Qué sucede con la jornada ampliada y la alimentación
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Entre foros y despojos: qué sucede con la jornada ampliada y la alimentación
Las reglas de operación actualmente vigentes de LEEN están incompletas, no resuelven que se pueda realizar la jornada ampliada ni la alimentación, ni atienden a la brecha de desigualdad actual ni a la futura. Tampoco consideran perspectiva de género, no contienen criterios para distribución de recursos, no dan certeza de que se vayan a considerar las prioridades de las comunidades escolares, dejan en incertidumbre a personal docente y no brindan claves ni guías para que la plantilla estudiantil reciba alimentos.
Por Alejandra Donají Núñez
12 de mayo, 2022
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En la Cámara de Diputados se instauraron foros para revisar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. El esfuerzo es importante, pero ocioso si no se transforma en acción desde sus obligaciones.

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) ha sufrido múltiples embates desde su extinción en 2020 y ahora con la eliminación de sus componentes de jornada ampliada y alimentación, los cuales habían logrado subsistir hasta este año en el que se han desarticulado de múltiples maneras. El rescate de estos componentes aún no tiene éxito y requiere de la participación social.

El embate y el despojo realizado contra estas escuelas incluyó su eliminación y la de su independencia, ya que en 2020 desde el poder legislativo desapareció del Presupuesto de Egresos y únicamente se estableció en un transitorio que a través de La Escuela es Nuestra (LEEN), un nuevo programa diseñado para infraestructura, se ejecutarían sus objetivos. Tal decisión fomentó el mayor despojo que ahora vivimos y que pone en riesgo el desarrollo de las infancias en México.

Solicité participar en los foros, pero no hubo el espacio. Por ello, aprovecho estas líneas para realizar algunos comentarios.

El presupuesto es la política pública por excelencia: refleja prioridades, establece las reglas del juego y vuelve realidad eso que se plasma en instrumentos formales. Desde el feminismo eso lo tenemos muy claro. Con relación a los componentes de jornada ampliada y alimentación es evidente que no han sido prioridad, y ya es hora de que lo sean.

En 2021, después de recortar el presupuesto a la mitad y de eliminar las ETC, y pasar débilmente sus componentes a LEEN, se modificó la clave de estructura programática de “S” a “U”, eliminando con ello múltiples responsabilidades administrativas, fiscales y operativas. No estaríamos en una crisis de esta magnitud si eso no hubiera pasado. De hecho, en gran parte podemos ver que estamos en esta crisis gracias a que Mexicanos Primero ganó un amparo y, entre sus efectos, se instruyó desde hace tiempo a que se publicaran las Reglas de Operación. Es urgente que en la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, que se entrega en junio, se considere nuevamente en “S”. Esto es técnico, pero sumamente relevante.

Ahora, hay diferencias fundamentales entre ambos programas, el que antes existía de ETC y los componentes de jornada ampliada y alimentación en LEEN. Son diferencias de diseño y operación en los que se incluyen los mecanismos de evaluación y la rendición de cuentas que llevan a cabo. LEEN fue diseñado para atender la infraestructura y los recursos públicos que se entregan a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), donde 1 de cada 2 pesos no ha sido acreditado. Es opaco, no conocemos en qué se gasta y probablemente atiende a necesidades impuestas y no a las de las comunidades educativas. Por su parte, el entonces programa de ETC fue evaluado por múltiples instituciones, salió siempre victorioso y con grandes ventajas, además se encontró sujeto a auditorías y procesos de rendición de cuentas. Particularmente en su último año, 2020, la Auditoría Superior de la Federación auditó cada uno de los Estados, pues eran los responsables del ejercicio de recursos.

De ahí se desprende un segundo punto indispensable que deberían considerar la Cámara de Diputados y la SEP: robustecer los procesos de rendición de cuentas de los recursos públicos de LEEN.

