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Una apuesta arriesgada: Pemex y la transición energética
Pemex necesita adaptar sus planes a un escenario adverso en el cual sus inversiones podrían estancarse debido a la baja demanda y necesita abrir un debate sobre su rol en los planes de desarrollo nacionales que tomen en cuenta la transición energética global.
Por Alonso Hidalgo
15 de febrero, 2021
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Pemex continúa siendo una ficha estratégica para la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pese a sus masivos problemas de endeudamiento y dificultades para incrementar sus volúmenes de producción.

Al finalizar el 2020, la estatal petrolera marcó su décimo sexto año consecutivo de caídas en la producción de crudo, con un promedio de 1,640 millones de barriles diarios, 1.2 % menos que en 2019. A su vez, el gobierno ha seguido adelante con los planes de construir la refinería de Dos Bocas. Este proyecto, valorizado en 8,900 millones de dólares, enfrenta serios cuestionamientos sobre su rentabilidad y pertinencia, a la luz de los impactos de la pandemia en las rentas públicas de México y las dificultades que tiene Pemex para mejorar sus niveles de producción. Considerando su capacidad de producción actual, el Gobierno tendrá que ajustar sus expectativas de relanzamiento de la industria de refinación nacional.

Sin embargo, la enorme apuesta en infraestructura no es el único factor de riesgo al que se enfrenta el país. Como muchas otras petroleras a nivel mundial, Pemex y el gobierno necesitan ajustar sus inversiones en un escenario marcado por la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero para hacer frente al calentamiento global. En este escenario, se espera que a mediano plazo la demanda por combustibles fósiles se reduzca dramáticamente, impactando a los productores de petróleo. La volatilidad de los precios petroleros significa que el dinero invertido en Pemex, en riesgo de estancarse por falta de rentabilidad, podría ser empleado para complementar gastos urgentes relacionados con la mitigación de los impactos del coronavirus a través de la adquisición de vacunas y atención hospitalaria.

El último reporte del Natural Resource Governance Institute (NRGI), Apuesta arriesgada: Empresas petroleras estatales en la transición energética, arroja luces sobre la disyuntiva a la que se ven expuestas las empresas petroleras estatales. Buena parte de sus inversiones (más de 400 mil millones de dólares a nivel mundial) sólo será rentable en un escenario en el que la humanidad exceda los objetivos de emisiones que evitarían que la temperatura global escale más de 2 grados centígrados.

En este sentido, la adopción internacional de las metas de emisiones pone en riesgo el cuantioso capital invertido por países productores de petróleo en esta industria. El estudio señala que en México el monto posible de gasto futuro en Pemex, en riesgo de estancarse si el mundo cumple con las metas de emisiones señaladas en el acuerdo de París, sería equivalente al 7 % del gasto público total del gobierno mexicano. Este porcentaje parece pequeño, pero contrasta con el 11 % de gasto anual que el gobierno destina a la salud pública.

Las autoridades mexicanas y los oficiales a cargo de Pemex tendrán que analizar el horizonte que la transición energética global impone sobre las operaciones de la petrolera estatal. El reto para Pemex y México es doble. En primer lugar, la compañía necesita adaptar sus planes a un escenario adverso en el cual sus inversiones podrían estancarse debido a la baja demanda. En segundo lugar, se necesita abrir un debate sobre el rol que ocupará Pemex en los planes de desarrollo nacionales que tomen en cuenta la transición energética global. Si bien este es un reto principalmente técnico, también envuelve una discusión política de fondo.

AMLO lidera un gobierno pragmático de corte nacionalista. La soberanía energética ocupa un punto central en su agenda y ha apostado por reforzar el rol de las empresas estatales, Pemex y CFE, para alcanzar este objetivo. En el escenario actual, la meta de alcanzar la ansiada soberanía energética colisiona con dos factores. Por un lado, la disponibilidad de crudo extraíble a un costo de producción rentable para Pemex y, por otro, el posicionamiento de gobierno  frente a las energías renovables, sector que hasta el momento había sido largamente operado por empresas privadas.

La apuesta energética soberana tiene que lidiar con un escenario altamente volátil, en el que participan más actores que en décadas pasadas y en donde los criterios de éxito distan con la visión de desarrollo promovida desde el gobierno actual.

México mantiene costos de producción relativamente bajos en comparación a sus pares de la región. Sin embargo, el gobierno busca mejorar su tasa de reemplazo de reservas. Frente a los volúmenes de producción de crudo actual, el gobierno de López Obrador necesitará explotar las reservas offshore del Golfo de México, proyectos que, debido al incremento de costos que representa este tipo de extracción, no coinciden con el momento financiero de la empresa, que arrastra la deuda más grande del mundo para empresas petroleras estatales. Asimismo, en el contexto actual, el reporte de NRGI estima que 9,000 millones de dólares en prospectos de inversión de Pemex estarían en riesgo si los precios del petróleo caen por debajo de los 40 dólares.

Poner en riesgo esa cantidad de recursos no es compatible con el bienestar de un país que intenta salir de una crisis económica y sanitaria sin precedentes. El informe de NRGI señala que los oficiales de gobierno a cargo de las petroleras estatales necesitan analizar minuciosamente sus planes de inversión para evitar riesgos innecesarios. En la actualidad existen pocos incentivos para que las empresas petroleras estatales den un paso atrás y reconsideren sus planes de inversión. Ciertamente los planes de soberanía energética esgrimidos por la administración representan el principal obstáculo para este tipo de reflexión. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno mexicano bien pueden canalizarse en potenciar la industria de generación de energías renovables. Las petroleras privadas más grandes a nivel mundial van en ese camino.

En México será necesario un debate abierto sobre los planes a corto plazo que, debido al riesgo que cargan, podrían resultar perjudiciales para todos. El avance de la pandemia y la urgencia por obtener vacunas y equipamiento médico ha motivado a que algunas voces desde la academia y sociedad civil se pronuncien en contra de inversiones riesgosas en plena emergencia sanitaria. Este debate debería, además, integrar la necesidad imperiosa de considerar el rol de Pemex en la transición energética local y global.

Alonso Hidalgo es funcionario del Natural Resource Governance Institute (@NRGInstitute) para América Latina.

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