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Verdades incómodas de la revocación de mandato
La revocación de mandato es una herramienta extraordinaria para salvaguardar los derechos, las libertades, las igualdades, las instituciones, la gobernabilidad y la democracia. No debe convertirse en un mecanismo ordinario para desestabilizar al gobierno y para debilitar a la oposición.
Por César Hernández González
3 de septiembre, 2021
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En las últimas semanas el debate sobre la revocación de mandato acaparó las redes sociales, los medios digitales y los medios convencionales. Su instrumentación se convirtió en la manzana de la discordia, puesto que sus apologistas aseguran que su uso empoderaría a la ciudadanía, mientras que sus detractores afirman que su utilización fortalecería al gobierno.

Indudablemente, la discusión ha sido enriquecedora, progresista y polémica. Sin embargo, existen algunos hechos que fueron omitidos, o bien, que han sido poco visibilizados. En consecuencia, es conveniente poner sobre la mesa aquellas cuestiones que se han quedo fuera del debate, aunque sean verdades incomodas. Veamos.

Mecanismo sin novedad 

En México, la inclusión de la revocación de mandato es un tópico de reciente incorporación en el sistema democrático. Su introducción no fue una innovación del gobierno federal, ya que el mecanismo revocatorio estaba reconocido en la constitución de 9 estados antes de que la reforma federal fuese propuesta, discutida y aprobada (ver tabla 1).

De los 9 casos, solo en 2 -Ciudad de México y Colima- se podría considerar que las diputaciones MORENA impulsaron la revocación del mandato. En los otros 7 casos -Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes y Jalisco- los grupos parlamentarios del PAN, el PRI, el PRD y MC fueron los precursores del mecanismo de democracia directa.

A pesar de que se tiene evidencia de las crisis que han afrentado los gobiernos de Claudia Sheinbaum -Ciudad de México-, Jaime Bonilla -Baja California-, Ignacio Peralta -Colima-, Jaime Rodríguez -Nuevo León- y Martín Orozco -Aguascalientes-; hasta el día de hoy, el mecanismo revocatorio no ha sido solicitado por la ciudadanía, los actores políticos ni los gobiernos locales.

Promesa de campaña sin oposición

Habrá que recordar que, desde el registro de su candidatura presidencial ante el INE, Andrés Manuel Lopez Obrador prometió a la ciudadanía instrumentar la revocación de mandato para que el pueblo determinase si continuaría o dimitiría como Presidente. Esta propuesta fue reiterada y difundida durante la campaña electoral de 2018.

La propuesta original consistía en realizar la revocación de mandato cada dos años y celebrarla el día de la jornada electoral de 2021, o bien, el día de las votaciones locales de 2020 y 2022. Empero, la proposición no consideró los costos y el diseño organizacional. Tampoco hizo reflexión sobre las repercusiones en las condiciones de la equidad de la competencia electoral.

A pesar de que la promesa era controversial, no se realizó una descalificación por parte de los partidos políticos y las candidaturas de oposición. Solo el PAN efectuó una efímera repuesta en donde comparaba al candidato de MORENA con Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, ya que ambos actores propusieron regular y usar la revocación del mandato 1.

Reforma aprobada por aliados y opositores

Diez días después de que Lopez Obrador obtuviera el triunfo en las elecciones presidenciales, presentó una lista de los temas legislativos prioritarios para su gobierno, entre ellos se encontraba la revocación de mandato. De manera inmediata, los legisladores a fines y opositores al gobierno comenzaron a trabajar en la regulación del mecanismo revocatorio. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 se presentaron 10 inactivas de reforma constitucional en la materia: 4 de MORENA, 2 del PRI, 2 MC, 1 del PRD y 1 del PT (ver tabla 2).

Solo las iniciativas presentadas por Merary Villegas, María Alemán, Martha Tagle, Dolores Padierna y Mary Bernal fueron consideradas en los contenidos de la reforma constitucional. La revocación de mandato fue aprobada el 5 de noviembre de 2019 por 398 votos a favor: 225 de MORENA, 71 del PAN, 25 del PES, 28 del PT, 25 de MC, 10 del PRD, 11 del PVEM y 3 sin partido político. En contra votaron 33 diputaciones del PRI 2.