Junto con 780 firmas de apoyo de personas y asociaciones interpusimos un derecho de petición ante SEP solicitando, entre otros, criterios de transparencia y rendición de cuentas respecto a los recursos públicos de LEEN. Ayer brindó respuesta. La SEP indicó que los CEAP son los responsables de la rendición de cuentas, pero justamente eso es inexistente. No existen mecanismos para rendición de cuentas efectivos por parte de los CEAP. Pero sí existieron cuando los recursos los ejercieron los Estados, y con base en estos podemos ver que fueron pocos Estados, dos o tres, los que tuvieron manejos no adecuados. Sin duda, el ejercicio de recursos públicos no debería dejarse sin obligación de rendición de cuentas.

Ahora, gracias a la asesoría del economista político y activista Carlos Brown, estamos trabajado en la información que se desprende del proceso de auditorías realizadas en 2020 a cada uno de los Estados, pues es la última radiografía que tenemos no sólo del ejercicio de recursos, de los presupuestos y capacidades, sino de las prioridades que tienen las comunidades escolares. Tal información brinda piezas claves para analizar las Reglas de Operación vigentes.

Como contexto, el 28 de febrero de este año la SEP publicó las reglas de operación de LEEN en las que eliminó la jornada ampliada y la alimentación. El descontento social generó que estas se modificaran el 2 de mayo, hace 10 días, pero siguen mal.

Las reglas actualmente vigentes no atienden a lo que se necesita, están incompletas, no resuelven que se pueda realizar la jornada ampliada ni la alimentación, menos atienden a la brecha de desigualdad actual ni a la futura. Tampoco consideran perspectiva de género, no contienen criterios para distribución de recursos, no dan certeza de que se vayan a considerar las prioridades de las comunidades escolares, dejan en incertidumbre a personal docente y no brindan claves ni guías para que la plantilla estudiantil reciba alimentos. Alimentos que son vitales para el desarrollo personal y académico de los mismos. Las reglas están mal por múltiples razones, incluyendo que estudiantes y personal docente siguen y probablemente seguirán por varios meses más sin contar con recursos para jornada ampliada y alimentación.

Por el momento rescato 1 tres de las razones por las que las reglas de operación vigentes están mal, aunque hay muchas otras más.

1. Con base en las claves del análisis de las auditorías a cada Estado en 2020 de las ETC, se desprende que las ETC priorizaron a personas (principalmente personas adultas) no infraestructura; con LEEN no podemos tener certeza de que se prioricen las necesidades de las comunidades educativas.

Las entonces reglas de operación tenían criterios para el gasto, se establecía qué se debía gastar con porcentajes y montos máximos entre cuatro rubros: “Apoyo Económico y Fortalecimiento del Modelo de Tiempo Completo”, que es el apoyo económico al personal, el cual se topó al 70%; el “Apoyo al Servicio de Alimentación”, el cual se topó a 15 pesos por alumno, y el “Fortalecimiento de la equidad y la inclusión” hasta 40 mil por escuela, que se destinó a asistencia técnica, acondicionamiento y equipamiento, así como a la adquisición de materiales educativos, y “Apoyos a la implementación local” usualmente destinado a evaluación y auditorías, con un máximo de 2%.

En la información que obra en las auditorías de 2020 podemos conocer que el promedio de gasto en general correspondió aproximadamente a 59% al pago de apoyos económicos al personal (incluyendo la contratación de personas asesoras externas para coros y orquestas), 35% a servicios de alimentación, 4.5% a equidad e inclusión y aproximadamente 1.5 a implementación local.

Por su parte, las Reglas de Operación vigentes no establecen criterios de prioridades ni guías para el gasto y la priorización: “Los CEAP son los únicos responsables de la administración y ejecución del recurso del PLEEN, si deciden utilizarlos para la extensión del horario y/o servicio de alimentación”. Dejar en los CEAP la posibilidad de garantizar o no garantizar tales componentes es un riesgo muy grande.

Al respecto, rescato el pronunciamiento de Mexicanos Primero en el sentido de que la ausencia de criterios para determinar qué y cómo gastar delega una responsabilidad muy grande a madres y padres, y podría generar confrontación en lugar de crear comunidad.

