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¿Qué se pierde con la extinción de los fideicomisos públicos?
Aunque Hacienda afirma que los apoyos no serán eliminados, sino otorgados de manera “directa” a los beneficiarios, la estructura de los fideicomisos posee una lógica diferente a las asignaciones presupuestales. Existen fideicomisos que cuentan con aportaciones de múltiples fuentes y que generan sus propios ingresos y rendimientos.
Por Ana Laura Barrón / Ethos Laboratorio
9 de octubre, 2020
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Los fideicomisos son instrumentos financieros que permiten destinar recursos públicos y privados al cumplimiento de fines determinados. En el caso de los fideicomisos públicos, estos se destinan al cumplimiento de objetivos relacionados con el desarrollo económico y el bienestar social en diversos sectores. Sin embargo, en los últimos años su uso ha sido severamente cuestionado debido a la opacidad en su manejo y a los riesgos para las finanzas públicas, incluido un riesgo latente de corrupción. Este ha sido el argumento principal que respalda el mandato del Ejecutivo Federal para extinguir, en un primer momento a través del decreto de abril pasado, todos aquellos fideicomisos públicos sin estructura orgánica y que no estuvieren contemplados dentro de alguna ley, y en los últimos días, a través de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para reformar diversas leyes que daban vida a un gran número de estos instrumentos.

A simple vista podría parecer que se trata de un simple dilema entre combatir la corrupción y la impunidad y permanecer en el estatus quo de las finanzas públicas. Pero, ¿qué estamos perdiendo con la extinción de los fideicomisos? La iniciativa votada y aprobada este martes involucra 109 fideicomisos por un monto de 68 mil 400 millones de pesos, recursos que el presidente López Obrador considera, además, indispensables para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

Este listado incluye 65 fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como otros destinados a cubrir las necesidades de los centros públicos de investigación, para atender emergencias ocasionadas por desastres naturales (FONDEN), impulsar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, garantizar la protección de los derechos humanos (personas defensoras y periodistas) y la reparación de daños a víctimas de violaciones a derechos humanos, fomento a la cultura y a la industria cinematográfica nacional (FIDECINE), así como el Fideicomiso para el Financiamiento de MiPymes y Emprendedores, solo por mencionar los que destacan por su impacto directo en sectores vulnerables y cuya extinción coloca a las personas beneficiarias en estado de indefensión.

Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirma que los apoyos para atender estas causas no serán eliminados, sino otorgados de manera “directa” a los beneficiarios a través del Presupuesto de Egresos y de las dependencias y entidades responsables, esta respuesta no resulta satisfactoria toda vez que la estructura de los fideicomisos posee una lógica diferente a las asignaciones presupuestales. Existen fideicomisos que cuentan con aportaciones de múltiples fuentes y que generan sus propios ingresos y rendimientos.

Para la Sociedad Civil Organizada, no es un capricho ni una frivolidad exigir que este tipo de iniciativas, tanto por la vía del Ejecutivo como en el Congreso, sean reconsideradas y llevadas a un plano de análisis y discusión informado y fundamentado. Por esta razón, es importante generar reflexiones sobre la problemática actual en torno a la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos y el futuro de las finanzas públicas sin estos.

El pasado 22 de septiembre, Ethos organizó y moderó el Conversatorio virtual ‘Transparencia de los Fideicomisos Hoy y Desafíos para las Finanzas Públicas del Mañana’. En este panel participaron expertos en finanzas públicas y transparencia fiscal, quienes coincidieron en que los fideicomisos son instrumentos útiles que ayudan a superar las barreras de la presupuestación multianual del gasto, pero hay que asegurar su vigilancia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

A pesar de que actualmente existe un nivel de transparencia en virtud de las obligaciones establecidas en la ley, a nivel institucional es necesario mejorar la calidad de la información y que los actores públicos asuman el compromiso con una transparencia proactiva en la que el acceso a la información sea amigable a los ciudadanos y a cualquier persona que la requiera.

Además, para detectar las deficiencias en su manejo resulta apremiante conocer la lógica de la creación de estos instrumentos, los objetivos a los que responden, su funcionamiento, así como las razones de política pública que motivan su desaparición: ¿qué instrumentos van a sustituirlos? ¿qué mecanismo se creará para atender estos sectores? ¿cómo se va a garantizar un adecuado ejercicio de los recursos públicos?. Si el fideicomiso no es la figura que se desea tener, ¿qué otra solución hay?

Puede parecer que hay más interrogantes que respuestas por el momento; a pesar de ello, en Ethos nos tomamos el derecho de recuperar y difundir las recomendaciones más valiosas para mejorar la transparencia y gestión fiscal de los fideicomisos:

  • Promover una armonización en la regulación de los fideicomisos públicos que permita prevenir y combatir la opacidad y discrecionalidad en su manejo.
  • Realizar un diagnóstico previo de los fideicomisos que se pretenda extinguir.
  • Transparentar las razones que fundamentan la extinción.
  • Establecer un listado público (a través de una plataforma o registro) de todos los fideicomisos que serán sometidos al proceso de extinción en formato de datos abiertos, acompañados de una ficha técnica que explique los datos genéricos del fideicomiso, así como las razones por las cuales se va a extinguir.
  • Llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas de todos los fideicomisos que se extingan.
  • Establecer con claridad si se trata de una eliminación parcial o total de los mismos y qué alternativas se ofrecen para recanalizar dichos apoyos, es decir, cómo se va a suplir para cumplir con los beneficios que se hubieran generado a ese sector de la población.
  • Clasificar adecuadamente el gasto para poder dar seguimiento de manera más eficaz a su ejecución y destino y así poder tener una trazabilidad más completa del uso de estos instrumentos.
  • Establecer un destino claro en el uso de los recursos públicos.

* Ana Laura Barrón (@soyanalaura), especialista en contratación pública de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).

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