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Represión de la protesta en Guanajuato
La criminalización de la protesta social fue impuesta por el Congreso de Guanajuato cuando aprobó el terrorismo como delito en 2011, y después materializada por la Fiscalía General de Justicia del Estado en 2019. La protesta entendida como sinónimo de terror.
Por Raymundo Sandoval
3 de agosto, 2020
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En los últimos meses Guanajuato ha dado muestras de tener un gobierno represor. A continuación tres estampas que dan cuenta de ello:

La protesta como terrorismo

El 24 de noviembre de 2019 en Cuerámaro, un municipio de 27 mil habitantes en Guanajuato, un menor de edad en estado de ebriedad atropelló con su vehículo a cuatro jovencitas matándolas al instante. Según la nota del portal Pop Lab Periodismo y Opinión Pública, tres días después de este evento, más de 500 personas participaron en una marcha exigiendo justicia y realizaron algunos disturbios; policías estatales detuvieron a 23 personas, de las cuales 17 fueron acusadas por el delito de terrorismo. Casi tres meses después fueron liberados a través de la presión social y de la gestión de diferentes actores sociales.

Este delito, junto con la rebelión, la sedición y el motín se encuentran ubicados en el Título “Delitos contra la seguridad del Estado” en el Código Penal del estado y se define de la siguiente manera: “A quien por cualquier medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación, se le impondrá prisión de tres a quince años y de treinta a ciento cincuenta días multa”.

La criminalización de la protesta social fue impuesta por el Congreso de Guanajuato cuando aprobó el terrorismo como delito en 2011, y después materializada por la Fiscalía General de Justicia del Estado en 2019. La protesta entendida como sinónimo de terror.

No es la primera ocasión en la que se etiqueta de terroristas a quienes protestan en Guanajuato. Ya en 2018 el organismo estatal de derechos humanos emitió una recomendación en la que señala que el gobierno del municipio de León violó el derecho a la protesta pública con actos represivos en 2017, durante las movilizaciones en rechazo al aumento de las tarifas del transporte público.

El #fiscacarnal toma el Congreso

En noviembre de 2018 se formó el Colectivo Fiscalía que Sirva Guanajuato o #FQSG, para buscar modificar la Constitución local que mantenía el pase automático del titular de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guanajuato a la nueva Fiscalía con autonomía constitucional. El Colectivo formado por personas defensoras de derechos humanos, académicos y activistas locales realizó propuestas legislativas y se manifestó en diversas ocasiones en el Congreso local, la primera de ellas en diciembre de 2018. A ésta le siguieron varias protestas en el legislativo tanto por organizaciones sociales como por partidos de oposición.

Lamentablemente el gobernador pudo imponer al Fiscal mediante un oficio de ratificación que luego fue confirmado con la aprobación de la Constitución que incluía el pase automático de quien fue nombrado #fiscalcarnal. Fue durante las protestas del mes de diciembre que el Congreso endureció las medidas de acceso al recinto, y en febrero de 2019 cuando se impuso al Fiscal se establecieron retenes en el acceso a la capital para impedir que accedieran camiones con personas que protestaran durante la toma de protesta.

El colmo fue el 20 de febrero cuando se consumó la imposición como Fiscal, cuando no sólo se impidió el acceso a grupos al edificio del Congreso y prepararon equipo antimotines en el sótano del edificio, sino que en una labor para impedir el acceso a quienes buscaban protestar saturaron el edificio de burócratas de la propia Fiscalía General de Justicia.

Es decir, el Congreso de Guanajuato permitió que la Fiscalía llenara con centenares de funcionarios el salón del pleno horas antes de la sesión para impedir una protesta como la que se había llevado a cabo durante las semanas pasadas. Un acuerdo que beneficiaba a ambas instituciones y que reprimía de manera “blanda” las protestas.

A partir de ese momento el Congreso de Guanajuato instaló torniquetes que impiden que las personas accedan libremente a las diferentes áreas del edificio, limitando la posibilidad de que protesten al interior.

Buscadoras como opositoras políticas

“Pedimos a los actores políticos que se mantengan al margen”, señaló el secretario de Gobierno en rueda de prensa, horas después de que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) reprimieron con uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias una protesta pública de familias de personas desaparecidas en Guanajuato capital el 10 de julio. En realidad, lo que el secretario trataba de decir es que para calmar la protesta social y el plantón que las familias habían instalado una semana antes frente al Teatro Juárez, asociaba a los líderes del Colectivo con Morena, sus opositores políticos.

La represión a la protesta social fue noticia nacional e internacional, ya que fue rechazada de inmediato por la CNDH y la ONUDH en un comunicado conjunto.

“Los integrantes de las FSPE no necesitan la orden del secretario para hacer cumplir el Estado de Derecho”, señaló Álvar Cabeza de Vaca, el responsable de la represión. El uso de la fuerza pública se justifica porque el encargado de la prevención del delito en la entidad considera que debe imponerse the rule of the law no importando si se revictimiza a familiares de personas desaparecidas o se incumplen los protocolos en el uso de la escala de la fuerza pública. Por si fuera poco, se iniciaron carpetas de investigación en contra de las familias por lesiones contra los policías represores.

El mundo al revés en Guanajuato: represión, revictimización, criminalización y amenazas. Todo el mismo día.

Los elementos comunes: Álvar y Zamarripa

Mucho se ha dicho sobre los dos funcionarios de seguridad más longevos a nivel nacional, pero poco se ha señalado sobre su nivel de represión de la protesta; tan sólo con lo señalado en estas líneas encontramos varios casos de represión de la protesta. Ello sin contar con la represión en San Miguel de Allende por protestar por el agua en mayo pasado o las estrategias para disolver movimientos locales en casos similares.

La represión de la protesta en Guanajuato es una marca del gobierno local y una práctica de los funcionarios de seguridad y procuración de justicia.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es es defensor de derechos humanos.

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