Así, mientras que en 2020 el promedio de apoyo económico a docentes que se le dio al personal (directivo, docente y personal de apoyo) fue tan sólo de 18, 595 pesos al año. En los extremos, el apoyo al personal docente en Michoacán fue de 25,406 pesos y en Guerrero de 6,635 pesos por todo el año, y, por lo tanto, sabemos que las/los/les docentes recibieron un apoyo diferenciado dependiendo de en qué Estado laboraron. Lo cierto es que de 2021 no sabemos nada, y de 2022, en términos de las Reglas vigentes, tampoco lo conoceremos.

Asimismo, de nuestro análisis podemos saber que los niños y niñas que recibieron alimento en 2020 son mucho menos que los reportados por la SEP en sus distintos informes.

En este sentido, si antes ya había diferencias en cuanto al monto de apoyo económico que se recibía para jornada ampliada y alimentación, ahora esas diferencias podrían aumentar en perjuicio de las personas que más lo necesitan. Como he señalado previamente, al personal docente  no se le puede encomendar la tarea de acompañar ante la pérdida, dejándole a su vez solo. El monto del apoyo económico a las maestras y maestros debería aumentar y se le debe equiparar a salario, más considerando que son dos maestras por cada maestro, es decir, principalmente mujeres. También el de alimentación y mejorar los criterios para su ejercicio.

A la luz de lo anterior, que las reglas de operación no establezcan criterios de gasto entre componentes genera inconvenientes, brechas, confusión, opacidad e incertidumbre. Además, abre la puerta a que las y los maestros vean condicionado el monto y el pago del apoyo por múltiples causas coyunturales. El apoyo que reciba el personal docente, que son en su mayoría mujeres, no debe dejarse a la estructura porque es muy sencillo que su trabajo no sea valorado ni remunerado. Para que la discriminación persista sólo se requiere no hacer nada, y en este caso, las reglas eliminan los criterios y ello permite que los sesgos se reproduzcan, tanto en jornada ampliada como en alimentación. Por ello es importante que se determinen montos y formas de cubrir más y mejor los apoyos al personal docente; se necesita establecer un mecanismo de pago a docentes que rompa con la discriminación estructural, incluyendo la de género, y se necesitan criterios y guías para garantizar alimento, más a la luz de las altas tasas de hambre y desnutrición de la nuestra niñez.

Respecto a infraestructura conocemos que en 2020 sólo 10 Estados decidieron gastar parte de su presupuesto en ello: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Es decir, a pesar de las enormes carencias que existen en la infraestructura escolar, cuando la comunidad escolar decide el dinero se dirige a jornada ampliada y alimentos, a las personas no a la pintura. Priorizar personas y su dignidad es lo más importante.

Actualmente, las reglas de operación traen un ruido en ello. No aseguran que se prioricen las necesidades de la comunidad educativa, pues establecen obligatoriamente el “asesoramiento” por parte de la Secretaría de Bienestar, a través de facilitadores autorizados que capacitarán y asesorarán a los CEAP en su constitución, implementación y operación. Ello abre la puerta a que no se prioricen las necesidades de la comunidad educativa, sino aquellas vinculadas con la visión de la Secretaría de Bienestar, no de Educación. El ruido surge porque educación y bienestar no son sinónimos. Más en esta administración, donde el Bienestar se ha entendido como la transferencia directa en becas y apoyos, lo que podría propiciar que esos asesores consideren que el apoyo ya está dado a las personas en becas -no en el programa- y que el dinero del programa PLEEN se debe gastar en infraestructura. Y, además, se llevan parte del presupuesto.

Actualmente, sin criterios de gasto transparentes y sin mecanismos de rendición de cuentas, el dinero público podría ser utilizado para cuestiones diversas al interés de la comunidad escolar y no podríamos advertirlo ni documentarlo.

