Siete años de búsqueda, siete años de impunidad…
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Siete años de búsqueda, siete años de impunidad…
El 25 de septiembre de 2015, Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Elester Torres Barrada y dos jóvenes fueron detenidos por elementos de la Semar en el marco de un operativo de seguridad. Desde entonces se encuentran desaparecidos.
Por Cristina Lozano
27 de septiembre, 2022
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Desde el 2014 bajo el gobierno de Javier Duarte se implementó al sur del estado de Veracruz, en particular en el municipio de Coatzacoalcos, el operativo denominado “Blindaje Coatzacoalcos”, el cual tenía como objetivo disminuir la inseguridad en la zona sur del Estado. En dicho operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal, Policía Federal y la denominada Policía Naval, que había sido creada mediante convenio entre SEMAR y SSP del Estado. Entre todos los elementos, sumaban un número aproximado de más de 800 elementos policiales en dicho operativo.

Como parte del operativo se instalaban aleatoriamente diversos retenes en varios puntos de la ciudad de Coatzacoalcos, encontrándose en cada retén miembros de los diferentes cuerpos policiacos participantes. Los retenes eran instalados en distintas fechas y ubicaciones, con el fin de hacer revisiones vehiculares, de personas u otras.

En el marco de este operativo, el 25 de septiembre de 2015, Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Elester Torres Barrada y dos jóvenes más viajaban en un taxi, perteneciente a alguno de ellos. Durante el transcurso de la tarde, aproximadamente a las 17 horas, sobre la carretera principal de Barrillas, a la altura de la bodega de “Dipepsa”, se encontraba un retén de policía, como parte del operativo “Blindaje Coatzacoalcos”.

Al transitar el taxi de las víctimas a la altura de la bodega “Dipepsa”, los elementos del retén que se encontraba en dicho lugar le marcaron el alto, sin que dicho vehículo tomara en cuenta esa instrucción. Por tal razón, a partir de dicho punto comenzó una persecución del vehículo, sin que la patrulla que lo seguía pudiera alcanzarlo.

No obstante, el taxi en el que viajaban las cuatro personas se encontró con otro retén más adelante, sobre avenida Universidad; en ese otro retén los policías le marcaron el alto al taxi, sin que de nueva cuenta respondiera a dicha indicación, por lo que inició otra persecución en la que dos patrullas alcanzaron al vehículo y detuvieron a los cuatro pasajeros.

Después de encañonarlos y bajarlos de la unidad, Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Elester Torres Barrada y dos jóvenes más, fueron detenidos; a partir de ese momento y hasta la fecha se desconoce su paradero.

A pesar de que han transcurrido siete años desde su desaparición, a la fecha no existe una estrategia clara de búsqueda y localización de los jóvenes; sus madres son quienes han tenido que buscar a sus hijos. “Es muy doloroso ir a buscar a una fosa clandestina porque no hay necesidad que nosotros los andemos buscando de esa manera”, palabras de Belén González, madre de Jacob.

En este caso hay órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar contra los posibles perpetradores, quienes son elementos de la Secretaría de Marina.

Es preciso recordar que se trata de una desaparición forzada, una grave violación a derechos humanos. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, destacó en el informe tras su visita a México en noviembre de 2021, que “la desaparición de personas en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”. Estas 100,000 personas registradas como desaparecidas no son las únicas víctimas: sus familiares y personas allegadas también sufren. Todas son víctimas.

Es por esa razón que la reciente decisión sobre el enfoque de militarización de la seguridad pública en el país es alarmante. En el citado informe se menciona que “la permanente participación de la Fuerza Armada” en las labores de seguridad pública en México “permite poner en duda” su respeto a “los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”.

También en el informe se resalta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 162 recomendaciones a las secretarías de la Defensa (SEDENA) y la Marina (SEMAR), por violaciones graves a derechos humanos, de las cuales 15 estaban relacionadas con desapariciones forzadas.

El Comité aseguró que hay impunidad casi absoluta en el tema de desapariciones, pues solo entre 2 % y 6 % de los casos de desaparición se judicializan en el país, es decir, solo hubo 36 sentencias en casos de desaparición a nivel nacional. Lo anterior se traduce en miedo, enojo, dolor, impoten­cia y frustración por parte de las familias ante la nula o ineficiente respuesta de las autoridades, la tristeza que cada caso de impunidad conlleva. La desesperanza, la incredulidad y el cinismo se apo­deran cada día de nuestra forma de enfrentar la realidad, porque éste es el país de “todo sereno”.

* Cristina Lozano es abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (@IMDHyD).

 

Conoce más del caso aquí.

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