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Trump quiere controlar las decisiones de las mujeres
ONG que brindan métodos anticonceptivos y estrategias para reducir mortalidad y morbilidad materna están en riesgo ante la suspensión del financiamiento.
Por Blog Invitado
27 de enero, 2017
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Por: Eugenia López Uribe

El Presidente de Estados Unidos firmó el lunes 23 de enero un decreto presidencial prohibiendo que su país dirija su ayuda externa a cualquier organización no gubernamental que mencione, trabaje o preste servicios de aborto.

¿Qué es “La Ley Mordaza”, “Global Gag Rule” o la “Mexico City Policy”? 

Es una política que trasciende las fronteras de “la guerra en contra del aborto” en Estados Unidos para llevarla a los millones de mujeres que viven en los demás países. La “Ley Mordaza”, que fue instaurada por primera vez por Reagan en 1984, trata de controlar la manera en la que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Planificación Familiar fuera de Estados Unidos utilizan sus propios fondos, forzándolas a elegir entre dejar de trabajar, promover, proveer y/o defender el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo o perder todos los fondos que obtienen de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) para promover otros servicios de salud sexual y reproductiva.

Es decir que si las organizaciones tienen financiamiento de USAID para proyectos de Planificación Familiar, y han conseguido recursos de otras fuentes para también trabajar en el tema de aborto como parte de una política integral, ahora serán forzadas a elegir entre continuar recibiendo fondos de USAID dejando de lado completamente el aborto o perder esos fondos y con ello arriesgar su sostenibilidad. Esto sin importar el estatus legal del aborto en su propio país.

El diablo está en los detalles 

La decisión del lunes no significa que USAID va a dejar de apoyar a organizaciones para proveer abortos. Esas restricciones existen hace décadas y están contenidas en el Helms Amendment, que impide, desde 1973, que los fondos federales obtenidos a través de impuestos se gasten en el extranjero para realizar abortos.

La nueva política que se firmó el lunes expande los alcances de la de 1984 a todos los fondos enfocados a salud en general. Es decir que ahora las organizaciones que trabajan para eliminar la malaria, para responder al VIH, para atender la salud de los niños, también deberán obedecer a la Ley Mordaza o no podrán recibir los recursos. Este cambio hará que la nueva versión de la política sea 15 veces más atroz que la de Reagan.

Esta decisión es una manera de coartar las decisiones y autonomía de miles de mujeres, restringiendo el acceso a otros servicios de salud, así como el acceso a información y servicios de aborto seguro.

Los servicios que brindan organizaciones en todo el mundo para apoyar las acciones de sus gobiernos en países en desarrollo para mejorar las condiciones de salud están en riesgo.

Organizaciones que brindan vacunas, mosquiteros para reducir el riesgo de malaria y zika, que tienen programas para mejorar la salud durante el embarazo, métodos anticonceptivos, que brinda atención médica para personas que viven con VIH, que generan estrategias con el gobierno para reducir la mortalidad y morbilidad durante el embarazo, parto y puerperio, y un gran espectro de acciones de salud sexual para jóvenes y para la población LGBTIQ, tendrán que decidir entre recibir fondos de USAID o continuar brindando atención integral basada en las necesidades de su población.

Esta es una muestra de que el colonialismo sigue vigente y que los países desarrollados de manera frontal y directa amenazan la soberanía de los países en desarrollo. Las consecuencias reales en la vida de las personas no se toma en cuenta. Tenemos que analizar y hacer visible la gran dependencia de muchos países al financiamiento de Estados Unidos, y en general, la gran dependencia del sur-global a los recursos del norte-global, y lo susceptibles y vulnerables que están la soberanía de países y organizaciones bajo esta estructura.

Por último, la reinstalación de la “Ley Mordaza” perpetúa la narrativa que, sin evidencia y de forma maniquea, presenta al aborto como un problema que se debe eliminar. Sin entender que para las personas, el problema real son los embarazos no deseados y que la manera de reducir estos embarazos es con recursos para promover y dar acceso a métodos anticonceptivos, aborto seguro, educación integral en sexualidad y en general, un marco de justicia reproductiva en las políticas públicas.

Cortar los recursos para aborto sólo orilla a las mujeres a buscar abortos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud. El aborto es una opción y una posibilidad que ha existido a lo largo de la historia y que las mujeres deciden todos los días, sin importar el contexto.

Desde Balance sabemos que esto es el comienzo de un camino largo de decisiones ejecutivas que castigarán y pondrán en riesgo la salud y la vida de las mujeres, en Estados Unidos y todo el mundo.

Nosotras vamos a resistir. 

No dejaremos de apoyar a las mujeres que necesitan tener acceso a aborto seguro. Vamos a enfocarnos en que las políticas públicas y las organizaciones atiendan las necesidades concretas de las mujeres en todas sus diversidades y a lo largo de su vida, que el derecho a la salud se mantenga como prioridad en la lucha feminista por la justicia sexual y reproductiva.

No dejaremos de promover el aborto como una elección positiva, empoderante y que cambia las vidas de las personas para ser más libres. No vamos a retroceder en estar seguras de que el aborto es una decisión responsable que merece respeto, apoyo y recursos para ser llevada a cabo. Hoy más que nunca necesitamos del apoyo social para existir, resistir y persistir. Tenemos que cambiar la lógica actual, tenemos que encontrar y construir alternativas. Luchemos por mejores políticas económicas, ecológicas, sociales y de salud.

No dejaremos de luchar para que la justicia sexual y reproductiva sea una realidad.

 

* Eugenia López Uribe es directora de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A. C., asociación civil feminista progresista que incide a nivel nacional, regional e internacional en las políticas públicas y programas sobre derechos sexuales y reproductivos, con un énfasis en mujeres y jóvenes, a través de la ciudadanización, la formación de liderazgos y argumentos basados en evidencia.

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