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Reflexiones sobre el derecho al cuidado digno y de calidad ante el contexto del COVID-19
Ante la estrategia de apertura paulatina de actividades productivas, sociales, educativas y económicas, miramos con preocupación la ausencia de la transversalización de ejes esenciales para procurar que este nuevo regreso no resulte desafortunado para la sociedad en cuestión de cuidados.
Por Claudia Chavarría, Ana Rangel y Flor Camacho
15 de junio, 2020
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La emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto diversas crisis, así como la enorme necesidad de cuidados que requieren las distintas poblaciones en el país. El presente texto es una invitación a generar reflexiones y cuestionamientos en torno a cuál es la situación de los cuidados en medio del contexto de la contingencia, pues es preciso preguntarnos sobre las consecuencias e impactos de las medidas de distanciamiento social y de confinamiento; es decir, cómo se han vivido y cuáles han sido las nuevas configuraciones de la vida social. En este sentido, es necesario volver a situar la discusión respecto al establecimiento del derecho al cuidado para comprender la pertinencia en el avance hacia la legislación que garantice un derecho al cuidado digno y de calidad para todas las personas. Es fundamental cuestionar cómo será el regreso a la “nueva normalidad” después de la pandemia, pues ello requerirá el replanteamiento de medidas con miras a asegurar progresivamente el derecho al cuidado digno, así como de acciones para hacer funcionar la cotidianeidad a través de la promoción de otras formas de relación e interacción social.

El derecho al cuidado digno y las medidas de confinamiento ante el COVID-19

En México el derecho al cuidado quedó establecido por primera vez en la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9 fracción B, en donde se propone que toda persona tiene derecho al cuidado, y que las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos, accesibles y universales. Coloca como poblaciones prioritarias a las personas mayores; niñas y niños; personas en situación de dependencia, y personas que de manera no remunerada están a cargo de cuidados.

Por otro lado, diversas organizaciones de la sociedad civil han realizado acciones de incidencia a favor del tema. En este sentido, recientemente se presentó una iniciativa en la que se incorpora al artículo 4 de la Constitución Política Mexicana el Derecho al Cuidado Digno y de calidad para todas las personas.1 La iniciativa es trascendental porque señala que el Estado debe garantizar el cuidado y mantenimiento de la vida partiendo de las necesidades de cuidado de las y los destinatarios, y debe ser un derecho para toda la población, independientemente de las condiciones de dependencia o vulnerabilidad. Además es importante porque propone que se imprima una visión de titularidad del derecho, y no meramente asistencial. Sumado a esto, señala que debe ser un derecho universal, y por ende, busca plantear la interdependencia con otros derechos humanos que permiten tener una vida digna, como el derecho al trabajo, a la salud, vivienda y educación, entre otros.2

Ahora bien, en el contexto de la pandemia, las medidas emitidas por el gobierno federal para evitar la propagación del virus no se viven de la misma manera, pues han afectado de manera diferencial a la población, es por ello que, ante este escenario es fundamental, por un lado, tomar en cuenta las condiciones previas en las que se encontraban las personas en relación al cumplimiento de sus derechos humanos, es decir, es necesario visibilizar las brechas de desigualdad anteriores a la pandemia, en cuanto al acceso a servicios de salud, vivienda, el acceso a la alimentación, al trabajo digno, etc., ya que estas situaciones impactan en la calidad de vida de las personas y en el limitado o nulo acceso al ejercicio de sus derechos humanos, así como en las condiciones para el cuidado digno. Por otro lado, observamos con preocupación que los diferentes tipos de familias han tenido que hacer uso de nuevas configuraciones para procurar cuidados, especialmente a niñas, niños, personas con discapacidad y personas mayores.

Entre las nuevas configuraciones y arreglos al interior de los hogares se encuentra la adaptación de sus miembros a la nueva realidad, es decir, a modificar los patrones de sus rutinas, debido a que en algunos casos las personas continúan trasladándose a sus empleos, en otros casos ha sido posible hacerlo de manera remota, y si está en sus posibilidades, acatar las medidas necesarias para protegerse y proteger también a sus familiares, extremando precauciones. En otros casos las personas se han quedado sin empleos y buscan la manera de subsistir y tratar de asegurar los insumos para su sobrevivencia. En este panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que en México más de 3 millones de personas se quedarán sin empleo; aunado a esto, la situación que también preocupa es el incremento de precios en la canasta básica que se registró al menos durante el mes de abril.3 En este sentido, la pandemia llegó en un momento de bajo crecimiento social y económico, y por lo tanto agudizó la pobreza y pobreza extrema.4 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que México se encuentra entre los países en los que se registrarán mayores aumentos de pobreza extrema.5

En medio de estas circunstancias, también preexisten situaciones en las que familias enteras no cuentan con los insumos adecuados para el cuidado y la prevención de contagios, por lo que en cuanto un miembro de la familia adquiere el virus, los riesgos de que se agrave o que se multiplique el contagio son elevados;6 es por ello que reafirmamos la necesidad de que se reconozca el derecho al cuidado digno y de calidad. Ahora más que nunca es urgente empujar una legislación que establezca el piso mínimo para su progresivo cumplimiento; que reconozca que todas y todos requerimos de cuidados y que los grados de intensidad de los mismos varían de acuerdo al ciclo vital o a circunstancias específicas.

