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Twitter vs Facebook: dos modelos para combatir la desinformación
La legítima exigencia de mayor transparencia, rendición de cuentas y un uso adecuado de datos personales por parte de las empresas de redes sociales debe abarcar todo el espectro público y no únicamente el ámbito electoral.
Por Enrique López Alonso
10 de noviembre, 2019
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¿Quién no ha sido víctima de la publicidad política al navegar en Twitter, Facebook o Instagram? Durante los últimos años, las redes sociales se convirtieron en una especie de tierra sin ley en la que candidatos, partidos, gobiernos y grupos de interés pagan anuncios para autopromocionarse sin rendir cuentas a nadie o, peor aún, para difundir fake news desde el anonimato. Las nuevas reglas de las plataformas prometen disminuir este tipo de prácticas, aunque un objetivo tan ambicioso no será fácil de lograr.

Los escándalos de hackeo de datos, la interferencia rusa y la difusión masiva de información falsa en las campañas del Brexit en Reino Unido y de Trump en Estados Unidos1 pusieron en entredicho la legitimidad de sus resultados, afectando la credibilidad de las compañías de redes sociales, quienes se vieron obligadas a tomar medidas para proteger la privacidad de sus usuarios, mejorar la calidad de la conversación y prevenir la desinformación, especialmente en época de elecciones.

La semana pasada, Twitter anunció que eliminaría la publicidad electoral de su plataforma: “El alcance de los mensajes políticos debe ganarse, no comprarse”, sentenció el CEO de la compañía, Jack Dorsey, en un hilo que cuenta hasta la fecha con más de 104,00 retuits y 430,000 likes. De acuerdo con el comunicado oficial, hoy no existen condiciones efectivas de regulación, por lo que prefieren dar un paso atrás para enfrentar el problema, al mismo tiempo que los esfuerzos de actualización de sus normas comunitarias y la mejora en los tiempos de respuesta ante las denuncias continúan.

Por el contrario, Facebook no se plantea modificar su esquema comercial. Esta empresa, que se hizo acreedora en julio pasado a una sanción histórica de 5,000 millones de dólares por violar la privacidad de los consumidores, combate la desinformación a través de iniciativas como Facebook News y la creación de la Biblioteca de Anuncios, una base de datos de libre acceso lanzada en abril de este año que transparenta la publicidad de sus páginas, aunque únicamente ofrece información detallada sobre montos, segmentación y responsable de las publicaciones en aquellos mensajes catalogados como políticos.

Gracias a esta herramienta, hoy sabemos que el precandidato demócrata Joe Biden pagó a Facebook 2,000 anuncios en el último mes, Bernie Sanders 6,600 y Elizabeth Warren 7,300, que distan mucho de las 15,000 publicaciones promocionadas por el presidente Trump. No obstante, ha funcionado a medias para detectar páginas falsas que pretenden inhibir el voto de la izquierda en las elecciones de España2 y no considera como mensajes políticos los anuncios pagados por gobiernos fuera de Estados Unidos, por lo que la información disponible aún es limitada.

 

Cada plataforma afronta la crisis desde un enfoque distinto. Por un lado, Twitter afecta potencialmente a los candidatos menos conocidos, aunque al eliminar por completo la publicidad también garantiza que las campañas con más presupuesto no son necesariamente las que obtienen mayor alcance. Por el otro, Facebook promueve un modelo comercial amparado en la Primera Enmienda. Según Mark Zuckerberg, ninguna empresa privada debería censurar lo que los políticos dicen y es la gente la que tiene el derecho a decidir si creerles o no. Este razonamiento, no obstante, puede convertirse en un arma de doble filo, pues los candidatos no sólo tienen la libertad de mentir, sino de propagar sus mentiras a través de la pauta y los esquemas de transparencia no parecen lo suficientemente sólidos como para desincentivar dicha conducta.

En México, la discusión ha pasado desapercibida debido a la relativa tranquilidad en la que transcurrió la elección presidencial de 2018. Sin embargo, el papel de las redes sociales en los asuntos públicos sí ha figurado en la agenda, como ocurrió con las acusaciones de manipulación de conversación en Twitter vertidas por Secretaría de Seguridad Pública Federal con base en un estudio deficiente y opaco (por decir lo menos). La legítima exigencia de mayor transparencia, rendición de cuentas y un uso adecuado de datos personales por parte de las empresas de redes sociales debe abarcar todo el espectro público y no únicamente el ámbito electoral.

¿Cuál es el mejor enfoque para combatir la desinformación? ¿Son suficientes las medidas anunciadas por Twitter y Facebook para que no se repitan casos como el Brexit y la elección de Trump? ¿Los generadores de fake news deberían tener micrófono abierto? Ambos modelos—tanto el de Dorsey como el de Zuckerberg— se pondrán a prueba en las elecciones de Estados Unidos del próximo año, aunque ya comenzaron a operar en países como Argentina y España. Lo que está en riesgo no es el futuro de dos exitosas compañías, sino la democracia misma.

* Enrique López Alonso (@lopezalonso88) es Maestro en Comunicación Política por la London School of Economics and Political Science (LSE).

 

1 Vale la pena echar un vistazo a “The Cambridge Analytica Files” de The Guardian, la serie de reportajes más completa sobre el asunto.

2 Disponible aquí.

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