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Propuestas para la regulación de las drogas en el Distrito Federal
Lo mejor sería pensar en un esquema que permita el establecimiento de puntos de venta de todas las drogas a mayores de edad, con licencia que puedan adquirir a proveedores autorizados, con controles sobre publicidad, empaques y fiscalización por autoridades sanitarias que garanticen información sobre la calidad del producto, así como los componentes y la potencia del mismo, tal como sucede con el tabaco y el alcohol por ejemplo.
Por José Antonio Guevara Bermúdez
13 de febrero, 2014
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Por: José Antonio Guevara Bermúdez

 

Agradezco a Zara Snapp y a Samuel Kenny por toda su ayuda y comentarios para la elaboración de este texto.

 

La política contra las drogas lanzada con la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y el impulso de la denominada “guerra contra las drogas”en 1971 por la administración de Richard Nixon, ha sido adoptada sin mayor reflexión por prácticamente todos los países del mundo .

Los objetivos planteados fueron la reducción de la producción, de la comercialización y del consumo de las drogas, los cuales no han sido alcanzados a la fecha . La Comisión Global sobre Política de Drogas (conformada de ex presidentes, primer ministros y altos funcionarios) en junio de 2011 reconoció que la guerra global contra las drogas había fracasado. Sin embargo, esa política ha logrado un muy lucrativo negocio legal para quienes instrumentan esta política. Se han incrementado las burocracias nacionales e internacionales, incluyendo empresas de seguridad que sostienen la lucha contra las drogas, así como los presupuestos policiacos y militares. Por el otro lado, el crimen organizado ha disfrutado de las rentas de un mercado que ha crecido dramáticamente en esos años.

Desde un punto de vista antropológico e histórico, las drogas forman parte de la vida de sociedades  desde sus principios y su consumo varía de lugar en lugar. Las drogas han sido consumidas por culturas muy antiguas, actualmente se siguen consumiendo y en el futuro seguirán. La prohibición no ha disminuido la producción ni el consumo de sustancias. Al contrario, ha producido consecuencias muy lamentables en perjuicio de la población mundial, en contra de sus derechos a la salud, a la libertad, a la vida, a la integridad, y a la cultura, entre otros.

La mencionada Comisión Global de Drogas señaló en su informe que las políticas y estrategias relacionadas con las drogas están guiadas por perspectivas ideológicas y no le prestan atención  a las complejidades del mercado de las drogas, el consumo de las drogas y la adicción a las mismas. Dichas políticas tienen por objetivo mejorar la salud, sin embargo su éxito se mide con indicadores asociados a detenciones, arrestos, decomisos y severidad de las penas aplicables y no con resultados relacionados con la disminución de las tasas de homicidio o impunidad.

El consumo de drogas en sí mismo, como se ha señalado reiteradamente por diferentes expertos, no produce daños en la salud de terceros , y si reconocemos que el Estado no debe interferir en la libre determinación de las personas, las autoridades en una sociedad democrática no pueden tomar decisiones por nadie en lo relativo a su propio cuerpo. John Stuart Mill en una reflexión filosófica sobre la libertad en el siglo XIX (1859) señaló:

“…la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o más justo […] La única parte de la conducta de cada uno por la que él es el responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”.

Órganos de Naciones Unidas han dicho también que no se deben establecer tratamientos en materia de salud obligatorios, siempre tienen que ser voluntarios. Menos aún involucrar al derecho penal para disuadir el ejercicio de los derechos que no afecten a terceros.

La situación en México, por la delirante política instrumentada por la administración anterior y que ha variado en la comunicación social en la actual, pero no en el fondo, ha generado secuelas inconmensurables en el ya de por sí endeble Estado de Derecho. La erosión se refleja en el régimen penal de excepción normalizado para combatir el tráfico de drogas (arraigo, extinción de dominio, ampliación de plazos constitucionales para la investigación por ministerios públicos, y la prisión preventiva obligatoria), en la inconstitucional militarización de la seguridad y la política, así como en la violencia generada por esa guerra.

Además y más importante aún debemos enfatizar en los abusos por parte de las autoridades y la impunidad existente que no pareciera poder controlarse porque representaría una debilidad en la estrategia de lucha. Se trata de delitos cometidos de manera generalizada y sistemática: cientos de casos de tortura documentados por las comisiones públicas de derechos humanos, los más de veinte cinco mil casos de desapariciones, muchos de los cuales son atribuibles a agentes del estado, las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos que ascienden a cifras cercanas a los 100,000, los desplazamientos forzados de defensores, periodistas y civiles, las extorsiones, y las violaciones sexuales. Una de las consecuencias menos visible es la discriminación o estigmatización de los usuarios de sustancias y la criminalización de la pobreza.

Se dice que en México el consumo de drogas no está penado, lo cual no es del todo preciso. Ningún consumidor puede sembrar y cosechar, no puede comprar, ni puede portar cantidades acordes con las dinámicas ni del consumo ni del mercado. En ese sentido México penaliza la posesión (con o sin fines de comercio), suministro (comercio, transporte, producción, tráfico) y siembra (cultivo o cosecha) y la persecución de los delitos se reparte entre la federación y los estados. Por ejemplo, comprar en el mercado negro es menos penalizado que cultivar para uso personal. Esto resulta en una contradicción legal para usuarios en que tienen ciertos derechos de portar pero la compra/venta/cultivo de sustancias está prohibido.

México debe aspirar a un sistema de regulación en el que se reduzcan al mínimo los tramos sujetos de ser corrompidos y donde existe una coherencia con la legislación actual. Pensar en modalidades para la cannabis, por ejemplo para uso medicinal, no pareciera resolver los problemas de fondo. Tampoco atiende al fortalecimiento de los espacios de libertad, ni refleja la realidad del consumo y puede generar una política que nuevamente se vea afectada por la corrupción o por lo menos su ineficacia.

