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¿Quién atiende a la infancia con cáncer en México?
Con el Seguro Popular cancelado y sin el nuevo instituto que lo sustituirá, el cáncer sigue cobrando víctimas como la segunda causa de mortalidad infantil según cifras de la Secretaría de Salud. En México sólo existen 135 oncólogos pediatras para los más de 5 mil casos de cáncer infantil que se registran anualmente, de los cuales se calcula fallecen en promedio 2 mil 300 personas menores de edad cada año.
Por Gilda Ma. García Sotelo
16 de agosto, 2019
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Si los niños y niñas que se enferman de cáncer no tienen garantizado el derecho a la salud en este país, entonces ¿qué podemos esperar el resto de las y los mexicanos? Ante la desaparición del Seguro Popular que en estos momentos enfrenta la población que no cuenta con acceso a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ¿qué puede hacer una familia si alguno de sus hijos o hijas enferma de cáncer? ¿Nos habremos acostumbrado a que el destino de la infancia en situación de pobreza no merezca sobrevivir ante enfermedades graves? ¿En qué momento el derecho a la salud dejó de ser un derecho humano que debiera garantizarse a todos en igualdad de condiciones? ¿No es una injusticia social que sólo los que tienen dinero puedan acceder al mismo?

En México el cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil según cifras de la Secretaría de Salud. A pesar de esto, en nuestro país sólo existen 135 oncólogos pediatras para los más de 5 mil casos de cáncer infantil que se registran anualmente, de los cuales se calcula fallecen en promedio 2 mil 300 personas menores de edad cada año. En nuestro país el 70 % de casos de cáncer infantil son curables. Sin embargo, como no existen las condiciones para detectarlos a tiempo, las niñas y niños mueren. Las leucemias linfoblásticas agudas son los tipos de cáncer más comunes entre la infancia mexicana.

Pocos retos tan fuertes y dolorosos podríamos imaginar como el que un ser querido atraviese por una enfermedad así; inimaginable que pudiera tocarle a un hijo nuestro. Cualquiera de nosotros desearíamos que no existiera una escasa cantidad de recursos económicos y humanos que alcanzaran no sólo para investigaciones preventivas, sino también para brindar una atención y principalmente un tratamiento eficaz para atender la salud de los niños y niñas en caso de contraer esta enfermedad que a todos nos paraliza con sólo oírla nombrar.

Sabemos que está próximo a crearse el Instituto de Salud para el Bienestar de la nueva administración, al igual que se encuentran pendientes de concretarse licitaciones en el sector de la salud pública y de aprobarse las modificaciones necesarias para que se cumpla el propósito de avanzar hacia un llamado “nuevo modelo de atención en salud”. Sin embargo, como siempre parece ocurrir en este país, los cambios “se hacen sobre la marcha”, con mucha improvisación y dejando a los pacientes atrapados entre el desabasto del anterior sexenio que se dice “lo robó todo” y la planeación del “nuevo gobierno” que promete un maravilloso nuevo modelo de salud, que además presume de austero.

Entre que las autoridades acaban de concretar sus fantásticas ideas y proyectos se ha decidido suspender el seguro popular, sin haber aprobado siquiera el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Mientras tanto, las niñas y niños con cáncer y sus familias deben hacer frente a su enfermedad, tan poco oportuna en el traspaso de gobierno entre los acusados de corrupción y los pretendidos salvadores, de una y otra administraciones.

Es ahora más que nunca, y ante el desconocimiento generalizado de la población, que gracias a unas cuantas personas que se han inventado cualquier cantidad de ideas para apoyar de alguna manera a las familias de estos niños, que en cierta medida se han subsanado estas carencias. Desde otorgar alimentos, apoyos económicos, medicinas, aparatos ortopédicos, atención psicológica, regularización escolar, entretenimiento, etc. que sin ser desde luego suficientes han representado un oasis de protección para varias familias. Destaca entre estos grupos de personas la organización civil “Alegrando Caritas México”, cuyos voluntarios han convertido la lucha contra el cáncer de la infancia en el Instituto Nacional de Pediatría en su propia bandera bajo la dirección de Bertina Navarro, brindando trabajo, tiempo y recursos a los pacientes de cáncer, lo cual correspondería al Estado garantizar y no lo está haciendo a cabalidad.

No es cosa menor el esfuerzo y la movilización de la sociedad civil que se está ocupando en este país de cubrir y nivelar las ausencias de garantía de derechos, en lo que las políticas públicas del Estado acaban de “decorar sus políticas públicas”. Mientras las autoridades terminan de pintar sus patrullas y hospitales, preocupadas por consolidar su cambio de imagen, se siguen matando mujeres y suspendiéndose cirugías por falta de clorhexidina (material para limpiar quirófanos). Mientras tanto, la población lucha por hacer frente a las distintas carencias que impactan en la vulneración de nuestros derechos más fundamentales, como la seguridad y la salud.

* Gilda Ma. García Sotelo es Doctora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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