Tal vez las estrategias del PAN, el PRD y de MC les indicaron que era redituable apoyar la constitucionalización de la revocación de mandato, pero no fueron conscientes sobre sus implicaciones políticas, sociales y económicas. Quizá los opositores se arrepientan de votar a favor, ya que López Obrador y MORENA pueden salir fortalecidos del ejercicio revocatorio y la oposición, una vez más, sería empequeñecida.

Una vez más omisión legislativa

Han pasado 442 días sin que el congreso de la Unión expida la ley reglamentaria de la revocación de mandato 3. Del 20 de diciembre de 2019 al 30 de julio de 2021 no se presentaron propuestas de iniciativa de ley. No obstante, dos meses después de las elecciones intermedias, el primer mandatario anunció que se sometería a una revocación de mandato.

Inmediatamente, las huestes legislativas pusieron manos a la obra, no sin antes llevarse un regaño de López Obrador por su falta de acción para aprobar la ley reglamentaria. En solo cinco días se presentaron 6 iniciativas de ley (ver tabla 3). Las comisiones de la Cámara de Senadores tuvieron que trabajar a contra reloj para generar una iniciativa de ley 4.

El desinterés fue el mayor enemigo de los legisladores de MORENA, ya que, ni por ser un tema de sumo interés de López Obrador, aprobaron la ley secundaria en los periodos ordinarios. Cuando quisieron expedir la legislación se enfrentaron a la barrera de la oposición que les negó en 2 ocasiones celebrar un periodo extraordinario para votar la normatividad.

El TEPJF le da la razón al INE  

Ante el incumpliendo del Congreso el INE aprobó los Lineamientos para la Organización de la Revocación de Mandato 5. Estos lineamientos tienen una triple finalidad: i) dar claridad sobre los procedimientos; ii) sustentar la solicitud de recursos presupuestales; y, iii) generar certeza a la ciudadanía, partidos y actores políticos sobre los procedimientos, los plazos y las competencias.

Como era de esperarse, MORENA señaló que la emisión de los lineamientos era un acto ilegal que excedía las competencias y las atribuciones del INE, ya que vulneraba el principio de reversa legal al suplantar a los legisladores en la creación normativa de reglas y directrices. Sin embargo, el TEPJF convalidó la facultad reglamentaria del INE.

Al resolver la impugnación sobre la omisión legislativa de expedir la ley de renovación de mandato, el TEPJF determinó que el Congreso del Unión tiene un plazo de 30 días, que van del 1 al 30 de septiembre, para expedir la ley reglamentaria y, en caso de un incumplimiento, el INE estaría facultado para emitir los lineamentos de la revocación de mandato 6.

Ratificación de mandato  

El gobierno federal y MORENA buscan realizar una ratificación de mandato del Presidente para corroborar la confianza hacia el desempeño del gobierno, reforzar el apoyo en los programas sociales y convalidar el respaldo en las soluciones a los problemas de corrupción, impunidad y pobreza. Indirectamente, procuran fortalecer la popularidad de López Obrador para afrontar las elecciones presidenciales de 2024. Furtivamente, pretenden debilitar, dividir y desarticular a la oposición en aras de las votaciones locales de 2022, 2023 y sobre todo para los comicios de 2024.

Como era de esperarse, solo MORENA propone que preguntas versen sobre una ratificación y la oposición plantea preguntas sobre una revocación (ver tabla 4). Nada está decidido, pero las posturas son claras y contundentes.

La oposición no debe apoyar una ley que otorgue ventajas al gobierno ni debe cabildear para favorecer un ejercicio de ratificación. El PAN, el PRI, el PRD y MC deben analizar los casos de Venezuela y Bolivia para comprender las implicaciones de una ratificación en los actores de oposición, ya que, en ambos casos, los grupos opositores fueron divididos, vencidos y desarticulados; por ende, la figura presidencial obtuvo un mayor poder político y social.

Traición a la austeridad

Una de las políticas fundamentales del gobierno federal actual es la defensa de la austeridad republicana en las funciones y las actividades de las dependencias, los organismos y las instituciones. Sin embargo, la revocación de mandato tendría un costo de 3 mil 830 millones de pesos, monto que contradice la política de austeridad del gobierno federal.

