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Usuarias de drogas y acceso a tratamiento en México: entre la violencia y el estigma III
Muchos de los centros residenciales de tratamiento de uso dependiente de drogas en México son verdaderos centros de tortura. Urge ampliar su monitoreo, con la participación de instancias corresponsables. Y, junto a ello, atender las situaciones de violencia específica a la cual se ven expuestas las mujeres y las niñas.
Por Corina Giacomello
19 de diciembre, 2019
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 En EQUIS Justicia para las Mujeres nos hemos dado a la tarea de mostrar las afectaciones de las políticas de drogas sobre las mujeres, a través de publicaciones, incidencia en políticas públicas, activismo internacional y, más recientemente, hablando con decenas de mujeres que usan drogas y que se encuentran privadas de la libertad o en centros residenciales de tratamiento de uso dependiente de drogas.

Al respecto, en las dos publicaciones previas que hemos realizado en este espacio, transmitimos algunas de las vivencias que las mujeres que están detenidas en centros de tratamiento y de reinserción social compartieron generosamente con nosotras. Señalamos cómo sus historias de vida no se dan en un vacío, sino en un contexto de violencia sistemática contra la niñez y violencia de género contra las mujeres y las niñas, misma que es perpetrada, ocultada y justificada dentro de las familias, de las relaciones de pareja y de los círculos cercanos.1

Esta violencia encuentra eco en los centros de tratamiento y en las cárceles, sitios donde la institucionalización de las mujeres está atravesada por la reproducción o el recrudecimiento del orden de género dominante. En los últimos diez meses, hemos visitado varios centros de reinserción social femeniles y mixtos, así como centros de tratamiento públicos y privados en cinco entidades federativas.2 En estas líneas, señalaremos las cuestiones más preocupantes, mismas que de ninguna manera se repiten en todos los centros de la misma forma o con la misma intensidad.

En los centros mixtos (con excepción de la Unidad de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil de Tijuana) se aplica una política de cero contacto entre las mujeres y las adolescentes y los hombres y los adolescentes: no se pueden hablar, mirar, intercambiar saludos y mucho menos entablar conversaciones que den pie a relaciones sentimentales o sexuales.

La ruptura de esta interacción natural tiene consecuencias más graves para las mujeres que para los hombres, pues ellas son acusadas de “provocar” a los chicos. En su relato, Gato, una joven de 19 años, nos compartió que una noche salió al baño en pijama, usando un ‘legging’ en lugar del pantalón. Esta exposición de su cuerpo fue reprimida con una amonestación verbal por parte del director del centro y un reclamo: “Estás buscando que te violen”. Gato había sido víctima de violencia sexual desde los tres años, primero por su abuelo y luego, en la adolescencia, por su papá.

En otro centro –un lugar que es peor que una cárcel, totalmente encerrado, sin patio ni ventilación–, las mujeres nunca salen a la calle, viven reclusas sin su consentimiento, bajo el control de las autoridades y el consenso de sus familias, quienes a menudo ignoran las condiciones de reclusión de sus familiares que usan drogas. Los hombres, por el contrario, pueden salir a la calle a “hacer servicios” -generalmente trabajar a cambio de un pago en especie- o pedir dinero. Este régimen de trabajo forzado no remunerado no aplica para las mujeres, pues a ellas “hay que cuidarlas, corren más riesgos”. Eso nos explicó la subdirectora del centro, una “ex interna” del centro -como se definen, recurriendo al lenguaje carcelario-, actualmente esposa del dueño, director y “padrino” del mismo.

Es importante destacar que tal discriminación de género puede traducirse en violación. Lo cuenta Pato, hoy privada de la libertad, quien en su primera experiencia de internamiento fue violada por todos los internos. O Silvia, víctima de violación por uno de los hombres que trabajaban en el centro donde estaba internada. Quedó embarazada a raíz de la violación. El director del centro y su esposa le brindaron su apoyo… siempre y cuando no abortara. Es así que hoy vive sintiéndose culpable por no haber amado a su primer hijo.

En general, las mujeres que hablaron con nosotras señalaron que, entre los malos tratos físicos y psicológicos se encuentran:

  • permanecer desnuda de pies contra la pared, mientras las demás personas internas les arrojan graba mojada con agua sobre la espalda;
  • comer alimentos echados a perder;
  • limpiar las paredes con un cepillo de dientes;
  • golpes y abuso sexual;
  • estigmatización en caso de recaídas en el uso de drogas;
  • salir a la calle a pedir dinero.

A lo anterior hay que añadir la falta de atención médica, escuela y actividades laborales, así como el contacto restringido con la familia. Algunas de las violaciones que hemos detectado gracias a las mujeres se muestran también en el informe Ni socorro ni salud de Open Society Foundation, donde se muestra que en América Latina y el Caribe prevalecen centros de tratamiento no regulados, de corte religioso y con modelo de ayuda mutua. Algunos operan con escasos recursos y la intención genuina de apoyar a las personas que usan drogas, incluso si los métodos no siempre se alinean a los derechos humanos. Otros, en cambio, son verdaderos sitios de tortura donde amanecer vivo al otro día es solamente una posibilidad, no una certeza.

Las violencias contra las mujeres en los centros de tratamiento se suman a la violencia de género que ellas han vivido a lo largo de su vida, y a la violencia sufrida como producto de las políticas punitivas de drogas.

En este sentido, en el marco del pasado Día Mundial de los Derechos Humanos, día en el que concluyeron los 16 día de activismo contra la violencia basada en el género que comenzaron el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Eurasia para Reducción de Daños (EHRA), presentaron el informe Feminist Movements and Women Resisting to the War on Drugs. En dicho informe se plantea, entre muchos otros puntos, la necesidad de tejer puentes entre los movimientos feministas y las críticas a las políticas de drogas. Desde EQUIS, hemos buscado llenar ese hueco y de romper estigmas.

Las mujeres que usan drogas y son víctimas de violencia no tienen cabida, no hay un sitio para ellas en las instituciones, los imaginarios ni en los debates. Parte de nuestro trabajo consiste en mostrar lo que pasa en los intersticios en donde no solemos mirar. Pero sólo es con las mujeres usuarias de drogas que se pueden pensar y construir nuevas rutas. Con derechos y sin violencia.

* Corina Giacomello (@cgiacomello) es consultora de @EquisJusticia.

 

1 A nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sido ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero en algún momento de sus vidas. En 28 países que cuentan con datos, 9 de cada 10 mujeres adolescentes reportan que la primera vez que fueron obligadas a tener relaciones sexuales fue por parte de alguien cercano o conocido.

2 Para evitar poner en riesgo a las mujeres y adolescentes que aceptaron hablar con nosotras, hemos omitido mencionar los centros de reinserción social y tratamiento a los que acudimos.

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