Ante este panorama observamos que el Estado no ha tomado las medidas necesarias para garantizar el cuidado de la población, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas mayores que se encontraban en casas de día?; ¿cómo se está asegurando la subsistencia y cuidados?; ¿cómo hacen ahora las familias para asegurar el cuidado y la protección de sus hijos e hijas o de personas que tienen a su cuidado por condiciones particulares o de dependencia?, ya que resulta innegable que el cuidado ha recaído en las familias, particularmente en las mujeres, quienes continúan realizando actividades de cuidado con mayor intensidad y frecuencia, pues el cierre de estancias infantiles y la modalidad de la escuela en línea para la educación de nivel básico son factores que contribuyeron a incrementar las labores domésticas y de cuidados. Tal como lo señala la CEPAL, la pandemia evidenció la injusta distribución de los cuidados, pues se carga desproporcionadamente esta responsabilidad hacia las mujeres,7 lo que trae consigo una serie de obstáculos sociales y aumenta las desigualdades entre géneros.

El Regreso a la “nueva normalidad”

Ante el Decreto emitido por el gobierno federal sobre la “nueva normalidad”, consistente en la estrategia de apertura paulatina de actividades productivas, sociales, educativas y económicas, miramos con preocupación la ausencia de la transversalización de ejes esenciales para procurar que este nuevo regreso no resulte desafortunado para la sociedad en cuestión de cuidados, puesto que consideramos deben aprovecharse las medidas para replantear la forma en la que la sociedad funcionaba. Será fundamental cuestionar si el planteamiento de un Sistema Nacional de Cuidados sería una solución para la aplicación de medidas en relación al cuidado de la población, o bien, la discusión tendría que dirigirse a pensar en otro tipo de configuraciones que brinden respuestas ante situaciones como la actual.

Asimismo, será necesario, tal como lo señaló el relator de la ONU, que se recopilen los datos pertinentes sobre los impactos de la crisis del COVID-19,8 y en el caso particular de México, tendrían que incluirse datos desagregados sobre el cuidado de la población, la demanda de cuidados, los espacios en los que se cuida, la calidad de estos espacios y los impactos diferenciados en las familias más pobres y en las mujeres. Del mismo modo, consideramos urgente plantear la activación de campañas de salud en las comunidades, sobre todo en las más vulnerables.

Finalmente, apuntamos que estamos convencidas de la necesidad de seguir trabajando desde diferentes frentes como el académico, desde las organizaciones de la sociedad civil y el activismo para asegurar que el Estado asuma la responsabilidad que permita avanzar en un tema tan importante y trascendental para el mantenimiento de la vida. En este camino debemos vigilar que se adopten legislaciones y políticas públicas que garanticen la participación en la corresponsabilidad del cuidado por parte del Estado, las empresas, la comunidad y los diferentes tipos familias. A partir de esta emergencia sanitaria, el Estado deberá pensar en todos los escenarios, previendo impactos desastrosos en diversos ámbitos y comprometiéndose a sentar las bases para asegurar la satisfacción de cuidados dignos y de calidad para la población.

* Claudia Pamela Chavarría Machado (@PamChavarriaM) es Antropóloga social por la UAM Iztapalapa, estudiante de Derecho por la UNAM. Coordinadora de proyectos de investigación en temas de género, derechos humanos y desarrollo rural inclusivo en Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. Ana Patricia Rangel López (@ApaRangeLo) es Oficial de Incidencia en Género y Derechos Humanos en Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. Flor Camacho Trejo estudió la Licenciatura en Psicología en la UNAM. Actualmente es investigadora en temas de género y derechos humanos en Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

 

 

1 Iniciativa presentada por la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Disponible aquí.

2 La iniciativa sustenta dichos argumentos a partir de la propuesta de Laura Pautassi. (Pautassi, L. (2010). “Cuidado y derechos: la nueva cuestión social” en Montaño, S. & Calderón, C. (Coords). (2010). El cuidado en acción. Entre el Derecho y el Trabajo).

3 Alejandro Sánchez, “Sin empleos y precios de canasta básica por las nubes”, en El Heraldo de México, 22 de abril de 2020. Disponible aquí.

4 CEPAL, Informe Especial COVID-19. El Desafío Social en tiempos de COVID-19, 12 de mayo de 2020. Disponible aquí.

5 Los otros países con situación similar son Nicaragua y Ecuador.

6 Un caso documentado es el que sucedió en la Alcaldía Iztapalapa, en la que varios miembros de una familia se contagiaron de Covid-19, algunos de ellos fallecieron. Nota disponible aquí.

7 CEPAL, Informes COVID-19. La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe, abril de 2020. Disponible aquí.

8 ONU, Disponible aquí.

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