Redes de participación ciudadana para combatir la corrupción
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Redes de participación ciudadana incluyentes: el mejor camino para combatir la corrupción
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tiene dentro de sus objetivos ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia anticorrupción.
Por Emiliano Montes de Oca y Ana Paola González
25 de septiembre, 2022
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La participación ciudadana juega un papel fundamental en la lucha en contra de la corrupción. Tan es así que dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado para prevenir y combatir este fenómeno en nuestro país, se contempló la creación de un Comité de Participación Ciudadana (CPC) como pieza clave para  asegurar la colaboración estrecha entre la ciudadanía y el gobierno. El CPC, tal y como su nombre lo indica, tiene dentro de sus objetivos ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia anticorrupción.

Existe un CPC nacional y un CPC por cada entidad federativa. Cada uno de estos está integrado por 5 personas que deberán destacarse por su probidad y prestigio, así como su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate de la corrupción. Estos CPC no tienen un presupuesto específico. Para lograr sus atribuciones, deben apoyarse de las Secretarías Ejecutivas, que son los organismos encargados de brindarles apoyo técnico.

La mala noticia es que cinco personas, sin presupuesto y, muchas veces, sin apoyo de sus secretarías, no pueden ser un vínculo muy efectivo con la sociedad civil y materializar las propuestas de política pública que esta les realiza. Además, en muchas ocasiones, las instituciones encargadas de hacer realidad esas propuestas, las cuales conforman dentro del Sistema un Comité Coordinador, tampoco están dispuestas a colaborar y escuchar las propuestas ciudadanas.

Esto nos ha llevado a que los CPC sean visualizados como entes con atribuciones inciertas cuyo trabajo no se ve reflejado en resultados que beneficien a la ciudadanía. Las acciones y propuestas que realizan, no tienen la legitimidad ni el respaldo ciudadano por lo que muchas veces se evaporan o de plano se caen frente a las instituciones anticorrupción.

La buena noticia es que existe algo que podría permitir una verdadera articulación entre la sociedad civil y los CPC, logrando así la generación de propuestas de política pública sólidas que lleguen con más fuerza ante las instituciones. Este algo son las redes de participación ciudadana.

De acuerdo con la ley, el CPC tiene como atribución “llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana…”. Esto abre la puerta para crear una red colaborativa en la que puedan participar organizaciones de la sociedad civil, colectivos, escuelas, empresas, etc. que puedan intercambiar ideas, perspectivas y conocimientos para prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción.

En muchos estados ya se han comenzado a crear estas redes. El diagnóstico de redes ciudadanas anticorrupción, elaborado por la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, menciona que en febrero de 2022 existían 14 estados con un trabajo de red iniciado. Este documento es de mucha utilidad para diagnosticar el estado de las redes y llegar a conclusiones preliminares que pueden ser de suma utilidad para la creación de las redes que faltan. Sin embargo, desde el colectivo Fuerza Ciudadana Anticorrupción (FCA), 1 del cual Ethos forma parte, se ha detectado que la constante en la creación de estas redes es que no incluyen la participación ciudadana desde su diseño. Es decir, se invita a participar a las organizaciones una vez que los estatutos de la red ya están creados, lo que deja a las organizaciones solo con la posibilidad de “adherirse o no al contrato”.

Además, estas redes no toman en cuenta que en muchos estados ya existen redes ciudadanas previamente creadas, lo que hace que la sociedad civil, cuando se le invita a ser parte de estas nuevas redes, no quiera integrarse, pues no se toma en cuenta su trabajo y organización previa. Lo que hemos observado desde la FCA es una desconfianza constante ante estos ejercicios llevados a cabo por los CPC, lo que se traduce en apatía y falta de participación.

El pasado 20 de septiembre, en el marco del Encuentro de la Red de Comités de Participación Ciudadana, la FCA presentó, de la mano del Comité de Participación Ciudadana Nacional, la convocatoria para la conformación de la Red Nacional de Participación Ciudadana Anticorrupción (REPCA). Esta convocatoria se ha venido trabajando paso a paso entre el CPC Nacional y la FCA y ha establecido en su base PRIMERA que su propósito es “acercar al CPC con organizaciones sociales independientes que busquen potencializar sus esfuerzos en materia anticorrupción a través de un trabajo colaborativo, bajo un enfoque basado en derechos humanos, perspectiva de género, participación ciudadana e interculturalidad”. La REPCA busca ser un espacio de discusión, denuncia y exigencia de acciones en materia anticorrupción.

Esperamos que esta convocatoria y el ejercicio mismo de la REPCA puedan sentar un precedente y abonar en el diagnóstico de redes anticorrupción para así contar con redes ciudadanas locales que escuchen a la sociedad civil desde su creación. Que puedan institucionalizar espacios de discusión y generación de propuestas que lleguen con más fuerza a las instancias públicas encargadas de prevenir y combatir la corrupción.

* Emiliano Montes de Oca y Ana Paola González investigadores anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas (@ethoslabmx).

 

 

1 La Fuerza Ciudadana Anticorrupción es una red de organizaciones de la sociedad civil que busca incidir en la prevención y combate de la corrupción, tanto a nivel nacional como local, bajo una perspectiva de Derechos Humanos, Igualdad Sustantiva, Participación Ciudadana y Pertinencia Cultural. Está conformado por: Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C.; CCI La Laguna; CEMIDE; Ciudadanxs por la Transparencia, A.C; Comité Ciudadano del Estado de Colima A.C.; Consejo Cívico Nuevo León; EGES para el Desarrollo; Ethos Innovación de Políticas Públicas; Solidaria México; Kintiltik A.C.; Ligalab; Locallis; Morelos Rinde Cuentas; Observatorio Ciudadano de Mazatlán; Observatorio con Causa; Observatorio Regional Zamora; PC29; Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad; Tierra Colectiva Ciudadanía, Género y Medio Ambiente; Transversal Think Tank: Vigilancia Ciudadana; y Wikipolítica Michoacán, A.C.

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