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¿Por qué liberaron al agresor de Abril?
Abril fue una víctima más de la creencia falsa de que la “gravedad” de un delito determina el tipo de medida cautelar que debe imponerse.
Por Anel Pineda y Alejandro Jiménez
2 de diciembre, 2019
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No hay nada peor que escribir después de una tragedia, pues mirar en retrospectiva y desde la perspectiva del analista, descontextualiza y genera condenas sumarias e imprecisas. Pero la pregunta inicial permanece: ¿por qué liberaron al agresor de Abril?

Es claro que en la historia de violencia de género de Abril, que culminó en su feminicidio, todo falló, como ha fallado en las historias de muchas otras mujeres en México. Falló la sociedad que exige a las víctimas de violencia que denuncien y que hagan algo ante la violencia que viven, pero no les cree cuando levantan la voz y, en particular, falló el Estado mediante la Agencia del Ministerio Público y la autoridad judicial que no actuaron con perspectiva de género y la debida diligencia reforzada que ameritaba el caso.

Pero aunado a esto, nos falló la creencia de que existe una relación entre cárcel y justicia, sobre todo, porque bajo esta creencia se llegó a celebrar que los delitos como feminicidio, corrupción o delincuencia organizada, se incorporaran a un catálogo de “delitos graves”, ya que con esto se alcanzaría una reivindicación histórica y un cambio de paradigma en la forma en la que se tratarían estos casos.

Lastimosamente, este catálogo de “delitos graves”, cuyo efecto práctico es la imposición de la prisión preventiva de manera oficiosa -es decir, sin debate ni análisis- nos generó un punto ciego: los riesgos que corren las víctimas en todos los casos, sea cual sea la gravedad del delito que se investiga.

Usted dirá ¿y esto qué tiene que ver? Pues le diremos que la prisión preventiva es una de varias medidas cautelares que la ley prevé para asegurar que la persona investigada por un delito no se fugue y/o no dañe a las víctimas y testigos, mientras se llega a un juicio y una sanción.

Para que las juezas y jueces puedan hacer uso adecuado de estas medidas cautelares, es necesario que tengan información suficiente y confiable sobre los riesgos que podrían surgir con la libertad de la persona que está siendo investigada. Jueces y juezas debían conocer y analizar si con la libertad del agresor de Abril, ella y los testigos corrían algún riesgo, o bien si existía el riesgo de que se fugara y no enfrentara la justicia.

En este caso no fue así. Este análisis no se llevó a cabo, porque el agresor de Abril fue puesto en prisión preventiva oficiosa en una primera audiencia, ya que se consideró que en su caso era aplicable este catálogo de “delitos graves”, que sin análisis de riesgos o debate previo permite que se imponga este medida cautelar; sin embargo, al cambiar el delito por otro en una audiencia posterior, se descartó la necesidad de la prisión preventiva, ya que el nuevo delito no se encuentra en este catálogo.

El feminicidio de Abril nos deja una señal clara: el delito por el cual se detiene, imputa o procesa a una persona, no es el factor determinante para saber si su libertad representa un riesgo para la continuidad del proceso y para la integridad de las víctimas.

Igual que Abril, hoy muchas personas corren riesgo por haber denunciado y llevado ante la justicia a su agresor, y por otro lado, muchas personas en investigación pueden fugarse y no enfrentar la justicia, sin que esto tenga relación directa con la gravedad del delito del que se trate, sino con las capacidades que tiene la persona investigada para sustraerse o dañar a otras, y las vulnerabilidades de las víctimas y testigos que las señalan.

Imaginemos que no existiera este catálogo de delitos graves. De no existir, en todos los casos, o en cualquier delito, las Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) deberían de elaborar un análisis de riesgos que permita identificar qué circunstancias del caso concreto podrían significar un riesgo para que la persona investigada se fugue, y sobre todo, si existen riesgos de que se afecte la integridad de las víctimas y testigos.

De no existir un catálogo de delitos graves, en todos los casos, la Agencia del Ministerio Público, la Asesoría Jurídica de Víctimas, la Defensa y la autoridad judicial tendrían la oportunidad y la obligación de discutir respecto a esos riesgos y la mejor forma de cautelarlos, es decir, de tomar medidas adecuadas para que no ocurran.

Esto, paradójicamente, no sucede en los llamados “delitos graves”, no hay ni análisis de riesgo, ni debate entre defensa y ministerio público, ni el juez tiene la necesidad de escuchar las condiciones de riesgo de la víctima; en pocas palabras, no hay audiencia de medidas cautelares. Al establecer este catálogo de delitos graves en la ley, se impone una medida cautelar desde la sede legislativa, un lugar muy lejano desde el cual no es posible analizar las particularidades de cada caso.

