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¿Por qué votarán 949 personas en prisión en esta elección?
Entre el 17 y el 19 de mayo, 949 personas privadas de su libertad y aún sin sentencia podrán votar en el proceso electoral por primera vez en México.
Por Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social
17 de mayo, 2021
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Por primera vez en México, las personas privadas de la libertad en prisión preventiva podrán ejercer su derecho al voto entre el 17 y el 19 de mayo. Un derecho que les había sido suspendido.

Nuestra Constitución Política, en el Artículo 20,  capítulo B, señala que “toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia definitiva y firme”, lo que significa que los derechos políticos de las personas privadas de la libertad en prisión preventiva se mantienen vigentes.

Con esta argumentación y a partir del recurso interpuesto en 2018 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dos personas de autoadscripción tzotzil, internos en prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, Chiapas,  el TEPJF determinó que las personas sin sentencia condenatoria tienen derecho a ejercer el voto con base en la presunción de inocencia.

A partir de esta sentencia histórica se instruyó al INE implementar un programa para garantizar el derecho al voto de forma paulatina y progresiva para personas en prisión preventiva en las elecciones de 2024.

Ahora bien, para el cumplimiento de la sentencia el INE debería implementar la primera prueba piloto en las elecciones intermedias de este año. En la muestra consideró las cinco circunscripciones electorales, tomando en cuenta la perspectiva de género, así como la interculturalidad.  Así, en febrero de este año el Consejo General del INE aprobó el Modelo de Operación de Voto de Personas en Prisión Preventiva, a desarrollarse en cinco Centros Federales de Readaptación Social con una población total de 2 mil 699 personas en prisión preventiva ubicados en Sonora, Guanajuato, Michoacán, Chiapas y Morelos, este último el único Centro Federal Femenil en el país.

El modelo mencionado se basa en la experiencia de voto de mexicanos en el extranjero, mediante la modalidad de voto postal anticipado. El proceso inicia con la decisión manifiesta de las personas en prisión preventiva de estos cinco CEFERESOS de participar en la elección. Esto se realiza mediante la presentación de una solicitud individual de incorporación a la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva, que les fueron proporcionados por personal de las Juntas Locales Ejecutivas  del INE.

A partir de esta solicitud el INE verificó que estas personas estuvieran registradas previamente en la lista nominal de electores (LNE) para ser incorporados en la lista nominal de personas en prisión preventiva,  ya que el modelo no contempla actividades de empadronamiento y credencialización. Esta lista nominal finalmente quedó conformada por 949 personas.

A partir de este lunes y hasta el 19 de mayo, el personal del INE asistirá a los CEFERESOS con sobres personalizados que incluyen la boleta electoral para la diputación federal del distrito electoral donde fueron registrados previo a entrar al centro penitenciario, un instructivo para el ejercicio del voto y un documento que presenta la información acerca de las propuestas de los partidos políticos en general.

Una vez emitido el voto, las personas introducirán su boleta en los sobres que serán sellados, resguardados y enviados a los distritos particulares para ser contados en Mesas de Escrutinio y Cómputo establecidas exclusivamente para estos votos, el 6 de junio.

Este hecho histórico implica una oportunidad para restituir el derecho al voto y reconocerlo como una oportunidad para visibilizar las necesidades y problemáticas que tienen las personas en prisión,  sus familias y sus comunidades de origen y retorno. También representa una posibilidad de ver este derecho como la puerta a otros derechos, es decir, como parte de un proceso de reinserción social basado en una perspectiva de derechos humanos, que incluye el fortalecimiento de la ciudadanía activa de las personas privadas de la libertad. El derecho al voto debe ser entendido como un proceso de socialización y reinserción social, lo que significaría un avance en la cultura democrática de cualquier país.

Ahora bien, en tanto que este ejercicio es parte de una prueba piloto que permitirá el restablecimiento del derecho al voto de las personas en prisión preventiva, desde CEA Justicia Social y desde el Observatorio Libres Para Elegir creemos que para mejorar el procedimiento de cara al 2024, donde estimamos que, si las cifras de prisión preventiva se mantienen en nuestro país, aproximadamente 90 mil personas tendrían la posibilidad de votar, al menos deben tomarse en cuenta los siguientes puntos:

Primero, las personas recibirán información general sobre las plataformas de los partidos, las cuales sólo estarán disponibles en el momento en que reciban su sobre, lo que limita su derecho a la información, y por ende al ejercicio de un voto informado. Por lo tanto, la restitución del derecho a la participación política a través del voto sólo resultará completo si se acompaña de la garantía del derecho a la información, ya que este último es condición necesaria para el ejercicio de la ciudadanía.

Por lo que el INE, en conjunto con los partidos políticos, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, tendrían que establecer una ruta de trabajo para impulsar el ejercicio al voto y la participación cívica al interior de los centros previo a los procesos electorales que se llevarán a cabo en los próximos años, y no solo la organización de la jornada electoral.

Segundo, el modelo no contempla la participación de personas observadoras electorales ni de medios de comunicación en los días de la jornada de voto anticipado que permita dar seguimiento al proceso y generar condiciones de transparencia y certeza al mismo. Por lo que resulta indispensable incluir esta figura en pruebas subsecuentes y primordialmente en la jornada de 2024, en la cual todos los centros penitenciarios del país deberán participar en la restitución de este derecho.

Finalmente, será fundamental el trabajo de seguimiento y monitoreo que pueda hacerse desde la sociedad civil y desde los organismos de defensa de derechos humanos para identificar aquellos elementos que fortalezcan el modelo y que permitan que las personas en prisión preventiva ejerzan este derecho, que implica no sólo la exigencia  de una serie de derechos para el mejoramiento de sus condiciones de vida, sino también para el fortalecimiento de nuestra democracia.

* El Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (@CeaJusticia) es una organización de defensa de derechos humanos que busca contribuir al acceso a la justicia social y la reinserción de las personas, familias y comunidades en conflicto con la ley, o con experiencias de violencia en México, mediante el fortalecimiento de la participación comunitaria y el ejercicio efectivo de sus derechos.

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