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¿Qué está sucediendo con las Alertas de Violencia de Género en México?
Las Alerta de Violencia de Género no ha demostrado ser el medio idóneo para atender de manera emergente y sin dilaciones las condiciones que permiten la violencia contra las mujeres en el país.
Por Raquel Alvarez Charqueño
20 de octubre, 2021
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Las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres no están cumpliendo con su objetivo de erradicar la violencia feminicida en México. Este mecanismo reconocido como único en el mundo, el cual se estableció en una ley que fue reconocida como una de las leyes en la materia como de las más integrales de la región de América Latina y el Caribe por PNUD: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) de 2007 1, no ha demostrado ser el medio idóneo para atender de manera emergente y sin dilaciones las condiciones que permiten la violencia contra las mujeres en el país. Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), que es el órgano encargado de Declarar las Alertas 2, hasta el momento se han decretado 25 Declaratorias de Alerta de Violencia de Género de las 36 solicitudes 3. De esta manera, más de la mitad de las entidades federativas en el país cuentan con una Declaratoria. A pesar de ello, como sabemos, las cifras de los feminicidios no se reducen. Por mencionar un ejemplo, para el caso del Estado de México, donde se Declaró su primer Alerta en el año 2015, según el Laboratorio de Seguridad Ciudadana del Estado de México, la tendencia indicó que la tasa de feminicidio permaneció al alza del 2018 al tercer trimestre del año 2020 4. De la misma manera, las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública relacionadas con la violencia contra las mujeres de enero a agosto de 2021 sitúan a Ecatepec de Morales (uno de los municipios con Alerta de Violencia) como uno de los primeros lugares de los primeros 100 municipios con presuntos feminicidios en México 5.

La Alerta de Violencia fue impulsada como un mecanismo que generaría la implementación de políticas públicas urgentes para frenar los hechos violentos de feminicidio en contra de las mujeres en un territorio determinado, la cual podía ser solicitada por organismos de derechos humanos y organizaciones civiles. Este mecanismo, según las legisladoras que lo impulsaron, como lo fue Marcela Lagarde Ríos, buscaba generar acciones de inmediato, provocando una reacción-acción inmediata y articulada entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes estatales 6. Desde su establecimiento existieron críticas por parte de académicas y organizaciones de la sociedad civil. Algunas de ellas se encuentran relacionadas con la tardanza de su Declaración, ya que, algunas Alertas se decretaron 4 años después de su solicitud 7. Inclusive actualmente se encuentra en proceso la Declaración de Alerta para algunos de los municipios de Sonora, la cual fue solicitada en el año 2019, lo que en sí mismo se considera contradictorio al objetivo de atender de forma inmediata y sin dilación la problemática. A su vez, se ha cuestionado que no exista un análisis profundo respecto de las particularidades de cada espacio donde se declaran, ya que en algunos casos se puede ver que hay una copia de las medidas de prevención, seguridad y justicia establecidas en las Alertas entre una entidad y otra 8.

En relación con el seguimiento al cumplimiento se cuestiona que en la propia normativa no se establecieron los plazos cortos para su cumplimiento y que no exista con claridad una metodología que permita revisar su eficiencia. Tampoco hay certeza de cada cuándo deba de reunirse el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para revisar el cumplimiento de las Alertas. Sobre ello, en algunos casos han pasado más de dos años sin que se emita un dictamen de análisis del cumplimiento 9. Como parte de las acciones recientes que se han implementado por organizaciones de la sociedad civil a fin de evidenciar las fallas de estas Declaratorias, buscar alternativas para su cumplimiento inmediato, y, saber sobre el seguimiento de su cumplimiento, Renace Capítulo San Luis Potosí en el año de 2019 presentó un juicio de amparo indirecto en el que demandó las omisiones de cumplir con las medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género decretada en esa entidad en el año 2017. En la demanda de amparo se señaló que no había acciones concretas para el cumplimiento de medidas, como la vinculada con la emisión del diagnóstico de los expedientes y carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres en los últimos ocho años; así como la emisión de un Protocolo para la tramitación y aplicación de las órdenes de protección para las mujeres en situación de violencia en el Estado. En el juicio de amparo se señaló que las autoridades de la entidad y de los municipios a dos años de haberse declarado la Alerta no contaban con información que respaldara acciones concretas para cumplir con la misma, lo que se constató a partir de distintas solicitudes de información realizadas para tal efecto y de las conclusiones del último Informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. El caso fue presentado por una mujer residente de uno de los municipios donde fue declarada la Alerta, quien tenía interés en acudir al amparo debido a que las omisiones de las autoridades la colocaban en riesgo de sufrir violencia feminicida.

Recientemente fue emitida la sentencia del caso a través de la cual se pudo confirmar lo fallido de este mecanismo. La jueza concluyó que las autoridades como el gobernador del Estado de San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado, el Instituto de las Mujeres y los presidente municipales de los municipios donde se declaró la misma (Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín), habían sido omisas en cumplir con la Declaratoria, lo que provocaba la violación directa al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, establecido en la Convención Belem Do Pará, la Constitución Federal y la misma LGAMVLV 10. La jueza reconoció que a más de cinco años de decretada la Alerta, las autoridades no dieron respuesta urgente como debieron hacerlo, por lo que, le ordenó al Gobernador coordinar la implementación de las acciones relacionadas con sus omisiones, diseñando un programa de trabajo y cronograma de actividades, para después remitir sus informes de actuación al Grupo Interinstitucional para su revisión. Esta sentencia se convierte en una alternativa para revisar el seguimiento de las Alertas de Violencia de Género en México, un tema que se encuentra pendiente en nuestro país, que de generarse nos permitiría reconocer de manera clara cómo se debe de reestructurar el mecanismo o diseñar una nueva propuesta para cumplir con su objetivo. Lo ideal no sería recurrir a los tribunales, ya que, sabemos lo tardado que puede resultar el procedimiento y el obtener una sentencia favorable. Sin embargo, ante el no actuar de las autoridades debemos buscar alternativas para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres.

Ante el escenario de violencia feminicida en nuestro país, vemos que este mecanismo se separó de su objetivo teórico, por lo que es necesario generar un mecanismo que realmente responda de manera emergente al contexto de violencia en contra de las mujeres, en el que participe la sociedad civil, que cuente con suficientes recursos, y que tenga una metodología diseñada de monitoreo, evaluación, y corrección, con tiempos periódicos y cortos. De lo contrario, seguiremos teniendo mecanismos que sólo reconozcan la problemática, pero no abonen a su solución inmediata.

* Raquel Alvarez Charqueño es coordinadora del área de litigio estratégico de la organización civil Renace San Luis (@RenaceSanLuis).

 

 

 

1 Cfr. INMUJERES (2018). Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Informe de Evaluación del Funcionamiento del Mecanismo. Disponible aquí.

2 Artículo 4, fracción I, del Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

3 Véase aquí.

4 Laboratorio de Seguridad Ciudadana (2020), Reporte sobre incidencia delictiva. Disponible aquí.

5 Véase aquí.

6 INMUJERES (2018), Op.cit., p. 16.

7 Torres, José. (2018), Feminicidios y políticas públicas, Vol.23, No.2, pp.33-57.

8 Ibídem.

9 Para el caso de San Luis Potosí, el último Dictamen es del 2019 y no hay información que nos permita saber cuándo se emitirá el siguiente.

10 La sentencia puede consultarse aquí.

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