la imposición de multas. Como muestra, basta con recordar, los informes de labores del PVEM; el fideicomiso de MORENA; y, el caso MONEX del PRI; que fueron, en algunos casos, reducidas y, en otros, canceladas por el TEPJF.

Por si fuera poco, la fórmula de financiamiento permite a los partidos políticos tener un incremento exponencial de recursos económicos, en virtud, de que dos elementos de dicha formula son componentes móviles siempre en aumento: la unidad de medida y actualización (UMA) y el número de ciudadanos que integran el padrón electoral.

De esta forma, año con año, se incrementa el monto del financiamiento público, acto que produce una aparente inmutación de las fuerzas políticas ante las sanciones impuestas por el INE, puesto que las multas representan montos sin importancia en comparación con el financiamiento público que reciben las fuerzas políticas:

Ante una eventual reforma electoral, los legisladores tienen la oportunidad de modificar el modelo sancionatorio para evitar que actos ilegales condicionen la equidad de la competencia electoral. A nadie conviene que un candidato o fuerza política, sea ganador o perdedor, utilice prácticas deleznables para competir en la arena electoral, pues a la larga, terminaría por erosionar la democracia.

* César Hernández González (@ZezarHG) es asesor de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral.

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