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¿Por qué persisten los abusos policiales en México?
Escasez de recursos, falta de capacitación, salarios precarios, violencia extrema y subordinación a intereses políticos son las principales causas estructurales que detonan su deficiente desempeño.
Por Sergio Martínez / INCIDE Social
1 de julio, 2020
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En las últimas semanas han salido a la luz pública distintos casos de brutalidad y abusos policiales que han causado enojo e indignación en diferentes partes del país. Casos como el de Giovanni en Jalisco,1 Humberto en el Estado de México,2 Guillermo en Nuevo León3 o el de Melanie en la Ciudad de México,4 han puesto al descubierto que en México los maltratos y vejaciones por parte de elementos policiales son prácticas generalizadas en todas las corporaciones, especialmente, ejercidos en contra de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, mujeres, grupos indígenas, personas en situación de pobreza, migrantes, entre otros.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del INEGI, el 73% de las personas no se sienten satisfechas con el servicio que brinda la policía en su ciudad y sólo el 33.5% tienen confianza en esta institución. En otras palabras, las personas no confían en quienes deberían de protegerlas y cuidarlas como consecuencia del abuso de poder y autoridad que ejercen los elementos policiales, así como de su pocas capacidades para brindar seguridad y enfrentar la violencia.

Más allá de lanzar de manera generalizada señalamientos acusatorios en contra de los policías, porque también hay que decir que existen buenos elementos que cumplen con su deber y arriesgan su vida día a día, lo importante es indagar en las causas que detonan tanto la violencia que ejercen en contra la ciudadanía como como su baja efectividad en materia de seguridad. Para ello, es necesario analizar los contextos y las condiciones en la que tienen que desempeñar sus funciones la mayoría de las corporaciones de seguridad en México:

a) Escasez de recursos

Según la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENCAP) 2017 del INEGI, 8 de cada 10 policías a nivel nacional dijeron haber tenido que adquirir por su propia cuentan algún material o accesorio para su protección y el 34% han tenido que comprar con sus propios recursos su uniforme o alguna prenda de éste. Situación que está relacionada con los pocos recursos que se le invierten a la seguridad en nuestro país, ya que mientras en promedio los países de la OCDE le destinan el 1.7% de su PIB a la seguridad, en México el gasto en este rubro apenas ha sido del 0.9% del PIB.

b) Falta de capacitación

Según la ENCAP 2017, el 80% de elementos policiales recibe algún curso de capacitación al ingresar a las corporaciones; no obstante, menos del 30% recibe algún tipo de especialización o actualización para mejorar sus habilidades. Por otra parte, la misma encuesta señala que la mayoría de los policías dijo estar de acuerdo con recibir capacitaciones en temas de mecanismos de comunicación con la ciudadanía, tácticas de arresto, uso de la fuerza, mediación de conflictos, entre otros. Conocimientos y aprendizajes sobre estos temas y otros relacionados con el respecto de los derechos humanos y perspectiva de género, ayudarían a crear conciencia sobre los abusos y agresiones.

c) Salarios precarios

Si bien la percepción salarial varía según el ámbito, puesto, jerarquía y entidad, la mayoría de los policías no recibe un sueldo acorde con sus responsabilidad, riesgos y largas jornadas de trabajo que van desde la 12 hasta las 24 horas continuas. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un policía estatal recibe en promedio 9 mil pesos mensuales; por su parte, los policías municipales en algunas localidades del país tan sólo ganan alrededor de 5 mil pesos al mes, esto es, poco más de 60 pesos por jornada laboral.

d) Contextos de violencia extrema

Como lo ha señalado en diversas ocasiones Eduardo Guerrero, experto en seguridad, existen varias zonas y regiones de México que están bajo el control de grupos criminales; territorios en los cuales los criminales cuentan con bastos recursos económicos, armamento de alto calibre (muchas veces, mejor que el de las corporaciones policiales), personal capacitado y entrenado, una amplia base social que los protege e incluso tienen el apoyo o complicidad de políticos locales y autoridades de diferentes niveles de gobierno. Ante estos contextos muchos elementos policiales sólo tienen dos opciones “la plata o el plomo”. Ejemplo de ello están los diversos casos de agresiones y masacres que han sufrido elementos policiales, la última de ellas registrada el Chilpancingo, Guerrero donde fueron emboscados y asesinados 6 elementos de la policía estatal.

e) Subordinación a intereses políticos

El diseño institucional del modelo de policía en México hace que muchas corporaciones estén bajo la subordinación y control del poder político. Situación que los hace proclives a ser empleados para fines distintos a la seguridad pública, ya sea como escoltas personales de figuras políticas o para perseguir opositores (políticos, periodistas, activistas sociales, etc.) y reprimir movimientos sociales. Lo cual es resultado de que no existen consecuencias directas para altos los mandos y políticos que dan las órdenes. Toda la responsabilidad suele recaer sobre los policías, especialmente sobre los de bajo nivel.

Es importante mencionar que no se trata de justificar las agresiones y abusos policiales, sino de poner en la mesa de discusión las causas estructurales y los factores que detonan su deficiente desempeño. La mayoría de estas causas se deben, por un lado, a la centralización y militarización de la seguridad impulsado desde el gobierno federal y, por otro lado, a la delegación desde lo local de la obligación para construir corporaciones de policía capacitadas, profesionales y de carácter civil.

Asimismo, es importante mencionar que en nuestro país sigue predominando el enfoque reactivo y punitivo del modelo policial, es decir, aquel que entiende a la seguridad desde un punto de vista meramente coercitivo. Por ello, también es necesario que se promueva la construcción de modelos de policías desde el enfoque de seguridad ciudadana, por medio del cual se conciba a la seguridad como un derecho humano que debe de ser proporcionado por el Estado con la (co)participación de las y los ciudadanos mediante el diseño e implementación de políticas de seguridad enfocadas en la prevención del delito y las diferentes formas de violencias desde una perspectiva que garantice los derechos humanos.

En conclusión, mientras no exista un esfuerzo coordinado y articulado entre los tres niveles de gobierno para asumir la responsabilidad de mejorar las condiciones (equipo, capacitación, salarios, protección, etc.) de trabajo de los policías del país, apostar por la construcción de corporaciones de seguridad profesionales, capacitadas y civiles, y transitar del enfoque de seguridad pública hacia el de seguridad ciudadana, seguirán presentándose casos de brutalidad y abusos como de los que fueron víctimas Giovanni, Humberto, Guillermo y Melanie. Lo cual no sólo pondrá de manifiesto la(s) incapacidad(es) del Estado para brindar seguridad, protección y justicia, sino también su culpabilidad en la generación e incremento de la terrible ola de violencia por la que atraviesa actualmente nuestro país.

* Sergio Martínez (@SergioJessMtz) es politólogo e investigador en INCIDE Social A. C. (@INCIDE_Social) en temas de prevención de las violencias, así como de democracia, participación y ciudadanía.

 

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

3 Disponible aquí.

4 Disponible aquí.

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