2. Las reglas de operación vigentes establecen que “los planteles previamente seleccionados en ejercicios fiscales anteriores ya no serán susceptibles de ser nuevamente beneficiados para el presente ejercicio fiscal”.

Los componentes de jornada ampliada y alimentación no son algo que una persona pueda recibir un año sí y otros no. Son derechos de educación y alimentación que deben ser leídos desde la obligación de progresividad, no admiten retroceso. No son obras de infraestructura en las que inviertes y luego dejas que el tiempo realice el abandono. Son componentes que llegan directamente a personas; las personas requieren aprendizajes, salarios dignos y alimentos todos los días, todos los años. Que los que antes sí los recibían, este año no reciban y que el siguiente tampoco, está mal; es un daño y una violación a derechos. Recordemos la progresividad de los derechos como un elemento básico.

Los niños, niñas y adolescentes necesitan el apoyo que ya tenían para revertir el rezago de aprendizajes que dejó el no asistir a la escuela. Las niñas requieren de la escuela para no ser utilizadas con base en estereotipos en trabajo de cuidado no pagado, así como para tener un espacio seguro -porque muchas veces las casas no lo son- en el que desarrollarse y aprender. Las maestras, que en nivel básico son principalmente son mujeres, requieren recibir el apoyo -que debería ser salario- este año y los que vienen; y las madres que ante la ausencia de un sistema de cuidados se apoyaban en acciones como la jornada ampliada para poder tener participación laboral, requieren poder seguir en sus empleos sin ser forzadas a encontrar cómo cuidar principalmente a sus hijas.

Una vez que una mujer sale del mercado laboral, requiere de mucho más que una escuela con jornada ampliada para regresar; cuando menos requiere de un trabajo, situación que con la crisis actual y los sesgos de género y la discriminación es complicado. Actualmente, tener hijos reduce la participación laboral de las mujeres, y no tener independencia económica las expone a múltiples violencias. Y, sin embargo, las mujeres son las primeras en salir del mercado laboral y las últimas en regresar.

Por ello, que los planteles escolares que antes tenían jornada ampliada ahora no la puedan tener, desde una mirada con perspectiva de género, atenta de manera diferenciada y desproporcionada contra las mujeres de todas las edades, además de ser una regresión desde una perspectiva de derechos humanos. Es necesario modificar esa restricción de las reglas de operación y apoyar a las mujeres que ante una estructura machista y desigual habían encontrado en las jornadas ampliadas posibilidad de mejorar su calidad de vida.

3. Finalmente, los criterios de priorización que determinan qué planteles recibirán beneficio tienen un sesgo de discapacidad.

Para determinar qué planteles recibirán recursos se construyó un indicador final de priorización, el cual es la suma en partes iguales del indicador de priorización por municipio más el indicador de infraestructura escolar. El indicador de infraestructura pondera que contar con infraestructura y materiales para discapacidad reducen la necesidad de apoyo, lo que puede generar que las Centros de Atención Múltiple o escuelas que tengan infraestructura mínima -que no significa accesibilidad- sean consideradas como menos prioritarias o no consideradas.

Esto es sumamente grave considerando el rezago educativo de las personas con discapacidad. Con la propuesta vigente de distribución de recursos y selección de planteles beneficiados, las personas con discapacidad corren el riesgo de sufrir una violación de derechos humanos aún mayor al no ser considerados prioritarios.

Las reglas de operación vigentes de LEEN deben ser modificadas por SEP, así como vigiladas por el poder legislativo. La Cámara de Diputados tiene una enorme responsabilidad, cuenta con facultades para inclinar la balanza para este año y el siguiente, para asegurar que el gasto público atienda a los que más lo necesitan, a que se use para construir igualdad y romper con las brechas de desigualdad. Nuestros niños y niñas requieren que paren el despojo.

* Alejandra Donají Núñez (@aledenuez) es activista.

 

1 Agradezco a Carlos Brown la asesoría y asumo cualquier responsabilidad por la información y análisis.

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