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Presupuesto 2020 agrava la crisis de las universidades públicas estatales
Tiene razón el presidente López Obrador en señalar que es indispensable que las autoridades universitarias transparenten el uso que dan a los recursos que reciben. La dinámica de negociación que ha imperado en los últimos años es insostenible y no atiende el problema estructural que enfrentan las instituciones de educación superior.
Por Mauricio Polin
17 de octubre, 2019
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Las universidades públicas estatales viven en crisis. Once de ellas están quebradas y muchas otras sufren penurias para cubrir sus obligaciones financieras y de nómina. De las 35 que existen, son pocas las que funcionan de forma ordenada. Casi todas levantan la mano año con año para pedir dinero extra para cerrar el año. Este problema no se va a resolver con los rescates que el gobierno ha realizado en los últimos años; se requiere una reingeniería financiera y romper los vicios políticos que han agravado su mala administración.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PPEF) agravará la crisis. Se propone una disminución en términos reales del subsidio federal y de los fondos extraordinarios para organismos descentralizados estatales, al tiempo que el Fondo para la Obligatoriedad de la Educación Superior no está incluido dentro del presupuesto.

En comparación con el presupuesto aprobado para 2019, los recursos planteados para el Programa Presupuestario U006 en el PPEF 2020 presentan una disminución de 0.6% en términos reales. Esta reducción contrasta con las declaraciones del presidente respecto a que la educación es una de las prioridades de su gobierno: el monto que se propone destinar a las Instituciones de Educación Superior (IES) no está en concordancia con el crecimiento que ha tenido la matrícula y la planta académica en los últimos años.

Entre 1990 y 2017 la matrícula y el personal docente de educación superior crecieron exponencialmente. El número de alumnos inscritos en la modalidad escolarizada pasó de 1 millón 252 mil en el ciclo escolar 1990-1991 a 3 millones 865 mil alumnos inscritos en el ciclo escolar 2017-2018, lo que representa un aumento de más del 300%. Asimismo, la planta académica aumentó en un 295%, al pasar de 134 mil 424 profesores durante el ciclo escolar 1990-1991 a 397 mil 671 docentes en 2017.

A la disminución del subsidio federal ordinario se suma la reducción en términos reales, o en algunos casos hasta la desaparición, de algunos fondos extraordinarios. Para el próximo año se propone la desaparición del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244). A su vez, los programas para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (S300) y de Carrera Docentes (U040) vieron reducido su presupuesto – en términos reales – en 26.6% y 30.7%, respectivamente.

A las reducciones anteriores se suma que el PPEF 2020 no incluye el Fondo para la Obligatoriedad de la Educación Superior. Hay que recordar que, con el objetivo de que las universidades pudieran hacer frente a la gratuidad, el Artículo Transitorio Décimo Quinto del Decreto de la Reforma Constitucional en materia educativa – publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2019 – establece que deberá crearse un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios referidos en este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura.

Con la finalidad de encontrar una solución a este difícil panorama, la ANUIES y algunos rectores tanto de las Universidades Públicas Estatales (UPES) como de los Institutos Tecnológicos se reunieron con diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para solicitar un incremento de 17 mil 230 millones de pesos (mdp) para el año 2020, de los cuales 7 mil 678 corresponderían al Fondo para la Obligatoriedad.

En respuesta a esta solicitud, el presidente López Obrador aseguró que “todos estamos obligados a actuar con austeridad y puedo hablar así porque tengo autoridad moral (…). Así ya no es la cosa, cuentas claras y chocolate espeso. Primero es, a ver, cuánto recibiste, cómo se ejerció. Sí son autónomas las universidades, pero tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos porque es dinero del presupuesto, del pueblo, es dinero sagrado del pueblo”.

Como se señala en el estudio Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados y Retos elaborado por Integralia, si bien la reducción de presupuesto, aunada al aumento de la matrícula y personal docente, ha incidido en el déficit que afecta actualmente a estas instituciones, existen otros problemas estructurales relacionados con la administración de sus ingresos; mismos que no han recibido la suficiente atención en la discusión actual y que ponen en riesgo la estabilidad financiera y gobernabilidad de estos centros educativos. Específicamente, las prestaciones salariales por encima de las de ley y el pago de pensiones por jubilación.

Por último, resulta preocupante que, a la par de un paro nacional organizado por sindicatos de trabajadores docentes y administrativos de al menos 25 universidades estatales para demandar el aumento en los subsidios ordinarios y extraordinarios a la educación superior, el gobierno federal sostiene que cumplirá con uno de sus principales compromisos de campaña: la creación y puesta en marcha de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Las acciones del gobierno federal parecen mostrar que su objetivo principal es cumplir, a como de lugar, con sus promesas de campaña. Sin embargo, la solución no está en aumentar el número de instituciones sino en la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes. Para lograrlo es indispensable atender los problemas estructurales que enfrentan actualmente las Instituciones de Educación Superior. La creación de más universidades podría agravar la problemática y no representar más y mejor educación.

* Mauricio Polin es consultor en Integralia (@Integralia_Mx).

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