Considero que lo mejor sería pensar en un esquema que permita el establecimiento de puntos de venta de todas las drogas (por ejemplo: marihuana o cannabis, cocaína, LSD, MDMA) a mayores de edad con licencia que puedan adquirir a proveedores autorizados, con controles sobre publicidad, empaques y fiscalización por autoridades sanitarias que garanticen información sobre la calidad del producto, así como los componentes y la potencia del mismo, tal como sucede con el tabaco y el alcohol por ejemplo. Esta regulación debe establecer prohibiciones y mecanismos para que los menores de 18 años no accedan a las drogas, para que se evite conducir bajo el influjo de las drogas. La regulación debe contemplar la permisividad de siembra, cultivo y cosecha por ejemplo de la cannabis u otras drogas de consumo tradicional por pueblos indígenas, y no establecer restricciones a quienes los transporten. Se deberán fortalecer las instituciones relacionadas con la prevención de riesgos y daños asociadas a las drogas, así como para el tratamiento de usos problemáticos de los mismos, alejándose de las políticas estigmatizantes. Lo anterior tendrá que hacerse principalmente por instituciones públicas y las privadas deberán ser muy reguladas, inspeccionadas y controladas por el Estado, bajo criterios de absoluto respeto de los derechos humanos. Existen abundantes experiencias comparadas sobre modelos de regulación como Uruguay y los E.U.A. que pueden domesticarse a la realidad mexicana.

El Distrito Federal, si bien técnicamente no puede modificar lo establecido en la legislación federal, si puede llevar a cabo acciones inmediatas para mitigar los daños y efectos de la política prohibicionista, en tanto se logran las reformas de largo aliento a nivel nacional.

Respecto de las atribuciones en materia de procuración y administración de justicia, se puede instrumentar una política persecutorial en donde realmente se pretenda un derecho penal de ultima ratio.

Es interesante ver la experiencia reciente en los Estados Unidos de América, en donde el Departamento de Justicia a través de su Fiscal General Adjunto emitió el 29 de agosto pasado un memorándum para guiar a los fiscales federales en la aplicación de la Ley de Sustancias Controladas, en particular de la mariguana teniendo en cuenta los Estados que han establecido esquemas regulatorios para uso recreativo. El memorándum “confía” que se instrumentarán sistemas regulatorios fuertes y efectivos que permitirán enfrentar las amenazas a la seguridad y salud públicas, así como los intereses de la justicia. Señala también que está comprometido a emplear sus limitados recursos de manera efectiva, consistente y racional, para la investigación y procesamiento de los delitos que representan mayores amenazas establecidos en ocho prioridades.

En ese contexto el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por ejemplo, podría instruir a los ministerios públicos que centren sus energías y recursos en las investigaciones y procesamiento de delitos de narcomenudeo relativos a:

(i) la comercialización de drogas a menores de edad;

(ii) narcomenudeo exclusivamente con fines de comercialización y que esté relacionado con personas que estén vinculadas a grupos que cometen otros delitos, como por ejemplo secuestro, extorsión, trata de personas, entre otros;

(iii) narcomenudeo cuando se refiere a las cantidades más altas según las tablas establecidas y sea cometido por personas que porten armas de fuego;

Por el contrario, dicho Procurador podría:

(iv) ordenar a los Ministerios Públicos que no investiguen y por consiguiente no priven de la libertad a ningún consumidor que porte drogas para consumo personal, ni tampoco a personas por posesión sin  fines de comercio de cantidades superiores a las autorizadas para consumo personal. Con ello se logrará evitar que los consumidores puedan estar 48 horas detenidos.

(v) elaborar directrices para acotar al máximo y en línea con lo anterior,la aplicación de la figura de la flagrancia en lo relativo a la compra-venta de pequeñas dosis de drogas en las calles.

La Asamblea Legislativa, por su parte, debería desistirse de legislar sobre figuras que pretendan hacer obligatorios los tratamientos de adicciones, como por ejemplo los denominados Tribunales de Drogas.

La Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, por su parte, podría establecer un área especializada en la reducción de daños y riesgos que se encargue de la difusión de información sobre las consecuencias que se puede tener en la salud por el consumo de las diferentes drogas, con datos científicos, y cuyos contenidos sean muy cuidadosos de no discriminar a personas o grupos, no estar vinculados a una cierta ideología o creencias religiosas y que eviten estigmatizar a los consumidores.

El mundo entero ha sido testigo de los enormes esfuerzos de México por hacer valer por todos los medios el absurdo esquema prohibicionista que ha producido enormes costos sociales en términos de vidas, violaciones a los derechos humanos y de erosión del Estado de Derecho. Por ello las condiciones para que el país avance en la transformación de su política prohibicionista de drogas hacía una de regulación de sustancias son inmejorables.

 

 

* José Antonio Guevara Bermúdez es Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

 

 


 En México, el ejemplo más contundente de esta aplicación manu militari del prohibicionismo es la operación Condor en la región del triangulo Dorado en Sinaloa.

 Para valoración crítica a la política colombiana véase Juan Manuel Galán, Francisco Thoumi, William Ramírez, Ricardo Vargas. La batalla perdida contra las drogas: ¿legalizar es la opción?, Ed. Intermedio, Bogotá 2008.

Por ejemplo véase R. Gordon Wasson; Albert Hofmann; Carl A. P. Ruck. El camino a Eleusis. Una solución al enigma de los misterios, Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1980; Antonio Escohotado. Historia General de las Drogas, Ed. Espasa Calpe, Madrid 1999.

Por ejemplo, el consumo de alcohol causa mayores problemas de salud pública que el de infame reputación crack.

 

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