Presunción de inocencia para uno, prisión preventiva para miles - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Presunción de inocencia para uno, prisión preventiva para miles
El mismo día que Cienfuegos era liberado de todo proceso, las autoridades mexicanas presentaban cargos formales y solicitaban pena máxima contra la activista indígena y feminista Kenia Hernández, quien fue detenida con violencia y sin orden de aprensión meses atrás.
Por Luis Ángel Martínez
22 de enero, 2021
Comparte

Vivimos en un país que tiene a más de 150 mil personas que, sin haber sido sentenciadas en un juicio, se encuentran privadas de su libertad; pero también vivimos en un país que tiene cero1 funcionarios públicos de primer nivel sentenciados por algún caso mayor de corrupción. O sea, vivimos en un país donde solo se aplica la presunción de inocencia para quien la pueda pagar.

La semana pasada, las cárceles y los criminales fueron el tema de la mañanera, aunque lamentablemente no al mismo tiempo. Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante el gobierno de Felipe Calderón se entregaron, de forma discrecional, nueve contratos por adjudicación directa a la iniciativa privada para la construcción de nueve reclusorios,  por un monto de 266 mil millones de pesos. Una vez concluidos los acuerdos, las empresas beneficiadas se quedarían con las obras, para establecer nuevas condiciones de arrendamiento con las autoridades.

Este hecho, fuera del muy posible acto de corrupción que se debe investigar, concluyó con un comentario con sesgo de clasismo y desconocimiento de la situación de las cárceles en el país. El presidente dijo que “en promedio -nos cuesta a los contribuyentes- tres mil 500 pesos diarios tener un recluso, pues es lo que yo gano al mes, o sea, 100 mil…. Sí, es lo que yo gano diario como presidente. Es un hotel de gran lujo”.

En este país, las cárceles están lejos de ser un hotel de gran lujo, pues según el “Observatorio de Prisiones”, un estudio realizado por Documenta, el 40% de los reclusos duermen en el piso y solo el 14% puede acceder a cualquier hora del día a servicios médicos. Si a este escenario sumamos la pandemia, la calidad de vida en prisión solo se ha pauperizado aún más pues, oficialmente hay 3,011 casos de COVID-19 en prisiones y 245 decesos confirmados acumulados. A las malas condiciones de infraestructura y sanitarias, hay que sumar las pocas oportunidades de readaptación social y extrema discriminación que tienen las personas que han pisado una prisión.

Regresando a las declaraciones mañaneras del presidente, el viernes 15 de enero, López Obrador defendió la decisión de no iniciar un proceso penal contra el general Salvador Cienfuegos. Si bien solo las autoridades pueden decidir sobre la inocencia o culpabilidad  de cualquier persona, sí podemos cuestionar la celeridad que se le dio a este proceso para cerrarlo y el trato preferente que se tuvo hacia Cienfuegos. Por ejemplo, gracias a lo revelado por la SRE, supimos que México pagó la defensa legal del general en Estados Unidos, mientras cientos de nuestros paisanos son olvidados por las autoridades consulares en las cárceles estadounidenses.

Y por si lo anterior fuera poco, llama mucho la atención que la Fiscalía mexicana haya decido, en solo 56 días, no comenzar un proceso contra un general que llevaba ya dos años siendo investigado por la DEA y que se encontraba acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, la misma que llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera  y actualmente el de Genaro García Luna.

En México, tenemos como principio básico de derechos humanos la presunción de inocencia, que tiene como objetivo que nadie vaya a la cárcel sin un juicio justo y comprobación de su culpabilidad. Sin embargo, la Constitución establece una excepción: la prisión preventiva que es una medida cautelar para evitar que los acusados se fuguen y enfrenten su proceso penal en prisión hasta que se les dicte sentencia. Lamentablemente, esta excepción es la regla, pues 4 de cada 10 personas en situación de cárcel no han recibido una sentencia.

La FGR decidió no comenzar un proceso contra Cienfuegos porque, entre otras cosas, “el léxico y las faltas de ortografía en los mensajes no pueden ser autoría de una persona ha tenido una alta preparación académica, incluso a nivel maestría, como el general Cienfuegos” y la autorización de la Corte para interceptar llamadas a narcotraficantes que estaban en México no fue comprobada con algún documento por lo que los mensajes y las fotografías enviadas carecen de valor probatorio.

En este punto, es necesario señalar que las cárceles están diseñadas para las personas que sufren más de la desigualdad de este país, pues según datos de la primera Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad (ENPOL) realizada por el INEGI, el 75% de las personas privadas de su libertad tienen, a lo más, educación básica terminada; el 61% tiene hijos menores de 18 años; y el 70% tiene personas que depende de ellos económicamente.

El caso Cienfuegos podría representar una ilusión de que en México se respetan con total apego los derechos humanos del imputado y se realiza la máxima investigación para evitar que no haya otro inocente más en la cárcel. Lamentablemente esto es falso, pues el mismo día que Cienfuegos era liberado de todo proceso, las autoridades mexicanas presentaban cargos formales y solicitaban pena máxima contra la activista indígena y feminista Kenia Hernández,  quien fue detenida con violencia y sin orden de aprensión meses atrás, o podríamos hablar de las 410 mujeres que actualmente están en la cárcel, presas por partos fortuitos y han sido acusadas de homicidio.

Por todo lo anterior, es válido preguntarnos: ¿por qué para la Fiscalía es más peligrosa una mujer indígena acusada por “el supuesto delito de ataques a las vías de comunicación” que un exgeneral miembro de la élite política y económica de México que fue acusado de narcotráfico en el más alto nivel?

* Luis Ángel Martínez es especialista anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).

 

1 Rosario Robles se encuentra privada de su libertad por prisión preventiva oficiosa, así que no ha sido sentenciada y formalmente aún no es culpable de algún delito.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.