Abril fue una víctima más de la creencia falsa de que la “gravedad” de un delito determina el tipo de medida cautelar que debe imponerse. Lo cierto es que la medida cautelar debe imponerse de acuerdo a un análisis de las capacidades de la persona investigada para causar daño a las víctimas y testigos, o para fugarse y no enfrentar la justicia, ya que el tipo de delito o su gravedad aún se encuentran en investigación y pueden cambiar de acuerdo con las pruebas que se obtengan en la misma.

Desde 2008 el catálogo de delitos graves del artículo 19 constitucional es el tzompantli por el que se pretende disuadir, al llevar su juicio encarceladas a las personas que osen ser detenidas por los delitos que ahí se enumeran, como en los tiempos prehispánicos. Esta, si bien es una solución políticamente rentable, carece del efecto disuasorio que se le pretende atribuir y desnaturaliza las medidas cautelares asumiendo que la prisión preventiva, al ser la más severa, es la mas adecuada para todos los casos.

Entonces la prisión preventiva se ha convertido en la gran meta a alcanzar. En México el sistema policial y el sistema de justicia son paralelos, solo se cruzan cuando es necesario formalizar una detención por más de unas semanas y para esto necesitan prisión preventiva. La sentencia o la solución del caso no aparece en la ecuación. La prisión preventiva es perseguida por las agencias del Ministerio Público, y una medida cautelar ciertamente cómoda para jueces y juezas porque resulta socialmente aceptable y hasta exigible, ya que aunque la investigación no prospere, ya hubo una demostración de sanción previa al juicio. Desde esta perspectiva, la sanción real de los delitos resulta secundaria, y el acceso a la justicia de las víctimas irrelevante.

Es por ello que aparenta ser relativamente sencillo y popular abanderar un discurso de prisión a todas las personas por delitos “graves”, mientras se investiga su responsabilidad en los hechos. Pero nos juega en contra porque se refuerza la creencia de que en los otros delitos, la prisión preventiva no se puede o no se debe imponer, aunque en el caso concreto la persona represente un riesgo para la víctima o la probabilidad de que escape sea alta.

Lo que no es popular ni políticamente rentable, pero es necesario y urgente, es cuestionar y fortalecer los métodos de análisis de riesgos de las UMECAS y la forma en la que jueces y juezas deciden por una medida cautelar u otra. ¿Cuáles son los factores a analizar? ¿Cómo se analizan los riesgos con perspectiva de género? ¿Cómo se estudia el riesgo? ¿Cómo deben de rendir cuentas estas autoridades cuando se toma esta decisión? Las medidas cautelares actuales ¿son suficientes para proteger a las víctimas y testigos? ¿Cuáles son las medidas cautelares que realmente pueden garantizar su seguridad? ¿Quién y cómo se deben vigilar las medidas cautelares?

En el caso de Abril, la prisión preventiva no bastaba, ella necesitaba más protección.

Las medidas cautelares que actualmente plantea el código nacional de procedimientos penales están más enfocadas en prevenir la fuga de las personas imputadas, y no son suficientes para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas y testigos. En este listado de medidas cautelares no se prevé, por ejemplo, la asignación de custodia policial durante el proceso o botones de pánico para las víctimas.

Por otro lado, el análisis de riesgos en el codigo nacional de procedimientos penales, y por ende el de las UMECAS, se enfoca en mayor medida al riesgo de fuga, sin un análisis de probabilidad e impacto de los riesgos en las víctimas y testigos con perspectiva de género e interculturalidad.

Las preocupaciones que llevaron a esta legislatura y a la de 2008 a crear y ampliar el catálogo del artículo 19 constitucional (de delitos en donde no se debate la medida cautelar ni se hace un análisis de riesgo) son legítimas. La necesidad de dar resultados, la exigencia de la población y la presión por dar señales de contundencia frente a una percepción de impunidad generalizada suceden en cualquier país, gobernado por izquierdas o derechas, pues es una respuesta obvia desde la emoción y el hígado a los que la política tiene que responder.

Pero es tiempo ya de dejar de lado la pirotecnia punitiva y repensar la forma en la que se analiza el riesgo que corren las víctimas mientras transcurre el proceso penal y llega el juicio, la forma en la que la autoridad judicial toma esa decisión. Y necesariamente tenemos que replantear la concepción que tenemos de las medidas cautelares con relación al tipo de delito por el cual se investiga a una persona, para centrar el estudio en el tipo de riesgo que representa para el proceso y las personas involucradas en el.

Entonces, ¿por qué liberaron al agresor de Abril? Porque las legislaturas han reforzado un paradigma que una y otra vez ha demostrado ser falso: que la medida cautelar debe imponerse según el delito del que se trate, sin un análisis de riesgos objetivo y confiable.

* Anel Pineda (@anelpm) es consultora de justicia penal y medidas cautelares. Alejandro Jiménez (@alejandrojimp) es investigador del área de justicia penal del CEEAD.

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