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Redes y entramados para las costas y mares de México
La salud del mar, el desarrollo de una economía azul sostenible y el bienestar de las personas requieren de la concurrencia de visión y acciones. Es preciso que el gobierno federal defina e implemente un núcleo estratégico de acciones para la gestión marina al tiempo que conforma o se integra a redes de acción con otras partes interesadas.
Por Gabriela Anaya Reyna
10 de junio, 2021
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¿De quién es el mar y quién decide acerca de él? Estas preguntas, que podrían ser parte de un poema de Alfonsina Storni, son medulares para la gobernanza de los mares y costas del país. En México, la mayoría de las atribuciones para regular los usos y asegurar la protección del mar territorial (12 millas náuticas a partir de la costa) y de la zona económica exclusiva (200 millas náuticas) recaen en el gobierno federal. Solo la alta mar, más allá de las 200 millas, es patrimonio común de la humanidad.

La gestión federal de los mares y de su interfase más estrecha con la costa, la Zona Federal Marítimo Terrestre, involucra a varios sectores. Cada sector -pesca, turismo, medio ambiente, minería, navegación, energía y puertos- entraña sus propias y aisladas complejidades de gestión, así como competencias entre sí. Aunque México dispone de algunos mecanismos que permiten la gestión integrada de sus mares y costas, aún se les gobierna mayormente en silos sectoriales y con brechas de visión por las que se escapan salud ecosistémica, oportunidades de bienestar social y seguridad alimentaria, entre otras pérdidas de valor.

Además del ámbito marino de atribuciones federales, existe un extenso litoral costero con partícipes múltiples. Hay 17 estados costeros y 159 municipios que tienen acceso al mar.  Muchas de las personas, organizaciones y empresas usuarias de los recursos marinos se encuentran en estos estados y municipios costeros. Su entorno sociopolítico y cultural determina en parte cómo llevan al cabo sus actividades. También, tierra adentro ocurren actividades que impactan la salud de los mares y que están reguladas (o no) por una multiplicidad de reglamentos, leyes y contextos. Mar y tierra interactúan permanentemente y esa dinámica debe tener espejo en su gestión.

Si el mar es de jurisdicción federal, pero de responsabilidad compartida, ¿cómo articular una visión y gestión de largo plazo que integre a los diversos sectores y órdenes de gobierno involucrados? ¿Cómo lograr un entretejido para la gobernanza marina y costera con apego a las atribuciones y ámbitos de competencia, pero con latitud para actuar conforme a las realidades y necesidades locales? ¿Qué le corresponde a quién y cómo es posible propiciar la interacción entre partes interesadas y ordenes de gobierno?

La salud del mar, el desarrollo de una economía azul sostenible y el bienestar de las personas requieren de la concurrencia de visión y acciones. Es preciso que el gobierno federal defina e implemente un núcleo estratégico de acciones para la gestión marina al tiempo que conforma o se integra a redes de acción con otras partes interesadas. Estas redes deben ubicarse cada vez más cerca de los gobiernos locales, incluir a otros actores gubernamentales y no gubernamentales, e incorporar objetivos y principios derivados de la gobernanza global de los océanos.

Ante la escala y relevancia de los retos asociados a la gobernanza marina y costera (la sobrepesca y el cambio climático, por ejemplo), las capacidades y atribuciones de convocatoria, coordinación e interlocución de gobierno estatales y municipales adquieren una relevancia particular. Los gobiernos locales tienen una posición privilegiada para impulsar entramados funcionales de sectores y ordenes de gobierno para reducir la distancia entre los contextos sociales locales y las respuestas públicas para el mejor uso, protección y restauración de los mares y costas mexicanas.

La nueva Política Estatal para el Manejo Integral de los Mares y Costas de Yucatán es un instrumento “de entramado” que responde a la oportunidad antes descrita. La política plantea una visión a largo plazo y metas para la sustentabilidad de los mares y costas de Yucatán en apego a sus competencias, pero con la intención de coordinación con gobiernos federal y municipales y con la sociedad. Entre otros objetivos, la política busca generar proyectos integrales, crear alianzas y hacer uso de infraestructura de participación existente (comités y consejos) para atender agendas integrales en temas clave para su región, como la resiliencia ante el cambio climático y el bienestar de las comunidades costeras. Asimismo, la política busca sentar las bases para compromisos de colaboración con el gobierno federal en materias como energías limpias, desarrollo costero y manejo integral de la pesca y el turismo.

La implementación de todo instrumento entraña retos y es natural esperarlos de éste, que es pionero en su tipo. Espero que la política estatal se traduzca en alianzas, proyectos estratégicos y en una visión compartida, integrada y de largo plazo que reúna a las diferentes partes que pueden lograr cambios positivos en el mar, en la costa y en las personas que trabajan, viven y disfrutan de él. Espero también que Yucatán inspire a otros estados de México a fungir como convocantes de nuevas redes que pongan al mar no solo en el centro de nuestros platos, sino de la agenda de acción coordinada en el país.

* Gabriela Anaya Reyna (@ganayare) es consultora independiente. Coordina la Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas (ICPMX); es asesora senior para México de la David and Lucile Packard Foundation. Los puntos de vista expresados en este artículo son personales y no reflejan, necesariamente, los de la red e institución antes mencionadas.

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