Millones de pesos que serán destinados para instrumentar un mecanismo democrático que no es necesario, indispensable ni urgente para salvaguardar la estabilidad política, económica y social. El mecanismo revocatorio corresponde a una petición del gobierno y no a una intencionalidad de la ciudadanía, partidos políticos y grupos opositores. No sería instrumentada para resolver una crisis o problemas, sino que sería realizada para incrementar popularidad del Presidente.

Semejanzas sudamericanas

La revocación de mandato del Presidente solo es reconocida en los textos constitucionales de Bolivia, Ecuador, México y Venezuela. En los últimos 25 años, el mecanismo de democracia directa solo se ha utilizado en un par de ocasiones: en 2004 en Venezuela y en 2008 en Bolivia. Veamos las características más importantes de los ejercicios revocatorios:

  • La revocación de mandato fue una propuesta que Hugo Chávez y Evo Morales realizaron durante sus campañas presidenciales. Al ganar las elecciones, los expresidentes generaron un nuevo texto constitucional que incluyó el mecanismo revocatorio.
  • Entre 2002 y 2003 en Venezuela y entre 2007 y 2008 en Bolivia, se configuraron graves crisis políticas, sociales y económicas que exigían la dimisión del Presidente. En Venezuela el detonante fueron las políticas sociales y económicas, mientras que en Bolivia fue el proceso de aprobación de una nueva constitución.
  • Tanto en Venezuela como en Bolivia, se llevaron a cabo huelgas, paros, marchas y manifestaciones para exigir la destitución de Hugo Chávez y Evo Morales. Para resolver las crispación política y social, los expresidentes propusieron celebrar una revocación de mandato.
  • En Venezuela la revocación de mandato estaba regulada en la constitución, pero carecía de una ley reglamentaria. En Bolivia el mecanismo revocatorio no tenia sustento constitucional y legal, ya que la nueva norma fundamental aún no entraba en vigor.
  • Tanto en Venezuela como en Bolivia la revocación estuvo controlado por el gobierno a través del control de la autoridad electoral y mediante la creación de leyes a modo. Las preguntas fueron elaboradas como mecanismo de ratificación:

  • El gobierno tuvo mayores espacios de difusión en medios de comunicación y el papel de la oposición en la propagación de información fue obstaculizado y marginado. Hugo Chávez y Evo Morales aprovecharon la revocación de mandato para dividir y polarizar a la sociedad 7.
  • Hugo Chávez y Evo Morales ganaron la revocación de mandato, continuaron fungiendo como Presidentes.
  • La revocación de mandato sirvió para controlar y extinguir las crisis políticas, sociales y económicas, así como para debilitar y la desarticular a la oposición. A su vez, fortaleció la figura de Hugo Chávez y Evo Morales.

A manera de conclusión

La revocación de mandato no es un mecanismo para evaluar la popularidad del Presidente ni es un instrumento de proselitismo en favor o en contra de los partidos políticos y el gobierno. No es una herramienta de evaluación de las políticas públicas ni de los resultados de la administración pública. Es un mecanismo de emergencia, una cláusula escape, para resolver problemas y crisis de gran calado que pongan en riesgo la estabilidad política, económica y social.

En pocas palabras, la revocación de mandato es una herramienta extraordinaria para salvaguardar los derechos, las libertades, las igualdades, las instituciones, la gobernabilidad y la democracia. No debe convertirse en un mecanismo ordinario para desestabilizar al gobierno y para debilitar a la oposición. No se debe volver ordinario, lo extraordinario, ya que las consecuencias pueden ser fatales para los regímenes democráticos.

* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.

 

 

1 Cfr. Disponible aquí.

2 Cfr. Disponible aquí.

3 El artículo segundo transitorio estableció que el Congreso de la Unión tendría 180 días para expedir la ley de revocación de mandato. Este plazo trascurrió del del 20 de diciembre de 2019 al 17 de junio de 2020.

4 Cfr. Disponible aquí.

5 Cfr. INE/CG1444/2021

6 Cfr. SUP-JDC-1127/2021

7 El discurso era enfático en presentar dos opciones los ricos y los malos estaban en contra del gobierno. Mientras que los pobres y los buenos estaban a favor del gobierno.

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