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Voces trans en reclusión, voces que luchan
La vivencia de mujeres trans privadas de la libertad –antes, durante y después de la prisión— está atravesada por un continuo de violencia.
Por Gerardo Contreras
9 de abril, 2020
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El pasado 2 de abril, dos días después del Día de la Visibilidad Trans, se publicó el informe “Mujeres trans privadas de la libertad: La invisibilidad tras los muros”, que tiene dos aportes principales. Primero, denuncia la discriminación y abusos que enfrentan las mujeres trans en los distintos espacios del sistema penitenciario. Segundo, es un primer esfuerzo colaborativo en la región para recopilar información en la materia. En este sentido, el documento no sólo es un compendio exhaustivo del marco de protección de derechos y de la estadística disponible, también incluye testimonios de vida compilados en un proceso participativo con mujeres trans que han estado en prisión.

Ahora bien, ¿qué nos dice el informe coordinado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Procuraduría Penitenciaria de la Nación de Argentina (PPN), contando con la participación de EQUIS: Justicia para las Mujeres y Casa de las Muñecas Tiresias para reportar los datos de México, sobre la situación de mujeres trans privadas de la libertad en México? Los hallazgos pueden ser resumidos en tres puntos.

El primero es que el marco de protección de derechos para mujeres trans privadas de la libertad en México presenta carencias importantes. Si bien el Estado tiene las obligaciones de garantizar los derechos de esa población a partir de tratados internacionales y regionales, estos se decantan de manera limitada en las normas nacionales. Los principios de no discriminación y de erradicación de la violencia en contra de las mujeres se incluyen en la Constitución, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sin contemplar la experiencia trans o el estatus de privación de la libertad. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe una norma general que garantice el derecho al reconocimiento de la identidad de género ni que establezca los criterios para el alojamiento de población trans, ni LGBT+, en prisión. 1

El segundo hallazgo es que el informe demuestra que los datos disponibles sobre la población trans, dentro o fuera de prisión, son escasos en México, al igual que la mayoría de los países de la región. Hasta ahora, no existe información de esa población dentro de los instrumentos censales o administrativos de instituciones gubernamentales, incluyendo los sistemas penitenciarios. La única cifra oficial disponible es reportada por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, la cual indica que un 30% de la población LGBT+ privada de la libertad (150 de 450) son mujeres trans. Otra información sobre condiciones de vida (como vivienda, educación, acceso a la justicia, entre otras) ha sido recopilado por esfuerzos de muestreo de la Comisión Ejecutiva de Víctimas (CEAV) y organizaciones de la sociedad civil, que son difíciles de comparar entre ellas por sus diferencias metodológicas.

El tercer hallazgo es que la vivencia de mujeres trans privadas de la libertad –antes, durante y después de la prisión— está atravesada por un continuo de violencia. Ellas enfrentan mayores posibilidades de ser detenidas porque, a causa de las barreras para acceder al empleo y educación, suelen recurrir a los mercados de drogas y de trabajo sexual como vía de subsistencia. Dentro de reclusión, a ellas se les desconoce su identidad de género, llevándolas a centros penitenciarios varoniles, donde frecuentemente son segregadas y puestas en aislamiento; carecen de medicamentos o tratamientos hormonales supervisados, y son agredidas y abusadas por otros reclusos y guardias. Al salir de prisión, las barreras siguen presentes. La mayoría de las mujeres trans carecen de medios para obtener vivienda, documentos de identidad o empleo por el doble estigma: el haber estado en prisión y ser parte de la población LGBT+.

El informe también encuentra que el único gobierno estatal con programas destinados a esa población es la Ciudad de México. Por ejemplo, en los últimos años, las autoridades penitenciarias han consultado a las mujeres trans sobre su preferencia de lugar de alojamiento y provee atención médica especializada, incluyendo tratamiento hormonal. Sin embargo, la consulta sobre alojamiento sólo es ofrecida a aquellas que cuenten con identificaciones oficiales y el acceso a hormonas depende de una aprobación que no tiene requisitos claros.

¿Qué escenarios de cambio existen frente a las retos anteriores? ¿Qué recomendaciones existen para el Estado mexicano? A partir de las buenas prácticas en la región y los reclamos de las propias mujeres trans privadas de la libertad, el informe plantea cuatro líneas de acción que las autoridades penitenciarias pueden tomar:

  1. Incorporar y armonizar la legislación federal, así como los reglamentos o guías internas de los centros de reclusión, de acuerdo con los estándares internacionales de reconocimiento de la identidad de género y protección de derechos para personas privadas de la libertad.
  2. Promover el acceso a medidas alternativas a la privación de la libertad para población trans, tal como es el arresto domiciliario, con el propósito de evitar escenarios de violación a sus derechos humanos.
  3. Establecer un mecanismo de recopilación y análisis de datos sobre población trans privada de la libertad, a fin de desarrollar e implementar políticas específicas basadas en evidencias.
  4. Incorporar la participación de organizaciones LGBT+ de la sociedad civil, incluyendo las colectivas de mujeres trans que están o han estado privadas de la libertad, en el diseño y planificación de medidas y programas de reinserción social.

Estas recomendaciones, planteadas en el informe, son condiciones necesarias para garantizar un piso mínimo en la protección de derechos, pero están lejos de ser suficientes. De igual manera, evidenciar las condiciones de vida de estas mujeres solo es un primer paso. La lucha para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres trans privadas de la libertad requiere el apoyo de cientos de voces que se alinean a la exigencia de cambio. Voces solidarias que amplifiquen aquellas que resuenan tras los muros.

* Gerardo Contreras (@GerasContreras) es oficial de proyectos del Área de Políticas Púbicas de EQUIS Justicia para las Mujeres (@EquisJusticia).

 

1 Apenas para 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el cambio legal de identidad –en cualquier entidad– debía ser realizada por vía administrativa, en lugar de amparo, para garantizar el acceso igualitario a la justicia.

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